Las declaraciones del presidente Abinader dejan en evidencia que se avecinan modificaciones en las leyes tributarias, lo cual no debe tomarnos por sorpresa pues desde hace tiempo se ha estado hablando del asunto, y si ya no sucedió fue probablemente por la pandemia y sus consecuencias depresivas sobre el dinamismo de la economía, que hicieron aconsejable evitar descensos adicionales en la demanda de bienes y servicios. La diferencia, si se desea encontrar una, es que ahora se prefiere hablar más de ajuste que de reforma, lo que le otorga una connotación más limitada, menos integral, y algo menos preocupante. Eso aparte de que ha habido tantas reformas fiscales incompletas en el pasado, que parecen ser un componente inevitable de cada cambio de gobierno, algunas de ellas proclamadas como definitivas, pero siempre seguidas por otras como parte de una cadena interminable.
También de las declaraciones emerge la perspectiva de que uno de los ingredientes del ajuste será la reducción o eliminación de algunas de las exenciones vigentes. Eso tampoco es sorprendente, en vista de que ese punto ha sido incluido de forma reiterada en las recomendaciones contenidas en los informes sobre la economía del país, elaborados por el FMI y otros organismos. Y el presidente, al mencionarlas como parte del ajuste y sin entrar en detalles, justifica su revisión en base a que ya no son requeridas. Dado que hay exenciones tanto a varias actividades productivas como a determinados bienes considerados de primera necesidad, la expresión de que no son ya imprescindibles da a entender que el enfoque primordial será sobre las exenciones concedidas a ciertas actividades, pues difícilmente podría entenderse que medicamentos y otros artículos esenciales han dejado de tener un impacto significativo en los presupuestos de las familias.
Lo anterior hace pensar que el futuro debate al respecto girará en torno a si realmente las actividades afectadas proseguirán, ya sin exenciones, como si nada hubiera pasado.
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