En la base del funcionamiento de una economía que opera libremente, están las decisiones de quienes participan en las transacciones que se llevan a cabo. Inversionistas, compradores y vendedores deciden continuamente lo que van a hacer con su dinero, tiempo, deudas, bienes y demás activos y pasivos, tangibles e intangibles. En su gran mayoría, son decisiones rutinarias, pero algunas son de gran envergadura y trascendencia. En sistemas políticos planificados y controlados por los gobiernos, las autoridades les indican lo que deben hacer. En regímenes democráticos en los que prevalecen mercados libres, cada quien toma sus propias decisiones. En igualdad de otras condiciones, la probabilidad de que se incline por la decisión correcta es tanto mayor cuanto más elevado sea el nivel de información que haya tenido en cuenta. Tener datos sobre alternativas, precios, calidades, consecuencias, duración y demás características no garantiza el éxito de una transacción, pero incrementa la posibilidad de escoger el camino más apropiado. Es por esa razón que los economistas otorgan tanta importancia a la difusión de informaciones como requisito para que la libertad de mercados proporcione los frutos que de ella se esperan.
Todo ese razonamiento está bien, siempre que se cumpla con una condición. Las informaciones deben ser verídicas.
Disponer de un vasto caudal de informaciones falsas no es de gran ayuda. Puede ser, de hecho, más lesivo que no tener informaciones, sobre todo si el usuario no posee los medios para comprobar su veracidad, lo que presenta un dilema difícil de resolver. En principio, sería deseable contar con un ente verificador que elimine de la publicidad, redes sociales, artículos de prensa, declaraciones y otras vías de difusión, todos los datos, afirmaciones, promociones y conceptos que no se ajusten a la realidad. Pero eso sería censura, que puede dar a los que la aplican el poder de difundir puntos de vista derivados de sus propios intereses.
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