En medio de las críticas de gremios empresariales y sectores productivos ante un tercer intento de reformar la Ley 225-20 de Coprocesamiento de los Residuos Sólidos mediante la Ley 98-25, el Fideicomiso DO Sostenible defendió el aumento a las contribuciones que recibe por parte del sector privado.
En una respuesta enviada a Diario Libre ayer tras una publicación que cuestiona los cambios repentinos a la referida normativa, ya aprobados por el Congreso Nacional para ser enviada al Poder Ejecutivo, el fideicomiso aseveró que se necesitan 16,507 millones de pesos para gestionar adecuadamente las 13,500 toneladas diarias de residuos sólidos que genera el país, el doble que la recaudación vigente, estimada en 8,100 millones de pesos.
El director ejecutivo de esta entidad, Príamo Ramírez Ubiera, rechazó los señalamientos sobre una supuesta designación por razones políticas y de favorecer a gestores privados, al asegurar que el fideicomiso actúa conforme a la ley.
A continuación, compartimos las inquietudes que el funcionario contestó a solicitud de este medio:
—¿Bajo qué argumentos técnicos sustenta una triplicación de las contribuciones que debe recibir el fideicomiso?
La contribución vigente estima una recaudación de 8,100 millones de pesos. Sin embargo, el costo de disposición final de las 5,600 toneladas diarias que ya llegan a los rellenos sanitarios asciende a 6,847.4 millones de pesos al año.
Esta suma viene de multiplicar esas 5,600 toneladas por los 365 días del año, y luego multiplicar ese resultado por el monto de la tarifa de pago por toneladas a los proyectos integrados (plantas de valorización más rellenos sanitarios) aprobado por el consejo directivo del Fideicomiso, estipulada en 3,350 pesos por tonelada.
Si el país dispusiera adecuadamente las 13,500 toneladas diarias que genera, el costo sería de 16,507 millones, considerando solo el pago por la disposición final.
A esto se suman inversiones no incluidas, como el cierre de más de 200 vertederos a cielo abierto (más de 21,000 millones de pesos), administración del fideicomiso, apoyo a gobiernos locales y supervisión.
La brecha técnica-financiera justifica plenamente el ajuste.
Cantidad en millones de pesos que han sido ejecutados del presupuesto aprobado del Fideicomiso DO Sostenible para 2026, ascendente a 7,444.8 millones de pesos.
— ¿Es cierto que no fueron consultados por el Congreso acerca de las modificaciones que se plantean a la Ley 98-25, como sostiene el sector privado?
El Fideicomiso DO Sostenible es un instrumento económico-financiero de naturaleza ejecutora, establecido en la Ley 225-20 para gestionar los recursos destinados al sistema nacional de residuos sólidos.
No forma parte de los órganos legislativos ni consultivos del Estado. Su participación en procesos de modificación legal procede únicamente a requerimiento expreso de las instancias competentes, lo cual no ocurrió en este proceso. La consulta al sector privado es una responsabilidad del proceso legislativo, no del Fideicomiso.
— Se ha señalado que existe una vinculación política entre usted y el ministro de Medio Ambiente que dio pie a su designación, y que los recursos que se están manejando buscan beneficiar a los gestores privados. ¿Cómo responde a esto?
Nosotros procuramos crear las condiciones para una correcta gestión de los residuos sólidos urbanos en cumplimiento de la ley que establece el pago a los gestores independientemente sean privados, alianzas público privadas o del sector público.
No oculto mi militancia en el PRM desde su fundación, pero no voy a entrar a responder aspectos que carecen de objetividad.
—¿De cuánto es el presupuesto del fideicomiso para este 2026, y cuánto se ha ejecutado en este semestre?
El presupuesto aprobado del Fideicomiso para 2026 asciende a 7,444.8 millones de pesos, correspondientes a los fondos netos a recibir del sector privado. Estos recursos están destinados al pago a gestores privados, inversiones en infraestructura de disposición final (cierre de vertederos, construcción de estaciones de transferencia) y apoyo técnico a los gobiernos locales.
La contribución del Estado no se ha recibido. Esta sería utilizada para el apoyo a municipios conforme a la Ley 98-25.
Al cierre del primer semestre 2026, la ejecución acumulada es de aproximadamente 2,600 millones de pesos (35 % del presupuesto anual), consistente con el cronograma de pagos y ciclo operativo del sistema.
El manejo de los cambios súbitos a la ley de residuos sólidos despierta sospechas
—¿A cuánto ascienden los contratos con los gestores privados, quiénes son y por cuánto tiempo están estipulados?
Actualmente el Fideicomiso DO Sostenible opera con siete gestores privados contratados y dos infraestructuras operadas directamente, para un total de nueve operaciones en funcionamiento a nivel nacional.
Los gestores privados, miembros de la Asociación Dominicana de Empresas de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Adegirs), son:
- Cilpen Global Business
- Planta de Valorización de Vermont
- Planta de Valorización Móvil Soluciones
- Corporación Parque Industrial de Desechos Gautier
- Planta de Valorización East Reciclyng
- Centro de Valorización de la Región Este (Cenvaree).
En específico, Key West es un gestor que no forma parte de la asociación, pero tiene su contrato con el fideicomiso.
Bajo la normativa anterior, los contratos tenían una vigencia de dos años con renovación automática, pero la Ley 98-25 establece contratos por ocho años, con posibilidad de renovación por cinco años adicionales.
Esta extensión responde a la necesidad de certeza jurídica para que los operadores puedan realizar inversiones significativas en infraestructura de disposición final, coherente con los estándares internacionales del sector.
Las infraestructuras que maneja el fideicomiso directamente son el centro de acopio y relleno sanitario de Dajabón y el relleno sanitario de Baní.
—En lo que va de este año, ¿cuántas toneladas de residuos sólidos ha gestionado el fideicomiso?
Las 5,600 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos equivalen al 41 % del volumen total estimado que el país genera, de 13,500 toneladas diarias. En términos anuales, esto equivale a aproximadamente 2,044,000 toneladas fiscalizadas.
Las 1.6 millones de toneladas reportadas en el 2025 reflejan la expansión de la cobertura del sistema.
En lo que va de año se han procesado 774,450 toneladas de residuos sólidos, tomando en cuenta la estimación de los datos de junio, que cortaron justo el día de ayer.
Alcanzar el cien por ciento de la cobertura nacional requiere la construcción de infraestructura adicional y el cierre de los vertederos a cielo abierto, procesos que forman parte del plan de inversión del Fideicomiso.
