La fiscalización de las prácticas anticompetitivas en el mercado dominicano por parte de las autoridades sigue siendo limitada: por ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) solo puede mediar entre las partes afectadas y ordenar al infractor el cese de su conducta, sin que hayan medidas efectivas que eviten su reincidencia en incumplir las normas.
Un régimen de sanciones escalonadas podría ser, a juicio de la presidenta de Pro Competencia, María Elena Vásquez Taveras, una manera viable y efectiva para prevenir que personas físicas y jurídicas traten de distorsionar el mercado a su favor sin consecuencias reales.
En el anteproyecto de modificación a la Ley General 42-08 sobre la Defensa de la Competencia se propone un régimen sancionatorio proporcional a las ventas brutas de cada empresa, catalogando las infracciones en tres niveles: leves, graves o muy graves.
En el caso de infracciones leves –como incumplimientos menores o administrativos–, ProCompetencia tendría la facultad de multar al infractor a pagar el equivalente al 1 % de sus ingresos brutos conforme al ejercicio fiscal anterior.
Para las infracciones graves –prácticas de competencia desleal o ejecución de concentraciones sin notificación previa, la multa podría ser de hasta un 5 % de los ingresos brutos. En tanto, las infracciones muy graves –como prácticas concertadas o abuso de posición dominante– la multa escala hasta el 10 % de los ingresos brutos.
De acuerdo con la funcionaria, la modificación al artículo 95 de la presente ley contempla que se dupliquen estas multas de manera automática en todos los casos en los que se demuestren reincidencias de la conducta. Además, las multas vencidas generarían un interés moratorio del 2 % mensual.
“Este sistema garantiza que la sanción sea proporcional a la capacidad económica del infractor, con independencia de su tamaño y para quien compite legalmente esto no representa una amenaza, sino una garantía: quien viola las reglas del mercado pagará un precio acorde al daño causado”, remarcó Vásquez Taveras.
En esto coincide el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, quien expresó que es imperativo actualizar el marco institucional que regula los mercados en la República Dominicana.
“La Asociación de Industrias saluda y espera que el resultado sea una ley que castigue más fuertemente la competencia desleal y cuya aplicación contribuya a la transparencia, la seguridad jurídica, la protección de los sectores productivos nacionales de plagas como los ilícitos, el contrabando o las falsificaciones”, manifestó.
Para el ejecutivo, las empresas dominicanas que actúan correctamente deben ver una legislación clara en materia de competencia como una garantía de que todos los actores participan bajo “condiciones justas, transparentes y previsibles”.
La reforma a la ley 42-08 también contempla un programa de clemencia que permitiría reducciones escalonadas de las sanciones de la manera siguiente: la primera empresa o persona física que se acoja podrá obtener una reducción de entre el 40 % y el 60 % de la sanción. La segunda empresa, entre el 20 % y el 30 %, y las sucesivas hasta un 10 %.
“Esta estructura mantiene incentivos reales para colaborar con la autoridad, incluso cuando la exención ya no está disponible, premiando tanto la oportunidad como la calidad de la información”, explicó la incumbente.
Autoridad antimonopolio
Al resumir las principales modificaciones que propone la actualización de la ley en el Encuentro Industrial que organiza la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Vásquez Taveras indica que se contempla una transformación de la institución que dirige.
Esto contempla cambiar el nombre de “ProCompetencia” por el de “Autoridad Nacional Antimonopolio y Competencia Económica (Anace), esto con el objetivo de definir de forma contundente las atribuciones institucionales a la ciudadanía.
Indicó que el cambio de nombre se hizo tras analizar la percepción de la ciudadanía sobre a la institución, que evidenció la necesidad de adoptar una denominación más clara, directa y fácilmente identificable para abogados, jueces, legisladores y cualquier ciudadano común.
“Es, en definitiva, la expresión simbólica y jurídica de una institución que se proyecta con mayor autoridad, mayor claridad de propósito y mayor capacidad para cumplir su misión”, explicó.
Las principales modificaciones a la ley 42-08 también incluyen:
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La incorporación de un régimen general de control previo de concentraciones económicas
El establecimiento de un régimen de consecuencias a entidades y funcionarios públicos que no entreguen información solicitada por la autoridad de competencia en tiempo oportuno
La introducción de una figura de consejero instructor que garantice el debido proceso y la tutela judicial efectiva
La extensión del plazo de las investigaciones en proceso de instrucción hasta 18 meses, con posibilidad de ampliarlo a hasta 12 meses adicionales en casos complejos que lo ameriten
La ampliación del plazo de prescripción a 10 años.
La introducción de líneas generales para el desarrollo de regulaciones a los mercados digitales
El tratamiento de los informes de abogacía de la competencia como mandatos vinculantes en la administración pública y no solo como mera recomendación del organismo regulador
