El retiro de un 25 % de los fondos de pensiones, aprobado este jueves por el Congreso de Perú, abre un nuevo enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno de Martín Vizcarra, que lucha en plena pandemia porque la economía también sobreviva al coronavirus.
Los congresistas promulgaron una controvertida medida que Vizcarra había pedido expresamente que no se tomara mientras se busca un acuerdo que permitiera poner dinero retenido en los fondos en manos de la población pero que evitara una retirada masiva que pueda dañar el sistema previsional.
Para afrontar la crisis generada por la COVID-19, el Gobierno autorizó hace semanas el retiro de hasta 2,000 soles (591 dólares) de los fondos privados para los desempleados, y este miércoles mismo anunció que habilitaría el retiro de otros 3,000 soles más, pero eso no fue suficiente para el Congreso.
El primer retiro habilitado supuso dar acceso a los aportantes a unos US$2,473 millones de dólares de sus pensiones.
Perú tiene 7.5 millones de afiliados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que acumulan 155,459 millones de soles (US$46,000 millones) -unos 20,000 millones (US$5,900 millones) menos que en enero-, para sus jubilaciones.
Sus altos intereses y lo insatisfactorio de su rendimiento han generado constantes críticas al sistema.
Temor al colapso
Ante el panorama de que los afiliados retiren el 25 % de sus fondos, hasta un tope de 12,900 soles (3,800 dólares), las AFP advirtieron sobre un inminente colapso del sistema privado.
Según las AFP, la retirada de ese dinero obligará a liquidar hasta un tercio de los fondos a su disposición, en un contexto global de colapso de las bolsas, lo que profundizaría la pérdida de valor de los mismos y afectará tanto a los que retiren como a quienes no lo hagan.
Además, restringiría la capacidad de las AFPs para reinvertir y ofrecer respaldo económico a las empresas peruanas para reflotar la economía una vez pase la epidemia.
"Las AFP con esta nueva ley dicen que van a tener que entregar 30,000 millones de soles (8,875 millones de dólares) para poder pagar el tope de 12,900 soles, pero no hemos pensado en el año 2008 cuando perdieron entre 23,000 y 30,000 millones de soles (8,875 millones de dólares), o 2018, donde perdieron 10,000 millones de soles (3,000 millones de dólares) y nadie dijo nada", comentó a Efe el presidente de la Asociación Peruana de Exaportantes a las AFP, Italo Lezcano.
"Ya han lucrado prácticamente 27 años, apañados por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), ya es momento de que se reestructure todo el sistema", apuntó el representante.
Reforma en un mercado informal
La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones se mostró a favor de impulsar esa reforma, pero señaló que desde la creación del sistema en 1993, "el país no ha logrado vencer la informalidad económica" y "son cada vez menos los peruanos que acceden a un empleo formal, que les permita aportar de manera sostenida para una jubilación de calidad".
La informalidad del mercado laboral asciende al 70 % de la PEA, pero precisamente esa situación debe ser atendida igualmente por el sistema previsional, en opinión del titular de la Asociación Peruana de Exaportantes a las AFP.
"Aquí tenemos una PEA que es emprendedora, no figura en planillas, el 70 % se gana su plata en la calle día a día , eso es lo que tienen que captar las AFP y el gobierno tiene que apoyar eso", declaró Lezcano.
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