Carteles para coludir en licitaciones y el silencio administrativo de la pasada gestión. Esas son las retrancas que el director de Contrataciones Públicas ha enfrentado en el proceso para sanear los trámites de compras y contratos entre el gobierno y los proveedores estatales. Y en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) fue donde más encontró colusión.
“Tenemos entidades que alrededor de ellas funcionan carteles de proveedores que participan de manera articulada y coordinada”, reitera Pimentel. Reporta que, para romper esos “carteles”, se han hecho suspensiones. Cita unas 270 por distintas razones, entres estas porque han sido suspendidos sus registros de proveedores por incumplimiento.
En la justicia hay grandes casos de alegada corrupción que involucran procesos de contrataciones, como el denominado Antipulpo. En este se procesa a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, por estar acusado de ser la cabeza de un entramado societario que supuestamente desfalcó al Estado, que operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta que no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
“No hay forma de justificar los retrasos importantes para tomar decisiones, por eso digo que lo que se producía (en la gestión pasada) era silencio administrativo, y que mientras nosotros estemos ahí, pues no se va a producir silencio administrativo”, asegura Pimentel.
Recuerda que hace casi un año y medio, cuando asumió el cargo, en Contrataciones Públicas había más de 200 casos pendientes de ser conocidos, que ya se decidieron. Posteriormente, entre medidas cautelares, recursos de investigaciones o investigaciones de oficio, se decidió la anulación de procesos de distintas instituciones públicas que se estiman en más de RD$3,000 millones.
La Procuraduría también está apoderada de cinco casos de proveedores que participaron en procesos con documentación falsa.
Inabie: lo más complejo
La modalidad de contratación del Inabie es la más compleja del Estado porque implica contratar cocinas en todo el territorio nacional para el desayuno y almuerzo escolar.
Contrataciones Públicas fue apoderada de más de 200 recursos jerárquicos de impugnaciones contra las decisiones del Inabie en la adjudicación de la licitación para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos.
El mes pasado, el presidente Luis Abinader destituyó a Cecilio Rodríguez Montás como director ejecutivo del Inabie y designó en su lugar a Víctor Ramón Castro Izquierdo.
Pimentel reporta que, de los carteles a los que hace referencia al principio de este texto, el proceso del Inabie es de los que más alertas de colusión registró. “Los mismos proveedores participando a través de distintas razones sociales”, explica.
Inabie adjudicó a 1,260 empresas que no cumplían requisitos para suplir almuerzo
Pimentel, además, sigue optimista con que las medidas que tomó Contrataciones Públicas sobre anular casi todos los lotes de una licitación que el Ministerio de Educación hizo a finales del año pasado para comprar laptops, tabletas y netbooks, serán reiteradas en el tribunal administrativo que conoce los recursos presentados en contra.
“Qué bueno que estén sucediendo esas cosas, porque probablemente, en el pasado, lo que pasaba era que no había decisiones, y probablemente, como no había decisiones, no se generaban ese tipo de controversias”, expresa.
El director de Contrataciones Públicas asegura que los artistas que recibieron hace un año dinero público a través del Gabinete de Política Social, deberán devolver ellos ese dinero. “El proceso de lesividad lo que busca es que los artistas devuelvan el dinero”, dijo. “Si hay una decisión de un tribunal, tienen que devolverlo, eso no es si ellos quieren”. Algunos artistas devolvieron voluntariamente el dinero que recibieron del Gabinete Política Social en diciembre del año pasado, a pocos días del escándalo generado por el anuncio de la entrega de RD$100 millones a merengueros, dembowseros y de otros géneros como apoyo económico para ellos y su equipo en la pandemia del COVID-19, y quienes debían dar conciertos a transmitirse por televisión y plataformas digitales. La intención del Gabinete de Política Social fue repartir RD$100 millones, pero por la intervención de Contrataciones Públicas, que dispuso suspender el proceso, solo se llegaron a entregar unos RD$55.6 millones. En abril del presente año, Contrataciones Públicas recomendó al Gabinete, mediante una resolución, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de los artistas, sin cumplirse el debido proceso y en violación a la ley. Pimentel reportó que se aplicaron amonestaciones sin disfrute de sueldo por varios meses, entre otras sanciones. “Para nosotros ese caso está cerrado, y enviamos un claro mensaje de que, sobre esas bases que no cruzan por el sistema de contrataciones, pues no se puede otorgar pagos en esas condiciones”, dijo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario