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Informe señala las reformas económicas y sociales que necesita RD

Para que la República Dominicana convierta el dinamismo económico del cual goza en la actualidad en prosperidad sostenida para su población necesita con urgencia reformas simultáneas, tanto económicas como sociales, en tres áreas específicas: profundidad en los mercados financieros, facilitar la entrada y formalización de nuevas empresas y cerrar la brecha digital y la exclusión social.

 

Estos son los principales hallazgos sobre el país del primer Informe de prosperidad IMD para América Latina y el Caribe, publicado por el Centro de Competitividad Mundial (WCC), en el cual se evalúan 34 economías de la región en cuatro pilares: desafíos económicos, gobernanza e instituciones, dinámica gerencial y empoderamiento social, utilizando 78 indicadores.

  • Las naciones se clasifican en el informe en ocho niveles: desde A1 (más alto) hasta D2 (más bajo), ubicándose la República Dominicana en B2 (nivel 4). Aunque el estudio reconoce el crecimiento económico del país, advierte del estancamiento en el nivel medio de prosperidad, “una trampa” en la que se ubican la mayoría de las economías de la región.

Previo a la presentación del informe, Diario Libre entrevistó a José Caballero, autor principal de la investigación y economista jefe del IMD WCC.

El informe establece que el país ha logrado construir un dinamismo económico real, pero que enfrenta limitaciones estructurales en su capacidad gerencial y social que le impiden consolidarlo en prosperidad sostenida, ¿qué hacer en lo adelante para mejorar esta situación?

 

El cuello de botella más urgente es el gerencial, lo que implica la necesidad de profundizar los mercados financieros, facilitar la entrada y formalización de nuevas empresas e integrar la economía en segmentos de mayor valor agregado. Todas estas son condiciones necesarias para que el dinamismo económico actual se convierta en prosperidad sostenida.

En lo social, la brecha digital y la exclusión juvenil son las señales de alerta más concretas y atenderlas no es solo una agenda social, es una condición para que el crecimiento se sostenga a largo plazo. La exclusión afecta, por ejemplo, la calidad del talento disponible, la productividad y la demanda.

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Infografía
José Caballero, economista y autor del informe. (FUENTE EXTERNA)

La advertencia central del informe, sin embargo, es que ninguna de estas agendas funciona de manera aislada. República Dominicana necesita no solo una reforma en un área específica, sino mayor alineación entre su capacidad económica, su desarrollo empresarial y su inclusión social, avanzando en los tres frentes de manera simultánea y coherente.

Cuando habla de una base gerencial y social insuficientemente, ¿a qué se refiere?

 

El informe usa "capacidad gerencial" para referirse a la capacidad de las empresas de ser productivas, innovar, acceder a financiamiento y competir en mercados sofisticados. En el caso dominicano, esto se traduce en una estructura empresarial poco densa, mercados financieros poco profundos y una integración limitada en sectores de alto valor agregado.

Por su parte, la dimensión social se refiere a las condiciones que determinan si la población puede participar plenamente en la economía. Por ejemplo, acceso a oportunidades, conectividad digital, calidad educativa y distribución equitativa de los frutos del crecimiento. Cuando estas condiciones son débiles, el crecimiento económico no se traduce en movilidad social ni en capital humano suficiente para sostenerlo a largo plazo.

¿Puede esa limitación poner en peligro el crecimiento sostenible a futuro de la economía dominicana?

 

Sí, y el informe sugiere que ya lo está haciendo en cierta medida. El crecimiento dominicano es real, pero opera sobre una base empresarial y financiera poco profunda, lo que lo hace vulnerable. Una economía que crece sin diversificar su estructura productiva, sin profundizar sus mercados financieros y sin construir capital humano suficiente tiende a alcanzar un techo.

El dinamismo actual puede sostenerse en el corto plazo, pero sin atender estas limitaciones estructurales, la probabilidad de estancarse en un nivel intermedio de prosperidad, que es precisamente la trampa en la que el informe ubica a la mayoría de las economías de la región, es considerable.

Una parte de la población suele no creer en el crecimiento económico, precisamente porque no lo percibe en la mejora de su calidad de vida, ¿cuáles políticas públicas o privadas se pueden implementar para que la ciudadanía que genera ese dinamismo económico lo perciba?

 

El informe no prescribe políticas específicas, pero sus hallazgos apuntan en una dirección clara: el problema no es el crecimiento en sí mismo, sino cómo se distribuye. En el caso dominicano, la brecha digital y la exclusión juvenil son los dos puntos de entrada más evidentes. Una población sin conectividad adecuada y con un cuarto de su juventud fuera del mercado laboral formal no puede participar plenamente en una economía que crece. Atender ambas cosas simultáneamente con inversión pública en infraestructura digital y programas de inserción laboral para jóvenes sería una forma concreta de hacer visible el crecimiento en la vida cotidiana.

