Las razones que apoyan que las empresas vendan una parte de sus acciones a inversionistas interesados en adquirirlas, son evidentes y numerosas. Ellas pueden por esa vía tener acceso a recursos sin incurrir en deudas adicionales, fortalecer sus índices financieros y su posición patrimonial, y ampliar sus operaciones sin afectar proyectos en curso. Es visto además como un medio para hacer posible que el ahorro de individuos y familias pueda ser colocado en títulos de capital, cuyo valor se incrementa con el avance de los negocios, ofreciéndoles participación en las ganancias y protección contra la inflación.
No es extraño, por lo tanto, que como parte de esa apertura se promueva también que a los empleados se les brinde la oportunidad de invertir en acciones de las empresas para las que trabajan. De hecho, ha llegado a ser común que esa oportunidad sea un componente importante de su remuneración, a través de la concesión de opciones de inversión que les confieren el derecho de comprar acciones a precios y condiciones especiales. De ese modo, no sólo se complementan sus salarios y demás compensaciones, sino que les crea un vínculo más estrecho con las compañías, estimulando una mayor dedicación y esfuerzo laboral.
Parte del descenso en la penetración e influencia de los sindicatos en países como los EE.UU. y Canadá, puede relacionarse con la difusión de esa clase de opciones. La intensidad de la motivación para buscar protección colectiva disminuye con la sensación de que la seguridad económica futura está respaldada por la propiedad de activos cuyo valor crece a medida que el tiempo pasa, independientemente de lo que suceda con las pensiones, inmuebles y demás puntos de apoyo. En ese sentido, el mercado de acciones asume un rol fundamental para el bienestar de los trabajadores, cuyo comportamiento como consumidores pasa a ser influido, además de por sus ingresos, por su percepción respecto de la dimensión de su riqueza.
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