(LA CONVERSACIÓN) Cuando una compañía eléctrica opera una planta de energía alimentada con carbón o gas natural, los gases de efecto invernadero que libera causan daños, pero la compañía no está pagando por los daños.
En cambio, los costos aparecen en los miles de millones de dólares de los impuestos gastados cada año para hacer frente a los efectos del cambio climático, como combatir incendios forestales y proteger a las comunidades de las inundaciones, y en el aumento de los costos de los seguros.
Este daño es lo que los economistas llaman una “externalidad negativa”. Es un costo para la sociedad, incluidas las generaciones futuras, que no está cubierto por el precio que la gente paga por los combustibles fósiles y otras actividades que emiten gases de efecto invernadero, como la agricultura.
Para tratar de explicar parte del daño, los legisladores federales usan lo que se conoce como "costo social del carbón".
Un tira y afloja sobre el costo social
El costo social del carbón, una cifra en dólares por tonelada de dióxido de carbón liberado, se tiene en cuenta en los costos y beneficios de las regulaciones propuestas y las decisiones de compra, como si el Servicio Postal debe comprar camiones eléctricos o de gasolina, o dónde establecerlos. Estándares de emisiones para centrales eléctricas de carbón.
Ese costo social adicional puede inclinar la balanza sobre si los costos de una regulación parecen superar sus beneficios.
La administración de Trump redujo el costo social a entre $1 y $7 por tonelada métrica de dióxido de carbón, lo suficientemente bajo como para justificar la reversión de las regulaciones de la EPA sobre las emisiones de las plantas de energía y la eficiencia del combustible de los vehículos.
La administración de Biden lo elevó temporalmente y se ha estado preparando para finalizar un nuevo costo social que se espera que sea más de siete veces mayor que el de Trump. Eso podría alentar a los reguladores a presionar por recortes de emisiones en todo, desde la agricultura hasta el transporte y la fabricación.
Sin embargo, cómo y dónde se implementan las nuevas estimaciones de costos está en el aire. Un juez federal designado por Trump en Louisiana emitió una orden judicial el 11 de febrero de 2022, bloqueando el aumento interino del costo social de Biden. Aun así, las agencias federales aún deben considerar los impactos climáticos de sus decisiones regulatorias.
Qué significa el costo social para usted
Una de las primeras acciones de Joe Biden como presidente fue revertir la contabilidad de gangas del “costo social” de la administración Trump. La administración Biden lo devolvió al nivel de la era de Obama, ajustado por inflación, al establecer un costo social provisional de $51 por tonelada métrica de dióxido de carbón que aumentaría con el tiempo. Si ese fuera un impuesto al carbón pagado por los consumidores, aumentaría la gasolina en unos 50 centavos por galón.
Pero el costo social del costo carbón no tiene un efecto directo sobre el precio de la gasolina, la electricidad o los bienes intensivos en emisiones como el acero. En cambio, influye en las compras y las inversiones del gobierno e, indirectamente, de las empresas privadas y los consumidores.
Un mayor costo social del carbón indica a las empresas que el gobierno ve grandes beneficios en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Calcular el daño de las emisiones también ayuda a justificar las inversiones en tecnología verde.
Por ejemplo, el Servicio Postal de EE. UU. ha pedido al Congreso que apruebe $11.300 millones para una nueva flota de camiones de reparto de correo a gasolina. Esos vehículos consumirían 110 millones de galones de gasolina al año. A $51 por tonelada de carbón emitido, esa compra implica un costo social de $1.1 mil millones durante 20 años. La incorporación de tales costos podría empujar al gobierno a considerar la inclusión de vehículos eléctricos en la futura flota del servicio postal.
Actualmente, los economistas calculan el costo social utilizando modelos de evaluación integrados que reúnen proyecciones a largo plazo de población, crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Estos modelos utilizan escenarios de emisiones para estimar el cambio climático futuro y luego calculan los efectos sobre el PIB del país y del mundo, y pueden variar ampliamente según los supuestos utilizados.
Por ejemplo, las estimaciones de daños para 2100 producidas por los tres modelos utilizados actualmente en el proceso de fijación de costos del gobierno oscilan entre $80 y $290 por tonelada. La administración Biden estableció que el costo social interino aumente a $ 85 para 2050 para dar cuenta de un mayor impacto del cambio climático a lo largo del tiempo.
El uso de modelos para producir tales estimaciones se ha convertido en una parte rutinaria de la formulación de políticas, pero también son enormemente inciertos.
¿Por qué el costo social de Trump fue mucho más bajo?
La estimación de la administración Trump fue más baja por dos razones: representó el daño climático solo dentro de las fronteras de EE. UU.; y la administración asignó un valor más bajo a los costos futuros al establecer una tasa de descuento del 7%, más del doble del 3% utilizado por Obama y Biden. Los economistas usan diferentes tasas para "descontar" los beneficios futuros del costo que pagamos hoy para llegar allí. Una tasa de descuento alta en el clima significa que le damos un valor más bajo a los daños que ocurran en el futuro.
Como era de esperar, las tasas de descuento son polémicas. El estado de Nueva York utiliza una tasa de descuento del 2% para producir su costo social actual de carbón de $125 por tonelada. Algunos analistas abogan por una tasa de descuento del 0% porque cualquier cosa más alta otorga un valor más bajo a los costos soportados por las generaciones futuras.
El juez federal de Louisiana estuvo de acuerdo con el argumento presentado por el fiscal general republicano de ese estado de que los daños globales no podían ser considerados en los costos sociales adaptados a las regulaciones estadounidenses. El Departamento de Justicia puede apelar la decisión. Una demanda similar en Missouri fue desestimada.
Algunos académicos debaten si se debería usar un costo social del carbón.
En cambio, el Reino Unido utiliza un “análisis de rentabilidad” para determinar el valor de la eliminación de carbón. Ese método utiliza un objetivo, emisiones netas cero, y calcula la ruta más barata para llegar allí. Algunos académicos destacados recomiendan que EE. UU. adopte el enfoque del Reino Unido, mientras que otros se oponen.
Otras opciones: impuestos al carbón y topes de emisiones
Hay otras formas de contabilizar los costos del cambio climático.
Un impuesto al carbón es más sencillo y efectivo, pero más difícil de promulgar porque requiere que el Congreso actúe. Tal impuesto disuadiría a las personas de quemar combustibles fósiles al cobrarles impuestos por el daño que causan esas emisiones: la externalidad negativa.
Otra forma de fijar el precio del carbón utiliza un mercado para que las empresas negocien un número cada vez menor de permisos de emisión. Dichos programas de tope y comercio están vigentes hoy en la Unión Europea, en algunos estados de EE. UU., incluidos California y Washington, y en otros lugares.
Los impuestos y los topes a las emisiones reducirían las emisiones de carbón, pero son impopulares entre los votantes y el Congreso porque elevan los precios. Un costo social del carbón es más fácil tanto de promulgar como de modificar a través de una revisión regulatoria, sin legislación. Permite al gobierno la flexibilidad para abordar el clima a través de la formulación de políticas de rutina, pero también puede ser modificado por administraciones posteriores.
Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original aquí: https://ift.tt/zgjst1p.
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