En el ámbito empresarial, facilitar la formalización y el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas permitiría que el dinamismo económico se difunda más ampliamente en lugar de concentrarse en sectores o actores específicos.

La percepción ciudadana del crecimiento mejora cuando los avances económicos se traducen simultáneamente en mejor acceso a servicios, más oportunidades laborales de calidad y menor desigualdades. Cuando solo mejora uno de esos frentes, el crecimiento sigue sintiéndose lejano para una parte importante de la población.

El informe dice que la densidad de nuevas empresas es de apenas 1.5 por cada 1,000 personas. ¿cómo influiría esto a futuro para la sostenibilidad del dinamismo económico del país?

 

Una baja densidad empresarial es una señal de que el dinamismo económico está concentrado en un número reducido de actores, lo que lo hace estructuralmente frágil. Las nuevas empresas son el principal mecanismo a través del cual una economía renueva su base productiva, genera empleo formal, difunde innovación y desarrolla competencia.

Las empresas existentes tienen menos incentivos para innovar y mejorar su productividad y la economía tiende a reproducir las mismas estructuras productivas en lugar de sofisticarse. En resumen, si República Dominicana no logra ampliar y dinamizar su estructura empresarial, su crecimiento seguirá siendo real, pero concentrado, lo que limita tanto su sostenibilidad como su capacidad de convertirse en prosperidad amplia para la población.

¿Está República Dominicana desaprovechando la oportunidad para dar el salto cualitativo hacia niveles superiores de prosperidad?

 

El informe no hace ese juicio directamente, pero los datos permiten una lectura honesta: República Dominicana llega al momento actual con algunas condiciones favorables. Crece, invierte por encima de la media regional y su productividad tiene una trayectoria ascendente.

En ese sentido, no está mal posicionada en términos relativos. Sin embargo, las limitaciones estructurales que el informe identifica, especialmente en capacidad gerencial y empoderamiento social, son precisamente las que determinan si una economía puede convertir un momento favorable en un salto cualitativo o si simplemente lo transita sin transformarse.

¿Cuáles entiende usted que son los principales retos económicos, de cara a mantener ese dinamismo, que enfrenta el país?

 

El primero es la concentración productiva. Una economía con baja densidad empresarial y exportaciones de bajo contenido tecnológico es vulnerable a choques sectoriales.

El segundo es el financiamiento. Sin mercados de capital profundos, las empresas dominicanas tienen acceso limitado al financiamiento de largo plazo que necesitan para escalar, innovar y competir en segmentos más sofisticados.

El tercero es la presión fiscal. El pago de intereses de la deuda pública consume una proporción relevante del presupuesto, lo que reduce el espacio del Estado para invertir en las condiciones que el dinamismo económico necesita, incluyendo la infraestructura, educación y conectividad digital.

El cuarto reto, y quizás el más estructural, es el capital humano. Una economía que aspira a escalar hacia actividades de mayor valor agregado necesita una fuerza laboral más calificada y mejor conectada. La exclusión juvenil y la brecha digital son, en ese sentido, no solo problemas sociales sino restricciones económicas fundamentales.

 



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Asociación Cibao anuncia cambios en su Junta de Directores

La Asociación Cibao anunció este martes la conformación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, elegida por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo de 2026.

El pleno está integrado por José Ramón Vega Batlle, Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, José Tomás Cruz Rodríguez, José Santiago Reynoso Pérez, Ángel María Castillo Brito, Edwin Ramón Reyes Arias, Pablo Ceferino Espaillat Galán, Pablo Julián Pérez Fernández, Laura Victoria Acra Brache, José Luis Ventura Castaños, Sayka Dayara Mejía Ortega y Javier León Hernández.

De acuerdo a un documento de prensa, posterior a la asamblea, la Junta de Directores eligió entre sus integrantes los cargos directivos, incluyendo a José Ramón Vega Batlle como presidente; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, primer vicepresidente; José Tomás Cruz Rodríguez, segundo vicepresidente y José Santiago Reynoso Pérez, secretario.

"Agradezco profundamente la designación como presidente de la Junta de Directores de Asociación Cibao, una entidad transparente, con altos niveles de gobernanza, comprometida con el desarrollo económico y social. Mantenemos la promesa de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro liderazgo, nuestros servicios con enfoque en el bienestar de las personas", expresó Vega.

Reconocimiento a líderes anteriores

En el marco de la asamblea, la institución reconoció a Rafael Genao Arias por su labor como presidente de la Junta de Directores desde junio de 2020, período durante el cual aportó a la consolidación institucional.

  • Asimismo, agradeció la labor de Damián Eladio González, miembro de la Junta desde marzo de 2019, quien presidió el Comité de Seguridad y Gestión de Crisis y formó parte de los comités de Auditoría y Gestión Estratégica; así como la de Ángel Nery Castillo, miembro del pleno desde noviembre de 2007, quien en distintos períodos integró el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y presidió el Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Compromiso con la gobernanza

En un comunicado, la entidad destacó que estos cambios responden a lo establecido en sus Estatutos Sociales y el Reglamento Interno de la Junta de Directores, el cual reafirma la gobernanza, la transparencia y enfoque en el fortalecimiento de su liderazgo, la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa.

La Junta de Directores de Asociación Cibao ratificó el compromiso con las prioridades estratégicas de la institución, incluyendo el crecimiento sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de su impacto en las comunidades donde opera.



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Asociación Cibao anuncia cambios en su Junta de Directores

La Asociación Cibao anunció este martes la conformación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, elegida por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo de 2026.

El pleno está integrado por José Ramón Vega Batlle, Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, José Tomás Cruz Rodríguez, José Santiago Reynoso Pérez, Ángel María Castillo Brito, Edwin Ramón Reyes Arias, Pablo Ceferino Espaillat Galán, Pablo Julián Pérez Fernández, Laura Victoria Acra Brache, José Luis Ventura Castaños, Sayka Dayara Mejía Ortega y Javier León Hernández.

De acuerdo a un documento de prensa, posterior a la asamblea, la Junta de Directores eligió entre sus integrantes los cargos directivos, incluyendo a José Ramón Vega Batlle como presidente; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, primer vicepresidente; José Tomás Cruz Rodríguez, segundo vicepresidente y José Santiago Reynoso Pérez, secretario.

"Agradezco profundamente la designación como presidente de la Junta de Directores de Asociación Cibao, una entidad transparente, con altos niveles de gobernanza, comprometida con el desarrollo económico y social. Mantenemos la promesa de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro liderazgo, nuestros servicios con enfoque en el bienestar de las personas", expresó Vega.

Reconocimiento a líderes anteriores

En el marco de la asamblea, la institución reconoció a Rafael Genao Arias por su labor como presidente de la Junta de Directores desde junio de 2020, período durante el cual aportó a la consolidación institucional.

  • Asimismo, agradeció la labor de Damián Eladio González, miembro de la Junta desde marzo de 2019, quien presidió el Comité de Seguridad y Gestión de Crisis y formó parte de los comités de Auditoría y Gestión Estratégica; así como la de Ángel Nery Castillo, miembro del pleno desde noviembre de 2007, quien en distintos períodos integró el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y presidió el Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Compromiso con la gobernanza

En un comunicado, la entidad destacó que estos cambios responden a lo establecido en sus Estatutos Sociales y el Reglamento Interno de la Junta de Directores, el cual reafirma la gobernanza, la transparencia y enfoque en el fortalecimiento de su liderazgo, la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa.

La Junta de Directores de Asociación Cibao ratificó el compromiso con las prioridades estratégicas de la institución, incluyendo el crecimiento sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de su impacto en las comunidades donde opera.



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Navieros y sistema judicial buscan hacer frente a polizonaje en RD

La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) resaltó la importancia de fortalecer la respuesta institucional frente al polizonaje mediante una mayor articulación entre el sistema judicial, las autoridades y el sector privado, ante su incidencia en el comercio marítimo y en la percepción internacional de los puertos dominicanos.

El polizonaje es la práctica ilegal de ingresar o sacar personas de un país de forma clandestina en un barco (u otro medio de transporte) sin autorización ni documentación, con el objetivo de viajar oculto hacia un destino, delito sancionado por la ley 426-07.

Durante el panel  “Polizonaje y seguridad jurídica: roles del sistema judicial y del sector privado en el comercio internacional y la posición país”, celebrado la semana pasada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia una coordinación más efectiva que permita robustecer la respuesta frente a este fenómeno y sus efectos.

El presidente de la ANRD, Jaak Rannik, valoró el espacio como una oportunidad para abordar este desafío desde una perspectiva integral. 

“El polizonaje no es únicamente un tema operativo. Es un tema de país. Las autoridades internacionales observan no solo la detección, sino también cómo se investiga y qué consecuencias tiene”, afirmó.

Respuesta coordinada

Rannik enfatizó que el abordaje de este fenómeno requiere una respuesta coordinada entre los distintos actores involucrados, orientada a fortalecer los procesos, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la confianza en el sistema. 

En ese sentido, subrayó la necesidad de continuar impulsando esfuerzos conjuntos que fortalezcan la institucionalidad y permitan una respuesta más efectiva frente a este delito.

En el panel participaron el subdirector de Entrenamiento de la Escuela de Capacitación del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (Cesep), capitán de navío Joan Manuel Fabián Mora; el asesor de la ANRD y consultor en Derecho Marítimo, Ángel Ramos Brusiloff; y el vicepresidente de Operaciones de Hit Puerto Río Haina, Armando Rivas, quienes abordaron el tema desde perspectivas operativas, legales y de seguridad.

La actividad forma parte del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ANRD y diversas entidades del Estado, orientado a fortalecer la aplicación de la Ley 426-07, que Sanciona el Polizonaje en la República Dominicana. 

Como próximo paso, se contempla la realización de una jornada de capacitación conjunta con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dirigida a fortalecer las capacidades técnicas en el abordaje de estos casos.

Rannik reafirmó el compromiso del gremio naviero de continuar apoyando los esfuerzos de fortalecimiento institucional, destacando la importancia de la coordinación entre autoridades, sistema judicial y sector privado para enfrentar este desafío de manera efectiva.






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Gobierno y sector empresarial dialogan sobre crisis internacional

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, afirmó este lunes que el Gobierno y el sector empresarial han abierto un espacio de diálogo permanente para dar seguimiento al impacto del conflicto internacional en la economía dominicana, aunque reconoció que aún no se ha presentado un plan concreto de medidas.

Durante una intervención en El Despertador, Pujols explicó que la reunión sostenida el pasado jueves en el Ministerio de Hacienda, encabezada por autoridades económicas, permitió evaluar el estado actual de la economía y establecer un canal de comunicación directo con los gremios empresariales.

Indicó que, hasta el momento, no se ha registrado desabastecimiento en los mercados y que la economía ha mostrado resiliencia en el inicio del año, reflejada en un aumento de las recaudaciones fiscales.

  • No obstante, advirtió que el impacto del conflicto dependerá de su duración y de variables externas como el precio del petróleo.
"El incremento en el barril de petróleo ya está teniendo efectos en los costos de transporte, fletes y materias primas, lo que inevitablemente incide en los costos de producción del sector industrial" Mario Pujols Vicepresidente ejecutivo de AIRD

Destacó que una de las principales preocupaciones es el posible impacto en la tarifa eléctrica, debido a la dependencia del sistema energético de los combustibles fósiles. Consideró necesario retomar las discusiones del pacto eléctrico para evaluar medidas ante el nuevo escenario internacional.

Pujols también adelantó que el gremio espera una nueva convocatoria del Gobierno, dado que la situación global cambió durante el fin de semana, lo que obliga a una revisión constante de las estrategias.

Etiquetado y competencia en el mercado

En otro orden, el dirigente empresarial abordó la preocupación del sector industrial por el incumplimiento de las normativas de etiquetado en productos comercializados en el país, especialmente aquellos vinculados a marcas privadas en supermercados.

Denunció que en el mercado dominicano circulan productos sin etiquetado en español o sin registro sanitario, lo que, además de representar un riesgo para la salud del consumidor, genera una competencia desleal frente a las industrias que sí cumplen con la regulación.

"Cumplir tiene un costo, pero el que no cumple obtiene una ventaja que coloca en desventaja al productor formal" Mario Pujols Vicepresidente ejecutivo de AIRD

Pujols aclaró que las marcas privadas son legales y forman parte de la dinámica comercial, pero insistió en que deben cumplir con las mismas exigencias regulatorias, pidió a las autoridades fortalecer la fiscalización, aplicar sanciones y decomisar productos que no cumplan con las normas.

Advirtió que el crecimiento del comercio digital y las aplicaciones de supermercados plantea nuevos retos, ya que estos canales tienden a privilegiar productos propios, lo que puede limitar la visibilidad de otras marcas.

Clasificación de los residuos sólidos

El vicepresidente de la AIRD se refirió a la gestión de residuos sólidos, señalando que el tema requiere una revisión integral y urgente.

“Promover la separación de residuos en los hogares es positivo, pero si no existe una cadena estructurada que garantice su manejo adecuado, el esfuerzo pierde sentido”, explicó.

Asimismo, insistió en la necesidad de definir una hoja de ruta clara, transparente y con trazabilidad en el uso de los recursos destinados a la gestión de residuos, de modo que se fortalezca la confianza y la eficiencia del sistema.




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