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Denuncian irregularidades con mercancías frontera domínico-haitiana

En una frontera donde cada camión representa empleo, impuestos y movimiento económico, crece la preocupación por el destino final de mercancías declaradas en tránsito hacia Haití que, según denuncias de comerciantes y exportadores, no siempre cruzan el puente fronterizo y terminarían vendiéndose en territorio dominicano.

Durante los últimos meses se habría observado una cantidad considerable de mercancías que llega a Dajabón, es descargada en los alrededores del mercado fronterizo y comercializada sin que, presuntamente, exista una supervisión aduanera suficiente que garantice su traslado hacia Haití.

La situación provoca inquietud entre sectores comerciales de la provincia, debido a que los productos declarados para exportación o tránsito internacional reciben un tratamiento distinto a los destinados al consumo dentro de República Dominicana. Si esas mercancías permanecen en el país, advierten, podría producirse evasión fiscal y competencia desleal contra los comerciantes que pagan regularmente sus impuestos.

A las denuncias sobre la falta de controles se suman las quejas de exportadores que aseguran enfrentar numerosos obstáculos para completar legalmente sus operaciones en la oficina de Aduanas de Dajabón.

Según los reclamantes, mientras algunos empresarios deben agotar prolongados procesos para transportar sus productos hacia Haití, otras cargas supuestamente llegan a la frontera y luego son trasladadas hacia distintos puntos del territorio dominicano sin completar las verificaciones requeridas.

También denuncian la presunta existencia de sectores con influencia sobre determinadas operaciones comerciales en la oficina aduanera local. 

Los comerciantes haitianos Emmanuel Jofef Pierre, Jeremy Pulsolet y Actúan Gorce Pierre figuran entre los denunciantes que solicitaron a las autoridades dominicanas investigar las presuntas irregularidades en el manejo de mercancías declaradas en tránsito hacia Haití.

Los denunciantes afirmaron que, mientras algunos exportadores enfrentan numerosos obstáculos para completar legalmente sus operaciones en la oficina de Aduanas de Dajabón, otras cargas supuestamente llegan a la frontera sin ser sometidas a los controles correspondientes y luego son trasladadas hacia distintos puntos de República Dominicana.

Advirtieron que esta práctica, de comprobarse, podría fomentar la evasión fiscal, afectar al comercio formal y crear una competencia desigual. Por ello, pidieron a la Dirección General de Aduanas realizar una investigación transparente que permita determinar el destino real de las mercancías y establecer posibles responsabilidades.

Por esa razón, solicitan a la Dirección General de Aduanas (DGA) realizar una investigación profunda para establecer si existen privilegios, omisiones o responsabilidades en el manejo de las mercancías.

Estas afirmaciones corresponden a denuncias de comerciantes y exportadores y deberán ser comprobadas por las autoridades competentes.

Aduanas anuncia mayores controles

En medio de la controversia, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, informó que la institución está adoptando medidas para que las patanas que transportan mercancías en tránsito hacia Haití salgan antes del mediodía y para que los agentes aduaneros confirmen que efectivamente cruzaron la frontera.

Arroyo explicó que no se trata de una nueva resolución, sino de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 168-21.

“Tenemos algunas quejas por parte de los empresarios, pero estamos trabajando basados en la ley”, manifestó el funcionario durante un encuentro entre la DGA y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

El titular de Aduanas reconoció que representantes del empresariado han denunciado la comercialización en la frontera de productos de marcas internacionales, una situación que alimenta las sospechas de que parte de las mercancías declaradas en tránsito hacia Haití podría estar quedándose en República Dominicana.

Arroyo sostuvo que esas cargas no deben ser depositadas en almacenes pertenecientes a sus propietarios dentro del país.

 Afirmó que corresponde a las autoridades aduaneras verificar que los vehículos y las mercancías lleguen al punto fronterizo y crucen hacia territorio haitiano.

Aclaró que, si una carga regresa ilegalmente después de haber cruzado la frontera, la situación podría involucrar competencias de otras instituciones. Sin embargo, insistió en que la DGA busca impedir que la figura del tránsito internacional continúe siendo utilizada para introducir mercancías al mercado dominicano sin pagar los impuestos correspondientes.

