Uno de los más poderosos argumentos en favor del establecimiento del actual sistema de pensiones, fue la expectativa de que los ahorros que se irían acumulando en las cuentas de los afiliados servirían para financiar actividades productivas. En particular, se describió un mecanismo por medio del cual serían creados nuevos puestos de trabajo, a través del fomento de inversiones en maquinarias, edificaciones, equipos y demás bienes de capital. De esa forma, los propios trabajadores contribuirían, con sus fondos para pensiones, a que surgiesen oportunidades laborales para otros trabajadores y para ellos mismos, lo que a su vez haría aumentar el monto de los recursos depositados en las cuentas. El resultado sería, por lo tanto, un más rápido crecimiento económico, un más alto nivel de vida, y pensiones más elevadas.
Dada esa expectativa risueña, que el dinero de los fondos se haya dirigido, en cambio, mayormente hacia la compra de valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, ha motivado algunos comentarios adversos, dando pie a concluir que el sistema no ha cumplido una de las premisas fundamentales que apuntalaron su creación. En vista de que la concentración de los recursos en dichos valores se debió a la escasez de opciones de inversión vinculadas con la producción, es lógico que la materialización de emisiones de acciones de compañías haya sido descrita como un acompañante clave de las inversiones en bonos corporativos, en favor de la misión de promover el desarrollo económico del país.
El júbilo generado por la emisión de las acciones es, por lo tanto, justificado, y ciertamente se espera que su impacto sobre la formación de capital y la tasa de inversión se hará sentir progresivamente.
Es relevante añadir, no obstante, que la colocación de los recursos en valores gubernamentales no ha sido estéril. Ha servido para financiar gastos públicos y para mantener la estabilidad de precios, siendo ambos objetivos de gran importancia social y económica.
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