Con variaciones derivadas de las circunstancias particulares de cada caso, la misma historia se ha repetido a lo largo del tiempo y en lugares distintos. Cuando un país es afectado por un acontecimiento que disloca el funcionamiento de sus instituciones, y carece de mecanismos sociales y políticos efectivos que le hagan retornar a las condiciones existentes previamente, es posible que su cohesión interna se resquebraje, dando paso a un proceso de fragmentación que nadie controla totalmente.
Evidentemente, no siempre sucede así, o puede ocurrir que el proceso sea de corta duración. Pero a veces, si la situación es propicia, las facciones centrífugas desencadenadas pueden consolidarse, provocando un estado de cosas que se va convirtiendo en la nueva normalidad.
Procesos de esa clase han tenido lugar, por ejemplo, en Somalia, luego del largo ejercicio gubernamental de Siad Barre, en el Líbano por causa de la guerra civil y las hostilidades con Israel, en Libia después de la caída de Gadafi, y en Colombia como consecuencia del Bogotazo. Ahora está sucediendo en Haití.
El vacío generado por la desintegración institucional no dura para siempre. Tiende a ser rápidamente ocupado por quienes tienen los medios para hacerlo. Y usualmente esos medios no consisten en propuestas concienzudas de gobierno, discursos persuasivos o programas de rehabilitación. En esas condiciones, los medios más eficaces suelen involucrar armas y otros instrumentos de fuerza.
La economía hace su entrada a escena cuando los involucrados comienzan a desarrollar actividades rentables. Inicialmente como una forma de sustento, esas actividades van ganando espacio a expensas de cualquier consideración política, ideológica o reivindicativa que hubiera estado presente. Las causas originales se pierden gradualmente de vista y las facciones se transforman en milicias dotadas de una estructura propia de generación de ingresos. Llegado ese punto, los intereses económicos laboran en favor de su permanencia.
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