“El tránsito tiene que cruzar”

La empresaria Circe Almánzar respaldó la decisión de reforzar los controles sobre las patanas. En un artículo titulado “El tránsito hacia Haití tiene que cruzar la frontera”, señaló que durante mucho tiempo se ha intentado justificar que cargas declaradas en tránsito sean transportadas hasta la zona fronteriza sin que los vehículos necesariamente entren a Haití.

Almánzar consideró que esa práctica resulta difícil de sostener para República Dominicana y afirmó que las mercancías deben llegar a la aduana haitiana para completar formalmente el proceso.

También apoyó que la DGA restablezca la obligatoriedad del cruce, pese a las protestas realizadas por algunos camioneros y comerciantes fronterizos que aseguran que la medida afecta sus operaciones.

Una frontera entre dudas y desigualdades

Para los exportadores que aseguran cumplir con cada requisito, la situación resulta frustrante. Dicen sentirse atrapados entre procesos burocráticos, retrasos y costos adicionales, mientras observan cómo otras mercancías presuntamente circulan sin el mismo nivel de fiscalización.

El reclamo no busca detener el comercio con Haití, una de las principales fuentes económicas de Dajabón, sino garantizar reglas iguales para todos. Los sectores afectados consideran que una investigación transparente permitiría determinar dónde terminan realmente las cargas, quién autoriza sus movimientos y si el Estado está perdiendo millones de pesos por posibles irregularidades.

Mientras las autoridades refuerzan los controles, permanece abierta una pregunta que inquieta al comercio formal: ¿cuántas de las mercancías declaradas en tránsito hacia Haití cruzan verdaderamente la frontera y cuántas terminan compitiendo, sin pagar impuestos, dentro del mercado dominicano?

 




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Falcondo se opone a que el Estado asuma su deuda

A casi tres años de que la Falconbridge Dominicana (Falcondo) cesara sus operaciones mineras en Monseñor Nouel alegando razones económicas en noviembre del 2023, alrededor de 86 trabajadores de la mina aún esperan por el pago de los salarios y prestaciones laborales que se les adeudan, un monto que ascendería a más de 239.7 millones de pesos.

Se trata de un grupo de exempleados de la mina (tanto afiliados como no afiliados al Sindicato Unido de Trabajadores de Falcondo) que esperan por ser compensados y que han buscado la manera de obtener su dinero en múltiples oportunidades, pidiendo incluso la intervención del Gobierno. Sin embargo, la compañía minera aún debate su futuro en el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Santiago, en un proceso que se podría seguir demorando.

Ante estas circunstancias, el Estado dominicano ha solicitado al citado tribunal a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) la aprobación de un mecanismo de pago excepcional a estos trabajadores mediante subrogación, una solicitud a la que Falcondo se opuso formalmente a través de su equipo legal, según constató Diario Libre a través de documentos a los que tuvo acceso.

La subrogación (una modalidad definida en el Código Civil) le permitiría al Estado pagar los sueldos y prestaciones pendientes a los trabajadores con recursos públicos, a cambio de constituirse como acreedor ante la compañía de manera que, una vez esta sea reestructurada o liquidada, deberá saldar ese compromiso con las autoridades directamente.

Pero esto no es tan sencillo como asumir estos pagos y luego cobrarlos.

Lo que implica

Si el Estado toma esta responsabilidad, estará ocupando la posición jurídica de los trabajadores frente a Falcondo.

Bajo subrogación, todo trabajador que pueda reconocer, demostrar y comprobar los montos que se le adeudan, recibirá este pago de manos de las autoridades. A cambio, el Estado asume los mismos derechos, obligaciones, acciones, hipotecas y privilegios laborales contra la empresa para cobrar la deuda.

Y es en los “privilegios” donde se agudiza el conflicto.

Implica que lo primero que Falcondo deberá hacer, una vez reestructurado o liquidado, será pagar los sueldos y prestaciones laborales, pero ya no a los trabajadores según la relación laboral previa o el estudio caso por caso, sino al Fonper como representante de los intereses del Estado, que quedaría constituido como acreedor mediante la subrogación.

Los abogados de Falcondo califican esta medida de “improcedente”, alegando, entre otras razones:

  • Que el Código de Trabajo y la jurisprudencia en la materia indican que el privilegio laboral es “personalísimo”, por lo que no puede transferirse a un tercero mediante subrogación
  • Que conforme a la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación, las acreencias laborales cedidas a un tercero mediante subrogación no aplican para el establecimiento de reducciones de deuda dentro de un plan de reestructuración
  • Que el Estado dominicano no puede actuar como un tercero externo que sustituya a los trabajadores en el pago de las acreencias porque forma parte de la estructura societaria del propio Falcondo, donde tiene el 9.98 % de las acciones
  • Que el Fonper, en su representación estatal, realiza una solicitud desde una personalidad jurídica que los trabajadores aún no le han concedido para tales fines.

El porqué

Hasta ahora, Falcondo no se ha pronunciado públicamente sobre este tema ni sobre la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que recientemente falló a favor de la terminación de los contratos de concesión minera con la compañía.

Al ser consultado, el presidente del Fonper, José Eurípides Florentino Rodríguez, enfatizó que la solicitud realizada al tribunal es válida porque el Estado tiene la responsabilidad de dar respuesta a una problemática social que afecta los medios de vida de quienes trabajaron en Falcondo.

“Nosotros somos (accionistas) totalmente minoritarios. No estamos haciendo este reclamo como accionistas ni como parte de la administración; lo estamos haciendo para cumplir con un deber social que es la de liquidar a los trabajadores que ellos no han liquidado”.

Manifestó estar “sorprendido” de que la empresa se oponga a que se plantee una alternativa para agilizar el pago a los trabajadores considerando que la sociedad comercial no puede hacerlo dentro de la etapa procesal en la que aún se encuentra.

Esto, sobre todo, porque las acreencias laborales están generando intereses que incrementarían la deuda con los trabajadores en hasta 350 millones de pesos.

Florentino recordó que el caso de Falcondo puede resolverse “en un mes, como en un año”, dependiendo del tribunal y del proceso en sí.

Entiende que, mientras la compañía agota el debido proceso, los trabajadores pueden ser compensados con recursos que se pueden disponer del propio presupuesto del Fonper, o de otras vías que el Estado considere pertinentes para ello.

“Queremos liberarlos a ellos (los trabajadores) de eso porque son gente que están pasando hambre, que tienen problemas familiares, que tienen problemas de salud. Al Estado le interesa intervenir en una situación como esta, como ha intervenido en la liquidación de muchos de los otros trabajadores (de Falcondo)”, subrayó.

Indicó que, al ser un problema social creado por la empresa que termina alterando el bienestar colectivo en Monseñor Nouel, el Estado tiene “todo el derecho” de pedir que ese pago cuente con los privilegios laborales que tenían los trabajadores

Son estos privilegios los que le conceden al Estado la facultad de solicitar el pago de las acreencias laborales desde que Falcondo culmine su proceso en los tribunales.

Así, mientras el Fonper procura agilizar el pago a quienes trabajaron en Falcondo con recursos estatales que luego podría cobrar para recuperar el dinero público, la sociedad comercial espera preservar la protección que le confiere la ley 141-15 de tratar estas acreencias directamente con sus empleados, incluyendo la capacidad de renegociar esta deuda en los casos que aplique.

El Fonper espera que el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Santiago le conceda al Estado este mecanismo de pago. En tanto, el equipo legal de Falcondo solicitó a esta misma instancia que el representante estatal no pueda subrogar la deuda de quienes fueran sus trabajadores y que, ante cualquier subrogación, esta no adquiera ni los privilegios laborales ni las demás prerrogativas especiales que el ordenamiento jurídico reconoce de carácter “personalísimo” a quienes sostuvieron la relación contractual directa con la empresa.

La decisión final queda en manos de la justicia.






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Aduanas ha retenido 7.3 millones de artículos en este 2026

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que esa institución mantiene una vigilancia permanente en cuanto al combate al comercio ilícito y resaltó que la semana pasada se incautó, en el puerto de Caucedo, 961 televisores y 4.5 millones de cigarrillos introducidos al margen de la ley.

A esto se suman los 7.3 millones de artículos retenidos en lo que va de año por violaciones a los derechos de propiedad intelectual, una cifra que triplica el máximo histórico previamente registrado.

Durante su intervención en el Encuentro Industrial Aduanas como aliada estratégica del desarrollo productivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), resaltó que, durante los primeros siete meses del año, el intercambio con el comercio exterior alcanzó los 28,196 millones de dólares, para un crecimiento de 9.4 % respecto al mismo período del año anterior.

Crecimiento comercial

De ese total, las importaciones ascendieron a 18,919 millones de dólares, con un crecimiento de 8 %, mientras que las exportaciones alcanzaron 9,277 millones de dólares, registrando un aumento de 12.5 %.

Dijo que, al excluir las partidas de comportamiento más volátil, como combustibles y metales preciosos, las importaciones y exportaciones continúan mostrando una evolución favorable, reflejando una dinámica comercial sólida y diversificada.

“De mantenerse esta tendencia, la República Dominicana podría cerrar el año con un intercambio comercial cercano a los 49 mil millones de dólares, impulsado por importaciones en torno a los 33 mil millones y exportaciones que podrían alcanzar los 16 mil millones de dólares”, agregó.

Recaudaciones podrían superar los RD$270,000 al cierre del 2026

En materia de recaudaciones, afirmó que la institución que dirige, durante los primeros siete meses del año, ha registrado ingresos por 152,303 millones de pesos, unos 3,075 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior. Proyectó que Aduanas cierre el año por encima de los 270,000 millones de pesos.

Recaudaciones y digitalización

Manifestó que durante los primeros siete meses de este 2026 se han emitido, a través del sistema de riesgo de la entidad, unas 14,774 alertas en zona primaria, lo que ha generado un incremento en las recaudaciones de esa entidad superior a los 2,630 millones de pesos.

Recordó que en junio del 2026 se puso en operación el sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito, tanto de forma presencial como a través de los canales digitales.

Durante el primer mes explicó que se recaudaron más de 364 millones de pesos por esta vía y en julio de este año la cifra ascendió a 482 millones de pesos, para un crecimiento de 32 %.

  • “A la fecha, hemos recaudado más de 1,100 millones de pesos y se han procesado más de 8,000 transacciones mediante este mecanismo”, agregó.

Dijo que uno de los pilares más importantes de la transformación aduanera ha sido el programa Despacho en 24 Horas, y que se está desarrollando el Monitor de Actividad y Eficiencia Logística, una herramienta que permitirá medir el desempeño de los procesos que impactan el comercio exterior, identificar causas de retrasos y promover mejoras sustentadas en evidencia para reducir tiempos y costos.

Indicó que entre 2020 y 2026, el número de empresas certificadas pasó de 303 a más de 700 operadores acreditados, para un crecimiento superior al 130 %. Actualmente Aduanas cuenta con 449 empresas Operador Económico Autorizado (OEA) Estándar y 261 OEA Simplificado.

Resaltó que las empresas OEA representan más del 40 % de las importaciones nacionales y cerca del 40 % de las recaudaciones aduaneras. Además, más del 96 % de sus operaciones son canalizadas por vías de menor intervención, reflejando altos niveles de confianza y una gestión de riesgos más eficiente.

Cooperación y desafíos

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, reconoció los avances alcanzados en modernización, digitalización y facilitación del comercio, así como mecanismos como el OEA.

“Los avances logrados mediante la cooperación público-privada demuestran que cuando trabajamos juntos podemos enfrentar problemas que durante años parecieron difíciles de superar”, expresó.

Entre los desafíos pendientes, Brache planteó continuar avanzando en el equilibrio entre control y facilitación bajo el principio de controlar mejor para poder facilitar más.

Indicó que esto supone modernizar puertos y pasos fronterizos y aprovechar la trazabilidad, la tecnología, la inteligencia de datos y la gestión de riesgos para concentrar los controles donde sean necesarios y agilizar las operaciones de quienes cumplen.

Al final de la conferencia, fue celebrado un panel por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, en el cual el director general de Aduanas habló de las medidas para reducir los costos y tiempos de despacho de mercancías, los próximos pasos de la transformación digital de Aduanas y la evolución del sistema de gestión de riesgos. 

También se refirió al equilibrio entre la facilitación del comercio legítimo y el combate al contrabando, la subvaluación y otras prácticas de competencia desleal.

El intercambio incluyó, además, los desafíos para aprovechar mejor los acuerdos comerciales, el control de mercancías declaradas en tránsito hacia Haití, el desarrollo de los centros logísticos y las transformaciones que deberá impulsar la DGA en los próximos años para contribuir a que la República Dominicana sea más competitiva para producir y exportar.

 



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Valdez Albizu resalta fortaleza de la economía dominicana

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió una representación internacional de ejecutivos del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), encabezada por Alejandro Tizzoni, vicepresidente ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos y Samuel Canineu, vicepresidente ejecutivo comercial, donde expuso la fortaleza ecónomica del país.

