Tanto la Fed, el banco central estadounidense, como la Tesorería, describieron la inflación en los EE.UU. como transitoria, pero ante los datos más recientes han decidido dejar de hacerlo. El mes pasado la inflación anualizada fue la más alta de los últimos 40 años, y excede los pronósticos elaborados hace algunos meses. El asunto ya está desbordando la esfera económica, y está propagándose al ámbito político.
Entre los enemigos más destacados de los gobiernos democráticos se encuentran la inflación y el desempleo. Ambos inciden directamente sobre el nivel de vida de la población, con especial dureza sobre los segmentos de ingresos medios y bajos, y con la particularidad de que obligan a los gobernantes a escoger entre ellos. Es posible que hayan sido provocados por políticas de administraciones anteriores, pero el reclamo de que la responsabilidad la tiene otro gobierno no es por lo regular muy convincente, como tampoco lo son los argumentos de que los culpables son eventos externos más allá de las fronteras nacionales.
A pesar de que las políticas que contribuyeron a que la inflación haya alcanzado el nivel actual fueron aplicadas también por el gobierno republicano anterior, y de que China, los contenedores y el petróleo han jugado un importante papel, el costo político está cayendo sobre la presente gestión gubernamental. Si allá fuera como aquí, donde las elecciones se celebran cada cuatro años, las implicaciones serían menores. Pero ya que en el 2022 tendrán lugar elecciones para la Cámara de Representantes y una parte del Senado, la inquietud de la administración demócrata estadounidense se evidencia en el tono de sus declaraciones.
La expectativa, y esperanza, es que el proceso inflacionario comience pronto a decaer, pero su puesta bajo control se retrasa mientras más tiempo toma superar los brotes del COVID-19. Si se prolonga aún más, la Fed tendrá que acelerar la reducción de sus compras de valores y evaluar un aumento en las tasas de interés.
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