Después de incontables lamentos y prolongadas discusiones, la vigencia del contrato de la carretera de Samaná llegará a su fin. Será un final adelantado, sin embargo, pues el contrato aún no ha vencido, lo que requerirá de un pago de varios cientos de millones de dólares, adicionales a todos los demás millones que el país ha tenido que desembolsar desde que la vía fue construida y puesta en servicio.
Clave en ese descalabro financiero fue la garantía de ingresos otorgada al constructor y operador de la carretera. Razonable cuando el comprador o usuario del producto o servicio es el propio Estado, y admisible si se tiene un pronóstico certero de la demanda, implicó en este caso que el país asumiera la responsabilidad económica por un volumen de tráfico inferior y fuera del control gubernamental. Con esa garantía, la empresa operadora dejó de tener un incentivo para reducir costos y peajes, al haber sido removido su riesgo financiero. Y el Gobierno se enfrentó a la realidad de que subir el peaje no haría aumentar las ingresos.
El contrato pone de manifiesto la debilidad de los análisis de costo y beneficio que deberían ser elaborados antes de iniciar un proyecto de inversión. Muchas veces los estudios son preparados, directa o indirectamente, por los propios beneficiarios de los contratos, y presentados al gobierno a través de canales interesados en su ejecución, lo que conduce a decisiones basadas en proyecciones irreales.
En particular, suelen ser subestimados o ignorados los gastos de mantenimiento de las obras, enfocándose la atención sobre el costo de la construcción. Lucen muy atractivas, por lo tanto, ofertas de financiamiento que permiten desarrollar un proyecto sin que el gobierno tenga que poner el dinero, quedando la carga económica para más adelante, quizás para otras autoridades. Y dicho atractivo se multiplica cuando, como en esa carretera, la oferta incluye la ilusión de que serán los usuarios quienes terminarán pagando por la obra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario