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La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHaina) destacó el avance progresivo de las fuentes renovables y de gas natural en su capacidad instalada, que pasaron de representar el 4.2 % en 2011 a un 76.3 % el año pasado, permitiendo fortalecer su competitividad, contribuir a la descarbonización de la matriz eléctrica nacional y reduciendo la dependencia de combustibles importados.
En los últimos 15 años la compañía incrementó de forma progresiva la participación de ambas fuentes en su portafolio, de acuerdo con su Informe de sostenibilidad 2025. En términos operativos, EGEHaina alcanzó una capacidad instalada de 1,319.6 megavatios (MW), de los cuales el 39.1 % corresponde a parques renovables y el 37.2 % a centrales a gas natural.
Durante el 2025, la empresa generó 3,689.9 gigavatios-hora (GWh) de energía neta, de los cuales el 70 % provino de fuentes renovables y de gas natural. Con ello, suplió el 12.6 % de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y el 25 % de la energía utilizada por los usuarios no regulados.
Asimismo, la compañía avanzó en el desarrollo de proyectos como Esperanza Renovable, el primer parque híbrido, eólico-solar, a gran escala del país, con una capacidad de 200 MW. En paralelo, completó el ciclo combinado de la central SIBA Energy, incrementando su capacidad en 75 MW, para contribuir a la eficiencia del sistema eléctrico.
Desempeño financiero
En el plano financiero, la empresa reportó una rentabilidad de 158 millones de dólares, un crecimiento de un 5 % respecto al año anterior, respaldado por una posición de liquidez de 76.8 millones de dólares.
Uno de los hitos del período fue el acceso a financiamiento sostenible, con la firma de su primera deuda bancaria verde por 100 millones de dólares con Scotiabank y Bladex, destinada a impulsar nuevos proyectos renovables. Este movimiento refleja la creciente confianza del mercado en la solidez financiera y la estrategia de sostenibilidad de la empresa, que mantuvo calificaciones de riesgo internacionales de Ba3 (Moody’s) y BB- (Fitch), ambas con perspectiva estable, según una nota de prensa.
“Estos resultados muestran el avance sostenido de EGEHaina en la transformación de su matriz energética y nuestra consolidación como el mayor productor de energía renovable no convencional de las Antillas. A lo largo de 26 años, hemos contribuido de manera consistente al desarrollo del sistema eléctrico nacional, sobre la base de una operación eficiente, segura y comprometida con la sostenibilidad”, precisó José Rodríguez Silvestre, gerente general.
Aporte social y ambiental
En el ámbito social, la empresa desarrolló iniciativas comunitarias que beneficiaron directamente a más de 103 mil personas e indirectamente a 2.3 millones, con el objetivo de mejorar el bienestar, la calidad de vida y la resiliencia de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de sus operaciones.
En el aspecto ambiental, la empresa reportó avances en eficiencia y reducción de emisiones, al disminuir su huella de carbono y evitar la emisión de 634,295 toneladas de dióxido de carbono en 2025, un incremento de un 13.3 % en la mitigación respecto al año anterior.
El resultado estuvo asociado a una mayor participación de generación renovable y al avance en el registro del programa de actividades, vinculado a la emisión de créditos de carbono en los parques solares Esperanza y Sajoma.
El desempeño de EGE Haina se produce en un contexto de creciente demanda energética y transición global hacia economías bajas en carbono, posicionando a la empresa como un actor clave en el sistema eléctrico nacional, en la atracción de inversiones sostenibles y en el fortalecimiento de la competitividad económica de la República Dominicana.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó este martes que el futuro de la minería en la República Dominicana debe definirse a partir de "un balance entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico", destacando que las decisiones sobre proyectos mineros deben sustentarse en evidencia científica, el respeto al debido proceso y el diálogo con las comunidades.
El funcionario señaló que el debate sobre el desarrollo minero en la provincia San Juan se centra en garantizar el crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales ni la estabilidad social. En ese sentido, explicó que actualmente se realiza un Estudio de Impacto Ambiental conforme a los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, elaborado por especialistas internacionales.
Santos enfatizó que las decisiones no pueden basarse en rumores, sino en criterios técnicos e institucionales. “No se trata de elegir entre economía o medio ambiente, sino de asegurar que ambos convivan bajo reglas claras y supervisión rigurosa”, indicó.
Algunos sectores del país han expresado su oposición a que en la provincia San Juan se realice una explotación minera. En la actualidad, la minera canadiense GoldQuest realiza exploraciones en la zona y ha prometido que, de darse el proceso, lo hará sin provocar daño ambiental y con respecto a las normas ambientales y con tecnología moderna.
Asimismo, subrayó que el Gobierno tiene la responsabilidad de actuar como garante del interés nacional, especialmente en zonas con vocación agrícola como San Juan, donde es fundamental proteger los recursos hídricos, los suelos y la identidad productiva de la región.
El ministro también resaltó el impacto económico del sector minero, que registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, posicionándose como la actividad de mayor dinamismo en la economía nacional. Indicó que en 2025 las exportaciones mineras superaron los 2,500 millones de dólares, siendo el oro el principal producto.
Proyecto de ley para modernizar minería
En cuanto al aporte fiscal, precisó que el sector generó alrededor de 45,000 millones de pesos el pasado año, contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas públicas.
Anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para modernizar el sector minero, con énfasis en la relación con las comunidades, el régimen fiscal y el fortalecimiento de las normativas ambientales, con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible.
La empresa minera GoldQuest Minig defendió este domingo su proyecto Romero, con el cual busca explotar un yacimiento de un millón de onzas de oro, plata y cobre en la provincia San Juan, asegurando que tendría un impacto menor sobre el medioambiente y las fuentes hídricas, debido a que sería operado de manera subterránea.
Luis Santana, CEO de la compañía, descartó que a la fecha pretendan realizar operaciones de explotación del yacimiento, aclarando que lo que buscan es realizar estudios de evaluación de impacto ambiental que determinen si el proyecto, desde ese punto de vista, es factible o no.
“Nosotros en ningún momento hemos hablando de explotación minera. Para poder llegar a la operación hay que cumplir con una serie de pasos en cuanto a los permisos. No estamos haciendo explotación en la zona”, sentenció Santana.
Durante una conferencia de prensa, el ejecutivo de GoldQuest dijo estar confiado en que el proyecto será factible por la forma como la empresa lo ha concebido, por las características del yacimiento y por la forma del procesamiento que van a utilizar.
“Este es un proyecto concebido como una minería diferente a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en nuestro país. Estamos hablando de una minería subterránea, que tiene un mucho menor impacto en el entorno. Para procesar el material no será necesario el uso de cianuro o mercurio”, afirmó.
Además, resaltó que la iniciativa minera no necesitará de una presa de colas, debido a que el material extraído posteriormente se va a mezclar con cemento y se depositará en la mina subterránea, haciendo un confinamiento de manera perpetua de esos materiales.
“Las fuentes hídricas de la zona no se van a afectar porque vamos a tomar el agua superficial, la vamos a almacenar y se va a reciclar de manera permanente en nuestras operaciones, por lo que no vamos a tener descarga al medio ambiente”, indicó Santana.
Inversión de la empresa
El CEO de la compañía minera señaló que operan en el país desde el 2002, invirtiendo hasta la fecha aproximadamente 50 millones de dólares. Precisó que para poner en operación en proyecto se requiere una inversión adicional de 400 millones de dólares.
El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró en marzo pasado su mayor ritmo de crecimiento en los últimos 11 meses: un 5.1 % interanual, una expansión apoyada principalmente por la construcción, la manufactura de zonas francas y la intermediación financiera, seguros y actividades conexas.
De acuerdo con las cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el IMAE reflejó un incremento acumulado de un 4.1 % durante el primer trimestre de 2026.
El panorama económico internacional se mantiene marcado por la incertidumbre, debido a la guerra en Medio Oriente, conflicto que ha impactado de forma negativa el precio del petróleo y el comercio marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a que organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorten sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial en 2026.
El comportamiento de marzo obedeció al desempeño interanual favorable del valor agregado real del sector construcción (8 %), manufactura de zonas francas (7.8 %), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7 %), y las actividades del sector servicios en su conjunto (5.9 %).
Dentro de ese último sector se destacaron las actividades de hoteles, bares y restaurantes (8.0 %), transporte y almacenamiento (7.6 %), salud (6.4 %) y comercio ( 5.1 %). Adicionalmente, registraron un crecimiento positivo la manufactura local (3.9 %) y la agropecuaria (2.4 %), según el BCRD.
Explicaciones
La variación de la construcción fue impulsada por un mayor dinamismo en la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos. Asimismo, la reducción de las tasas de interés activas ha contribuido a ampliar el acceso al crédito, dinamizando la actividad del sector, afirmó la institución monetaria y financiera.
Ese desempeño se tradujo en un incremento del volumen de ventas de insumos clave como el cemento y las estructuras metálicas, en comparación con el mismo período de 2025.
En lo concerniente al resultado en marzo de las la manufactura de zonas francas, esta fue producto del desempeño en las exportaciones de ese régimen, que registraron un incremento interanual de 8.0 % en el referido mes.
En el caso de la manufactura local, el crecimiento fue sustentado por el comportamiento de la elaboración de bebidas alcohólicas, las otras industrias manufactureras y la producción de otros bienes alimenticios.
La minería tuvo una variación interanual de un 4.3 %, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y arena, grava y gravilla.
Turismo
En relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, su variación positiva responde principalmente al incremento en la llegada de pasajeros no residentes vía aérea, la cual alcanzó un hito, al ser la primera vez que el país supera la cifra de 900,000 turistas en dicho mes.
En términos acumulados, se recibieron 2,603,645 turistas por los distintos aeropuertos del país en los tres primeros meses de 2026, representando un crecimiento de un 12.2 %, respecto al mismo período del año 2025.
La actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un crecimiento interanual de 7 %, reflejando en gran medida la expansión de 7.9 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a 185 mil millones de pesos adicionales, con respecto a marzo de 2025, así como al desempeño favorable de los ingresos por primas y comisiones del conglomerado de empresas representado en esta actividad.
En cuanto al sector agropecuario, el crecimiento interanual de 2.4 % fue impulsado por el aumento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano, huevos, entre otros rubros.
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con una subida del 3 % y se situó en 95,85 dólares el barril al prevalecer las dudas sobre la negociación de paz entre Estados Unidos e Irán.
Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 2,89 dólares respecto al cierre del día anterior.
La segunda ronda de negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán parece distante ante las posturas cada vez más duras de ambas partes y pese a los esfuerzos de Pakistán por acercar posiciones.
Estado actual de las negociaciones entre EE.UU. e Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y dijo que el bloqueo naval que mantiene sobre las costas de la República Islámica es "hermético y contundente".
Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes puedan transitar por el paso marítimo.
Irán, además, activó hoy sus sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán, según varios medios nacionales.
"Estamos decididamente viendo un aumento de tensiones. El mercado ya está nervioso y cualquier escalada va a ser positiva para los precios", dijo el analista Dennis Kissler, de BOK Financial, a The Wall Street Journal.
El empresario turístico Frank Rainieri, chairman of the board de Grupo Puntacana, calificó este miércoles como insostenible el crecimiento inmobiliario y turístico sin una regulación y sin un plan de ordenamiento territorial en Punta Cana, cuya dimensión catastral “es más grande” que la del Gran Santo Domingo.
“Le ha faltado coraje al Gobierno dominicano para enfrentarlo, y a las autoridades locales”, aseguró Rainieri mientras asistía al inicio oficial de la Feria Turística DATE 2036 en Bávaro, tras agregar que el crecimiento urbano –sobre todo si está vinculado al turismo– debe hacerse con “límites” y con “responsabilidad”.
Esto es imperativo dado el nivel de desarrollo del destino turístico, con potencial de alcanzar las 70,000 habitaciones hoteleras para el 2026, comprendiendo desde Miches –en la provincia El Seibo– hasta Juanillo, en La Altagracia.
Rainieri mostró preocupación por la cantidad de proyectos inmobiliarios con vocación turística que se desarrollan en áreas que carecen de servicios básicos, sin plantas de tratamiento o sin vías de acceso adecuadas.
“¿Los tapones, por qué son? Porque tenemos calles estrechas, donde se están construyendo mastodontes…, y entonces después venden y se van”, lamentó el ejecutivo, quien aseguró que son los residentes de Punta Cana quienes más sufren las consecuencias de un crecimiento desordenado.
El ejecutivo estuvo presente en la apertura de una nueva edición del Dominican Annual Tourism Exchance (DATE) 2026, un evento organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
Rainieri explicó que la zona podría alcanzar hasta las 70,000 habitaciones hoteleras en los próximos 10 años, tanto en hoteles de primera categoría como en hoteles de segunda categoría –más destinados a los locales y personal turístico, pero que cuentan con una oferta que es aprovechada por turistas de menores ingresos.
Asimismo, Rainieri apuntó en la diversificación de los destinos turísticos como clave para sostener la actividad turística.
“No podemos copiar a Punta Cana en todas las esquinas, porque las condiciones de Punta Cana son únicas. Puerto Plata no lo había entendido, y ya lo entendió. Ahora están creciendo, porque buscaron su nicho. Y eso mismo pasó con Cabarete, hace años…, y así cada zona tiene su nicho que es diferente al de Punta Cana, aunque tengan sol y playa”, aseveró.
Valoró como positivo el desarrollo del turismo en la región sur, que cuenta con proyectos como Punta Arena, en la provincia Peravia, muy próximos a otros dos destinos turísticos como Barahona y Pedernales, lo que permite formar una ruta turística.
Evolución
De cara al futuro del turismo, el empresario valoró el “cambio de chip” en la oferta turística, cada vez más centrada en segmentos de lujo. “El hotelero de hoy no tiene nada que ver con los que comenzamos en los años 80 y 90”, observó.
Indicó que, si antes la cultura hotelera estaba enfocada en ofrecer la tarifa más baja a los visitantes para poderlos atraer a su negocio, ahora se desarrollan segmentos cada vez más exclusivos, lo que está atrayendo a turistas dispuestos a pagar el precio por la calidad, el servicio y la experiencia.
La calificación de crédito de la República Dominicana sufrió un revés, luego de que la agencia Fitch Ratings redujera la perspectiva del país positiva a estable, entre otras cosas, por los obstáculos que está enfrentando la economía nacional para crecer y la débil capacidad de pago de la deuda pública.
Aunque confirma la calificación en BB-, la firma basa su decisión en que en los últimos años la tasa de crecimiento ha estado por debajo de su promedio histórico, registrando una desaceleración al 2.1 % el año pasado, debido a la debilidad de sectores como construcción y manufactura.
En noviembre del 2023, Fitch Ratings elevó la perspectiva del país desde BB- estable a BB- positiva, una decisión que el Ministerio de Hacienda dominicano atribuyó a "las mejoras institucionales" logradas por el gobierno y el "manejo económico por parte de las autoridades fiscales y monetarias".
Ahora, en su reciente evaluación, publicada el pasado 15 de abril, la agencia señala que el producto interno bruto (PIB) dominicano tuvo una expansión promedio del 3.1 % entre 2023 y 2025, por debajo de la mediana del 3.9 % para las calificaciones BB y del promedio histórico del país, que ronda el 5 %.
La calificación del país se sustenta en una estructura exportadora diversificada, un PIB per cápita elevado e indicadores sociales y de gobernanza que se comparan favorablemente con los de sus pares, resalta el texto.
Sin embargo, la evaluación se ve limitada por la débil base de ingresos del país y las rigideces presupuestarias, incluyendo una elevada carga de intereses y la subvención de un sector eléctrico deficitario, una fuerte dependencia soberana del financiamiento externo a través del mercado de bonos y persistentes deficiencias en el marco político.
Fitch Ratings advierte sobre la débil capacidad de pago de la deuda, precisando que la carga de intereses sigue lastrando el perfil crediticio, en un contexto de ingresos relativamente bajos.
La relación entre intereses e ingresos aumentó al 21.9 % en 2025, desde el 20.7 % de 2024, la más alta entre las entidades con calificación BB y el doble de la mediana de BB, mientras que la comparación ingresos y PIB cayó al 15.8 %, desde el 16.4 % (frente a la mediana de BB del 25 %), establece el informe.
En opinión de Fitch, una nueva reforma fiscal que amplíe la base de ingresos podría ser difícil de impulsar, debido a la guerra en Irán y a que el 2027 es un año preelectoral.
La deuda pública aumentó al 49.3 % del PIB el año pasado, todavía ligeramente por debajo de la mediana del 51.6 % de BB y se prevé que aumente al 51.1 % para 2027, agrega el documento.
La calificadora afirma que el componente en moneda extranjera de la deuda representa el 67 % del total, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones cambiarias. El elevado vencimiento promedio de la deuda externa (11.6 años) ayuda a mitigar los riesgos.
Presión sobre las finanzas
El informe de la agencia adelanta que los subsidios a los combustibles aumentarán la presión fiscal.
Detalla que en marzo el Gobierno anunció la congelación de los precios de los combustibles, mayores subsidios a la energía y apoyo específico para los hogares vulnerables con el fin de limitar el impacto del aumento de los precios del petróleo en los consumidores.
Establece que desde marzo los precios de la gasolina y el diésel han subido entre un 8 % y un 10 %, muy por debajo del aumento de los precios mundiales del petróleo y que el gobierno pretende compensar parcialmente estas medidas con recortes de gastos y reasignación presupuestaria, al tiempo que busca evitar recortes en la inversión de capital que podrían obstaculizar la recuperación económica.
Sin embargo, Fitch aún prevé que estas medidas ejercerán presión sobre las finanzas públicas y ampliarán el déficit del Gobierno central al 3.8 % del PIB, desde el 3.5 % en 2025, por encima de la mediana del 3.5 % para 2026 correspondiente a la calificación BB.
Mayor inflación
La calificadora estima que el impacto en el precio del petróleo podría ejercer presión al alza sobre los precios en los próximos meses. Proyecta que, si el impacto es lo suficientemente grande, el Banco Central de la República Dominicana podría subir las tasas de interés oficiales a finales de este año.
Sostiene que las tasas de interés de dos dígitos lastraron el crecimiento en los últimos años (de 2023 al primer semestre de 2025). Estas tasas cayeron en el segundo semestre de 2025, pero ahora podrían estabilizarse o subir, augura la firma.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, consideró este martes que la reciente extensión del alto al fuego en el conflicto con Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, representa un alivio momentáneo para la economía global, al abrir una ventana para el diálogo entre las partes involucradas.
“El alto al fuego realmente alivia temporalmente algo la situación porque es un espacio para ampliar el diálogo que se está dando”, expresó el dirigente empresarial, al tiempo que advirtió que este tipo de conflictos suele caracterizarse por ciclos de avances y retrocesos.
Marranzini señaló que la expectativa del sector privado es que el diálogo siga avanzando y que pronto se dé un alto al fuego definitivo y una solución a este conflicto.
Subrayó que la situación ha tenido consecuencias negativas a nivel global, particularmente en el comportamiento de los precios del petróleo y los combustibles.
Efectos persistirán
Explicó que los efectos económicos del conflicto persistirán hasta que los mercados logren estabilizarse, algo que considera difícil de predecir.
“Los efectos van a seguir hasta que los precios vuelvan a como estaban antes del conflicto, y eso depende en gran medida de cuándo se logre algún tipo de acuerdo”, sostuvo.
En cuanto al contexto local, Marranzini indicó que el país debe continuar adaptándose a la coyuntura internacional, apoyándose en las medidas que ha venido evaluando el Gobierno para mitigar posibles impactos.
“Hay que irse adaptando a la situación en la medida en que el presupuesto nacional lo permita y también en función de mantener el dinamismo de la economía, que es parte del alivio que se requiere”, afirmó.
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Juan Tomás Díaz, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur.(STEPHANIE H. SOTO)
Un panorama incierto
De su lado, el recién juramentado presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, Juan Tomás Díaz, coincidió en que el panorama internacional continúa siendo altamente incierto, pese a los anuncios recientes.
Díaz señaló que, aunque se informó sobre una extensión del cese de hostilidades, aún no hay claridad suficiente para determinar el impacto real en el corto plazo.
“Todavía no podemos estar claros con nada. En un momento pasa algo, en otro momento otra cosa. No podemos descifrar qué va a pasar en el futuro cercano”, expresó.
Ambos líderes empresariales coincidieron en que, mientras no se logre una solución definitiva al conflicto, la economía global y local seguirá enfrentando presiones, lo que obliga a mantener una postura prudente y adaptable.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acumulaba recaudaciones por 592.1 millones de pesos por concepto del último esquema de facilidades de pago para contribuyentes con deudas tributarias pendientes, que entró en vigor con la circular 03-2026, fechada el 16 de febrero de 2026.
