Para los fines de su conservación ecológica, el mar sufre de un padecimiento peculiar. Su problema consiste en que una gran porción de él no tiene dueño que se ocupe de mantenerlo en buenas condiciones. Las dos terceras partes de los océanos no pertenecen a ningún país, lo que implica que cualquier nación puede aprovechar sus recursos prácticamente a su libre discreción, sin pensar en las consecuencias. Hay varios convenios internacionales que abarcan algunos aspectos específicos, especialmente en materia de pesca, pero no existe un acuerdo global que cubra todas las facetas relevantes. Intentos han habido, pero hasta ahora no se ha podido conseguir un consenso que permita suscribir un tratado general que establezca obligaciones e imponga sanciones por incumplimiento.
Por quinta vez, un nuevo esfuerzo se está llevando a cabo. Se espera que la acumulación de datos en torno a los perjuicios ambientales, motive a los países más poderosos a convenir pautas para la explotación sostenible de los océanos. Un 15 % de las especies marinas se considera en riesgo de extinción por diversas causas, incluyendo pesca excesiva, ruptura de las cadenas de alimentación, rutas de navegación y contaminación con desechos tóxicos.
Los propulsores del acuerdo aspiran a que para el 2030 un 30 % de los océanos haya sido colocado en condición de reserva protegida. Es un objetivo ambicioso que afecta intereses económicos. Islandia y Rusia, por ejemplo, prefieren que las actividades pesqueras queden excluidas en una primera fase, mientras otras naciones persiguen salvaguardar extracciones de minerales del fondo del mar. Un problema especial es el de países sin costas que no tienen un mar territorial, razón por la que su dependencia de las aguas internacionales es mayor.
Una meta esencial a ser alcanzada es lograr que los océanos sean visualizados como un conjunto de recursos vitales para el futuro de la humanidad, susceptibles de ser utilizados dentro de límites científicamente racionales.
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