Durante su intervención, Valdez Albizu resaltó que la inversión extranjera directa (IED) del país alcanzó los 3,276.5 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2026, aumentando 233.4 millones de dólares (7.7 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior, cifra que podría superar los 5,300 millones de dólares al término de 2026, según previsiones del Banco Central.

Dijo que la nación dominicana es un gran atractivo para la inversión, lo que queda avalado por la estabilidad originada en su política monetaria, la fortaleza del sistema financiero, la garantía de su sistema judicial, la tendencia sostenida año a año en el crecimiento, el clima de paz social y las positivas perspectivas de futuro.

Valdez Albizu destacó que unos 2,194.6 millones de dólares, aproximadamente dos terceras partes de los flujos obtenidos por este concepto, corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas, lo que deja patente la confiabilidad en el país.

Crecimiento exportador

El gobernador señaló que durante el primer semestre del año las exportaciones generaron 8,746 millones de dólares y las de zonas francas exhibieron un crecimiento interanual de 6.1 %, en el mes de junio. Por otra parte, las nacionales crecieron 33.6 %, sustentada por el comportamiento de las exportaciones mineras, especialmente las de oro.

Valdez Albizu precisó que República Dominicana ha registrado una expansión simultánea y sostenida de todas sus principales fuentes estructurales de divisas: turismo, remesas, inversión extranjera directa y exportaciones, y ese es, en cualquier economía de mercado, el origen de una moneda más fuerte.

“Al cierre de julio del presente año, el peso se había apreciado en torno al 8 % con respecto al cierre del 2025 y un 4.4 % en términos interanuales. Esperamos que el producto interno bruto (PIB) al término del año se sitúe al extremo superior del rango de 4.0 % - 4.5 %”, agregó.

Relaciones con Bladex

Los ejecutivos de Bladex destacaron que esa entidad posee una cartera de crédito que supera los 1,000 millones de dólares.

Expusieron que Quisqueya es un país extremadamente importante para ellos, ya que transmite tranquilidad y estabilidad en los negocios. Mostraron interés en hacer crecer el vínculo ya existente con la nación dominicana, expandiendo las relaciones de corresponsalía en el mercado doméstico.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes.

Además del subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; y el director de Tesorería, José Perdomo.

La delegación de Bladex estuvo compuesta por, además de Alejandro Tizzoni y Samuel Canineu; los señores Warren Bonilla; Sergio Olarte y Guillermo Gamundi.

 



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¿Qué pasará con la mina de poner fin a contratos con Falcondo?

Ahora que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló a favor de que el Estado dominicano ponga fin a los contratos que mantenían a la Falconbridge Dominicana operando el yacimiento Quisqueya I desde hace casi setenta años, la reanudación de las actividades de explotación de ferroníquel en esta zona aún está por verse.

Esto dependerá de si Falcondo apela o no la decisión de los jueces del TSA y de su propio futuro, pues la empresa (donde el Estado dominicano posee una participación accionaria de 9.98 %) es propietaria de las tierras donde está la mina. 

Su reestructuración o liquidación (debido a las condiciones financieras por las cuales tuvo que paralizar las operaciones de la zona desde el 17 de noviembre del 2023) sigue pendiente de fallo por otro tribunal en Santiago.

“Es prematuro hablar de otra concesión porque Falcondo tiene instancia de apelación. La decisión del Tribunal de Reestructuración y Liquidación deberá venir rápidamente después del fallo del TSA”, precisó el presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Eurípides Florentino Rodríguez.

Enfatizó que el Estado conserva los derechos que le corresponde como accionista, sin perjuicio de lo que pueda decidirse dentro del proceso de reestructuración mercantil que actualmente se encuentra en curso.

Diario Libre intentó contactar sin éxito al presidente de Falconbridge Dominicana, Gaetan Butcher, para saber si apelarán la decisión del tribunal, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta entrega informativa.

Alternativas

Los jueces de la segunda sala del TSA, Antonio Sánchez, Úrsula Carrasco Márquez y Edward Abreu, determinaron que la inactividad del yacimiento minero afectó “el interés general que envuelve este tipo de actividad”, así como el objetivo y finalidad de la concesión minera, considerando que habían pruebas suficientes que justificaban el fin del contrato por resciliación, es decir, la terminación del contrato por incumplimiento, más no por perjuicio causado.