La DGII, a través de una respuesta por el Portal de Acceso a la Información, indicó que, desde la fecha de publicación del documento, 4,604 contribuyentes han realizado solicitudes, dejando como resultado el citado monto de ingresos.
La circular estableció una facilidad de pago, dirigida a la regularización de deudas tributarias, mediante la cual se otorgan descuentos sobre los recargos generados en períodos anteriores al 2023, inclusive.
Beneficios varían
Los beneficios aplicables varían en función del período de la deuda y de la modalidad de pago seleccionada por el contribuyente, explicó la institución.
La disposición contempla beneficios diferenciados, según el período fiscal de la deuda. Para las obligaciones anteriores al año 2020, inclusive, se aplica un descuento sobre los recargos: 70 % si el contribuyente realiza un pago único o un 50 % si suscribe un acuerdo de saldo, con un máximo de seis cuotas mensuales iguales, requiriéndose además un monto inicial mínimo de 30 %.
En el caso de las deudas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, la DGII otorga un esquema similar, aunque con descuentos menores: 50 % de recargos para pago único o 40 % si se formaliza un acuerdo de pago bajo las mismas condiciones de hasta seis cuotas mensuales y un pago inicial de 30 %.
Aunque Impuestos Internos no respondió hasta qué tiempo estará disponible la facilidad, comunicó que, a través de la circular, los interesados pueden realizar la solicitud correspondiente y, una vez cumplidos los requisitos establecidos, proceder con el pago.
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó la solidez de los principales indicadores económicos del país durante su participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial.
Durante su intervención en la reunión de gobernadores, indicó que la inflación interanual se situó en 4.63 % en marzo de 2026, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % desde inicios del 2023.
Añadió que la actividad económica ha mostrado una recuperación gradual, con expansiones interanuales de 3.5 % en enero y 3.9 % en febrero, y una proyección de crecimiento entre 3.5 y 4.0 % para el cierre del año.
En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), destacó que alcanzó 5,032.8 millones de dólares al cierre de 2025, reflejando la resiliencia del país en la captación de capitales.
De igual forma, señaló que los ingresos de divisas por concepto de inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios totalizaron 47,291.5 millones en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.
Valdez Albizuparticipó recientemente en estos encuentros internacionales, donde el FMI presentó su informe “Perspectivas para la economía mundial”, en el que se proyecta un crecimiento de 2.3 % para América Latina y el Caribe.
En el marco de las reuniones, sostuvo encuentros con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y la directora adjunta, Dora Iakova, con quienes abordó el contexto macroeconómico dominicano y sus perspectivas en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.
Como parte de la agenda, el gobernador participó junto al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en un encuentro encabezado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con autoridades económicas de América Latina, Canadá y Estados Unidos, donde se analizaron las tendencias de la economía global y sus implicaciones para la región.
Adicionalmente, Valdez Albizu sostuvo un encuentro bilateral con André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil, en el que se discutieron los riesgos asociados a las tensiones geopolíticas y su impacto en las economías.
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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu.(FUENTE EXTERNA)
En el marco de las reuniones, la delegación del BCRD también participó en intercambios técnicos con el Banco Mundial, a través del Programa de Asesoría y Gestión de Reservas (RAMP, por sus siglas en inglés), y en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre políticas macroeconómicas y estabilidad financiera en América Latina y el Caribe.
Asimismo, se realizaron reuniones con representantes de entidades financieras internacionales e inversionistas, entre ellos Bank of America, BNP Paribas y Citi, abordando oportunidades de inversión y el fortalecimiento de las capacidades de financiamiento del país en un entorno de volatilidad global.
El gobernador estuvo acompañado por el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González Pantaleón; y el representante de República Dominicana ante el FMI, Frank Fuentes.
La región de Latinoamérica y el Caribe se ahorra casi 3 millones de dólares diarios gracias a la movilidad en autos eléctricos en medio de la crisis generada por el alza del precio de los combustibles por la guerra en Oriente Medio, según un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).
Según los datos del citado organismo, un vehículo eléctrico es hasta cinco veces más eficiente que uno de combustión.
Impacto económico de la electromovilidad en Latinoamérica
"Con el diésel y la gasolina promediando 1.30 dólares por litro, circular en un eléctrico cuesta 2,018 dólares menos al año que hacerlo en auto de gasolina.
En transporte público, el impacto es aún mayor: cada bus eléctrico ahorra 26,000 dólares anuales frente a uno a diésel, cifra que escalaría a 48,750 dólares si los combustibles suben un 50 %", detalló.
"La electromovilidad ha dejado de ser una apuesta a futuro para convertirse en una herramienta de estabilidad inmediata. Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos", agregó en un comunicado el secretario general del organismo y ex ministro de Energía de Chile, Andrés Rebolledo.
Chile, líder en ahorro por electromovilidad
Según la Olacde, Chile es uno de los países líderes en el ahorro a través de la movilidad en autos eléctricos, política prioritaria del Gobierno desde 2022.
Chile como referente en ahorro y políticas de movilidad eléctrica
De acuerdo con sus datos, el país andino evita cada año gastar más de 138 millones de dólares en combustible gracias a su flota de autobuses eléctricos, que supera los 4,000 vehículos, y a las 12,000 unidades de autos eléctricos que se encuentran en el país.
"Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos", destacó Rebolledo.
La apuesta por la movilidad eléctrica es también una de las políticas continuistas del nuevo Gobierno, que lidera el ultraderechista José Antonio Kast, quien semanas atrás autorizó un aumento histórico del precio de los combustibles con la excusa de la guerra en Oriente Medio.
El mandatario explicó que prefería repercutir el alza en el bolsillo de los ciudadanos antes que endeudar al Estado, ya que esto último significaría a la larga un costo mayor.
Sin embargo, las largas distancias en un país muy extenso y la frágil red de estaciones de recarga, sumados al elevado costo de la compra de vehículos eléctricos para la mercancía o para el transporte personal generan barreras de entrada que imposibilitan una total implementación de este tipo de movilidad en la región.
La Olacde afirmó que la meta para 2050 es que la electromovilidad sea responsable del 20 % de la reducción de emisiones necesaria para la neutralidad de carbono, tomando como ejemplo que las emisiones en transporte público en Chile habían bajado más de un 93 % en los últimos ocho años.
Para que la República Dominicana convierta el dinamismo económico del cual goza en la actualidad en prosperidad sostenida para su población necesita con urgencia reformas simultáneas, tanto económicas como sociales, en tres áreas específicas: profundidad en los mercados financieros, facilitar la entrada y formalización de nuevas empresas y cerrar la brecha digital y la exclusión social.
Estos son los principales hallazgos sobre el país del primer Informe de prosperidad IMD para América Latina y el Caribe, publicado por el Centro de Competitividad Mundial (WCC), en el cual se evalúan 34 economías de la región en cuatro pilares: desafíos económicos, gobernanza e instituciones, dinámica gerencial y empoderamiento social, utilizando 78 indicadores.
Las naciones se clasifican en el informe en ocho niveles: desde A1 (más alto) hasta D2 (más bajo), ubicándose la República Dominicana en B2 (nivel 4). Aunque el estudio reconoce el crecimiento económico del país, advierte del estancamiento en el nivel medio de prosperidad, “una trampa” en la que se ubican la mayoría de las economías de la región.
Previo a la presentación del informe, Diario Libre entrevistó a José Caballero, autor principal de la investigación y economista jefe del IMD WCC.
El informe establece que el país ha logrado construir un dinamismo económico real, pero que enfrenta limitaciones estructurales en su capacidad gerencial y social que le impiden consolidarlo en prosperidad sostenida, ¿qué hacer en lo adelante para mejorar esta situación?
El cuello de botella más urgente es el gerencial, lo que implica la necesidad de profundizar los mercados financieros, facilitar la entrada y formalización de nuevas empresas e integrar la economía en segmentos de mayor valor agregado. Todas estas son condiciones necesarias para que el dinamismo económico actual se convierta en prosperidad sostenida.
En lo social, la brecha digital y la exclusión juvenil son las señales de alerta más concretas y atenderlas no es solo una agenda social, es una condición para que el crecimiento se sostenga a largo plazo. La exclusión afecta, por ejemplo, la calidad del talento disponible, la productividad y la demanda.
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José Caballero, economista y autor del informe.(FUENTE EXTERNA)
La advertencia central del informe, sin embargo, es que ninguna de estas agendas funciona de manera aislada. República Dominicana necesita no solo una reforma en un área específica, sino mayor alineación entre su capacidad económica, su desarrollo empresarial y su inclusión social, avanzando en los tres frentes de manera simultánea y coherente.
Cuando habla de una base gerencial y social insuficientemente, ¿a qué se refiere?
El informe usa "capacidad gerencial" para referirse a la capacidad de las empresas de ser productivas, innovar, acceder a financiamiento y competir en mercados sofisticados. En el caso dominicano, esto se traduce en una estructura empresarial poco densa, mercados financieros poco profundos y una integración limitada en sectores de alto valor agregado.
Por su parte, la dimensión social se refiere a las condiciones que determinan si la población puede participar plenamente en la economía. Por ejemplo, acceso a oportunidades, conectividad digital, calidad educativa y distribución equitativa de los frutos del crecimiento. Cuando estas condiciones son débiles, el crecimiento económico no se traduce en movilidad social ni en capital humano suficiente para sostenerlo a largo plazo.
¿Puede esa limitación poner en peligro el crecimiento sostenible a futuro de la economía dominicana?
Sí, y el informe sugiere que ya lo está haciendo en cierta medida. El crecimiento dominicano es real, pero opera sobre una base empresarial y financiera poco profunda, lo que lo hace vulnerable. Una economía que crece sin diversificar su estructura productiva, sin profundizar sus mercados financieros y sin construir capital humano suficiente tiende a alcanzar un techo.
El dinamismo actual puede sostenerse en el corto plazo, pero sin atender estas limitaciones estructurales, la probabilidad de estancarse en un nivel intermedio de prosperidad, que es precisamente la trampa en la que el informe ubica a la mayoría de las economías de la región, es considerable.
Una parte de la población suele no creer en el crecimiento económico, precisamente porque no lo percibe en la mejora de su calidad de vida, ¿cuáles políticas públicas o privadas se pueden implementar para que la ciudadanía que genera ese dinamismo económico lo perciba?
El informe no prescribe políticas específicas, pero sus hallazgos apuntan en una dirección clara: el problema no es el crecimiento en sí mismo, sino cómo se distribuye. En el caso dominicano, la brecha digital y la exclusión juvenil son los dos puntos de entrada más evidentes. Una población sin conectividad adecuada y con un cuarto de su juventud fuera del mercado laboral formal no puede participar plenamente en una economía que crece. Atender ambas cosas simultáneamente con inversión pública en infraestructura digital y programas de inserción laboral para jóvenes sería una forma concreta de hacer visible el crecimiento en la vida cotidiana.
En el ámbito empresarial, facilitar la formalización y el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas permitiría que el dinamismo económico se difunda más ampliamente en lugar de concentrarse en sectores o actores específicos.
La percepción ciudadana del crecimiento mejora cuando los avances económicos se traducen simultáneamente en mejor acceso a servicios, más oportunidades laborales de calidad y menor desigualdades. Cuando solo mejora uno de esos frentes, el crecimiento sigue sintiéndose lejano para una parte importante de la población.
El informe dice que la densidad de nuevas empresas es de apenas 1.5 por cada 1,000 personas. ¿cómo influiría esto a futuro para la sostenibilidad del dinamismo económico del país?
Una baja densidad empresarial es una señal de que el dinamismo económico está concentrado en un número reducido de actores, lo que lo hace estructuralmente frágil. Las nuevas empresas son el principal mecanismo a través del cual una economía renueva su base productiva, genera empleo formal, difunde innovación y desarrolla competencia.
Las empresas existentes tienen menos incentivos para innovar y mejorar su productividad y la economía tiende a reproducir las mismas estructuras productivas en lugar de sofisticarse. En resumen, si República Dominicana no logra ampliar y dinamizar su estructura empresarial, su crecimiento seguirá siendo real, pero concentrado, lo que limita tanto su sostenibilidad como su capacidad de convertirse en prosperidad amplia para la población.
¿Está República Dominicana desaprovechando la oportunidad para dar el salto cualitativo hacia niveles superiores de prosperidad?
El informe no hace ese juicio directamente, pero los datos permiten una lectura honesta: República Dominicana llega al momento actual con algunas condiciones favorables. Crece, invierte por encima de la media regional y su productividad tiene una trayectoria ascendente.
En ese sentido, no está mal posicionada en términos relativos. Sin embargo, las limitaciones estructurales que el informe identifica, especialmente en capacidad gerencial y empoderamiento social, son precisamente las que determinan si una economía puede convertir un momento favorable en un salto cualitativo o si simplemente lo transita sin transformarse.
¿Cuáles entiende usted que son los principales retos económicos, de cara a mantener ese dinamismo, que enfrenta el país?
El primero es la concentración productiva. Una economía con baja densidad empresarial y exportaciones de bajo contenido tecnológico es vulnerable a choques sectoriales.
El segundo es el financiamiento. Sin mercados de capital profundos, las empresas dominicanas tienen acceso limitado al financiamiento de largo plazo que necesitan para escalar, innovar y competir en segmentos más sofisticados.
El tercero es la presión fiscal. El pago de intereses de la deuda pública consume una proporción relevante del presupuesto, lo que reduce el espacio del Estado para invertir en las condiciones que el dinamismo económico necesita, incluyendo la infraestructura, educación y conectividad digital.
El cuarto reto, y quizás el más estructural, es el capital humano. Una economía que aspira a escalar hacia actividades de mayor valor agregado necesita una fuerza laboral más calificada y mejor conectada. La exclusión juvenil y la brecha digital son, en ese sentido, no solo problemas sociales sino restricciones económicas fundamentales.
La Asociación Cibao anunció este martes la conformación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, elegida por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo de 2026.
El pleno está integrado por José Ramón Vega Batlle, Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, José Tomás Cruz Rodríguez, José Santiago Reynoso Pérez, Ángel María Castillo Brito, Edwin Ramón Reyes Arias, Pablo Ceferino Espaillat Galán, Pablo Julián Pérez Fernández, Laura Victoria Acra Brache, José Luis Ventura Castaños, Sayka Dayara Mejía Ortega y Javier León Hernández.
De acuerdo a un documento de prensa, posterior a la asamblea, la Junta de Directores eligió entre sus integrantes los cargos directivos, incluyendo a José Ramón Vega Batlle como presidente; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, primer vicepresidente; José Tomás Cruz Rodríguez, segundo vicepresidente y José Santiago Reynoso Pérez, secretario.
"Agradezco profundamente la designación como presidente de la Junta de Directores de Asociación Cibao, una entidad transparente, con altos niveles de gobernanza, comprometida con el desarrollo económico y social. Mantenemos la promesa de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro liderazgo, nuestros servicios con enfoque en el bienestar de las personas", expresó Vega.
En el marco de la asamblea, la institución reconoció a Rafael Genao Arias por su labor como presidente de la Junta de Directores desde junio de 2020, período durante el cual aportó a la consolidación institucional.
Asimismo, agradeció la labor de Damián Eladio González, miembro de la Junta desde marzo de 2019, quien presidió el Comité de Seguridad y Gestión de Crisis y formó parte de los comités de Auditoría y Gestión Estratégica; así como la de Ángel Nery Castillo, miembro del pleno desde noviembre de 2007, quien en distintos períodos integró el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y presidió el Comité de Gestión Integral de Riesgos.
Compromiso con la gobernanza
En un comunicado, la entidad destacó que estos cambios responden a lo establecido en sus Estatutos Sociales y el Reglamento Interno de la Junta de Directores, el cual reafirma la gobernanza, la transparencia y enfoque en el fortalecimiento de su liderazgo, la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa.
La Junta de Directores de Asociación Cibao ratificó el compromiso con las prioridades estratégicas de la institución, incluyendo el crecimiento sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de su impacto en las comunidades donde opera.
La Asociación Cibao anunció este martes la conformación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, elegida por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo de 2026.
El pleno está integrado por José Ramón Vega Batlle, Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, José Tomás Cruz Rodríguez, José Santiago Reynoso Pérez, Ángel María Castillo Brito, Edwin Ramón Reyes Arias, Pablo Ceferino Espaillat Galán, Pablo Julián Pérez Fernández, Laura Victoria Acra Brache, José Luis Ventura Castaños, Sayka Dayara Mejía Ortega y Javier León Hernández.
De acuerdo a un documento de prensa, posterior a la asamblea, la Junta de Directores eligió entre sus integrantes los cargos directivos, incluyendo a José Ramón Vega Batlle como presidente; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, primer vicepresidente; José Tomás Cruz Rodríguez, segundo vicepresidente y José Santiago Reynoso Pérez, secretario.
"Agradezco profundamente la designación como presidente de la Junta de Directores de Asociación Cibao, una entidad transparente, con altos niveles de gobernanza, comprometida con el desarrollo económico y social. Mantenemos la promesa de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro liderazgo, nuestros servicios con enfoque en el bienestar de las personas", expresó Vega.
En el marco de la asamblea, la institución reconoció a Rafael Genao Arias por su labor como presidente de la Junta de Directores desde junio de 2020, período durante el cual aportó a la consolidación institucional.
Asimismo, agradeció la labor de Damián Eladio González, miembro de la Junta desde marzo de 2019, quien presidió el Comité de Seguridad y Gestión de Crisis y formó parte de los comités de Auditoría y Gestión Estratégica; así como la de Ángel Nery Castillo, miembro del pleno desde noviembre de 2007, quien en distintos períodos integró el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y presidió el Comité de Gestión Integral de Riesgos.
Compromiso con la gobernanza
En un comunicado, la entidad destacó que estos cambios responden a lo establecido en sus Estatutos Sociales y el Reglamento Interno de la Junta de Directores, el cual reafirma la gobernanza, la transparencia y enfoque en el fortalecimiento de su liderazgo, la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa.
La Junta de Directores de Asociación Cibao ratificó el compromiso con las prioridades estratégicas de la institución, incluyendo el crecimiento sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de su impacto en las comunidades donde opera.
La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) resaltó la importancia de fortalecer la respuesta institucional frente al polizonaje mediante una mayor articulación entre el sistema judicial, las autoridades y el sector privado, ante su incidencia en el comercio marítimo y en la percepción internacional de los puertos dominicanos.
El polizonaje es la práctica ilegal de ingresar o sacar personas de un país de forma clandestina en un barco (u otro medio de transporte) sin autorización ni documentación, con el objetivo de viajar oculto hacia un destino, delito sancionado por la ley 426-07.
Durante el panel “Polizonaje y seguridad jurídica: roles del sistema judicial y del sector privado en el comercio internacional y la posición país”, celebrado la semana pasada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia una coordinación más efectiva que permita robustecer la respuesta frente a este fenómeno y sus efectos.
El presidente de la ANRD, Jaak Rannik, valoró el espacio como una oportunidad para abordar este desafío desde una perspectiva integral.
“El polizonaje no es únicamente un tema operativo. Es un tema de país. Las autoridades internacionales observan no solo la detección, sino también cómo se investiga y qué consecuencias tiene”, afirmó.
Rannik enfatizó que el abordaje de este fenómeno requiere una respuesta coordinada entre los distintos actores involucrados, orientada a fortalecer los procesos, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la confianza en el sistema.
En ese sentido, subrayó la necesidad de continuar impulsando esfuerzos conjuntos que fortalezcan la institucionalidad y permitan una respuesta más efectiva frente a este delito.
En el panel participaron el subdirector de Entrenamiento de la Escuela de Capacitación del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (Cesep), capitán de navío Joan Manuel Fabián Mora; el asesor de la ANRD y consultor en Derecho Marítimo, Ángel Ramos Brusiloff; y el vicepresidente de Operaciones de Hit Puerto Río Haina, Armando Rivas, quienes abordaron el tema desde perspectivas operativas, legales y de seguridad.
La actividad forma parte del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ANRD y diversas entidades del Estado, orientado a fortalecer la aplicación de la Ley 426-07, que Sanciona el Polizonaje en la República Dominicana.
Como próximo paso, se contempla la realización de una jornada de capacitación conjunta con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dirigida a fortalecer las capacidades técnicas en el abordaje de estos casos.
Rannik reafirmó el compromiso del gremio naviero de continuar apoyando los esfuerzos de fortalecimiento institucional, destacando la importancia de la coordinación entre autoridades, sistema judicial y sector privado para enfrentar este desafío de manera efectiva.
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