Indicaron que la paralización de las actividades de exploración y explotación, así como la falta de informes semestrales y anuales (que debían ser entregados a la Dirección General de Minería), representaban un incumplimiento flagrante a los artículos 70 y 72 de la Ley Minera 146-71, que ordena a la entrega periódica de estos informes y a no mantener inactiva una concesión minera por más de dos años seguidos.

Eric Raful Pérez, abogado que representó al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en este caso, calificó la decisión del tribunal como un paso “de gran trascendencia” para el Estado dominicano, ya que le permitirá recuperar el control sobre yacimientos mineros que forman parte del patrimonio público.

“Una vez la decisión adquiera carácter definitivo y se cumplan los procedimientos legales correspondientes, el Estado podrá determinar el destino de esos yacimientos conforme al marco jurídico aplicable y a los mejores intereses del país”, subrayó.

Raful Pérez explicó que esto supondrá evaluar las alternativas legalmente disponibles, incluyendo la eventual explotación del yacimiento bajo las modalidades permitidas por la legislación, o bien, el otorgamiento de nuevas concesiones.

“La explotación de los recursos naturales debe traducirse en desarrollo y bienestar para la sociedad dominicana y, especialmente, para las comunidades donde esos recursos se encuentran”, remarcó.

Indicó que, si bien ya corresponde a las jurisdicciones competentes conocer cualquier recurso eventualmente interpuesto a esta decisión, confía en la solidez jurídica de la posición defendida en representación del Estado dominicano y en los elementos probatorios que la sustentaron.

Inactividad no es abandono

Aunque este tema podría continuar debatiéndose en los tribunales, el director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), Martín Valerio, puntualizó que la inactividad de la mina “no puede equipararse automáticamente” al abandono de la concesión minera, ya que debe tomarse en cuenta su causa, la duración, la justificación técnica y económica, el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y la existencia de un plan razonable de activación, entre otras causas.

“Una operación paralizada debe mantenerse jurídicamente activa. Es decir, aunque no haya producción, debe mantenerse con sus reportes, con comunicación con la Dirección General de Minería, cumplimiento ambiental, las obligaciones fiscales que sean aplicables, y todo eso”, observó.

Indicó que la sentencia del TSA reafirma que concesión minera no significa “entregar un territorio a una empresa”, sino que se trata del otorgamiento de un derecho minero que está condicionado al cumplimiento de obligaciones de inversión, exploración, explotación, información, fiscalización y desarrollo.

Pero, asimismo, el fallo recuerda  la importancia de actualizar la ley minera, para que defina expresamente la diferencia entre una suspensión temporal de operaciones, inactividad prolongada y el abandono de una concesión.

“Yo creo que hoy esa falta de decisión deja demasiado espacio para que una situación económica u operacional termine convirtiéndose en una controversia sobre la supervisión de un derecho minero”, resaltó.

Explicó que para el gremio (del cual Falcondo llegó a ser miembro hasta el cese de sus operaciones), el debate que queda de la sentencia es el estándar que va a quedar establecido para las concesiones mineras presentes y futuras, en términos de seguridad jurídica.

“La seguridad jurídica no significa impedir que el Estado actúe; para nada, pero sí significa garantizar que las causas, los procedimientos, los plazos de subsanación y las consecuencias estén claramente definidos y sean previsibles para todas las partes”.

Años de controversia

El caso de la concesión minera Quisqueya I se ha estado conociendo desde el 22 de julio del 2025, fecha en la que el Fonper depositó formalmente la instancia introductiva del recurso contencioso administrativo. 

A partir de ese momento, el proceso agotó un amplio calendario de notificaciones, solicitudes de prórroga y depósitos de escritos de defensa y réplica entre las partes que se extendió durante el resto de ese año y los primeros meses de 2026, culminando con el dictamen de la Sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332 el pasado 12 de agosto de este año.

Impacto económico

La decisión judicial se produce después de una paralización que tuvo un fuerte impacto laboral y económico en la provincia Monseñor Nouel.

Más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones mediante la intervención del Fonper. Otro grupo de exempleados, desvinculado en marzo de 2026, mantiene reclamaciones laborales que sus voceros estiman en unos 300 millones de pesos.

La actividad minera llegó a sostener más de mil empleos directos y generó una red de contratistas y suplidores en la provincia. Acreedores han estimado en más de 100 millones de dólares las obligaciones pendientes con más de un centenar de empresas vinculadas a la operación.

 

 

 



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