Difícilmente aparezcan quienes censuren públicamente los programas de ayuda humanitaria. Hacerlo equivaldría a una manifestación de insensibilidad para con las víctimas que padecen de hambre, enfermedades, falta de alojamiento y demás vicisitudes. Si alguien se opone a brindarles asistencia, es probable que prefiera expresar sus opiniones discretamente, o disfrazarlas dentro de argumentes de tipo logístico o estratégico.
El hecho de que la ayuda humanitaria tenga una gran carga de imagen y emotividad, no impide, sin embargo, que se le pueda analizar en términos de efectividad. Y, en efecto, así se ha llevado a cabo en numerosos reportes acerca de los resultados obtenidos. No obstante, ya que esas evaluaciones son frecuentemente realizadas por las mismas entidades a cargo de asignar y entregar la ayuda, se percibe una tendencia a resaltar los beneficios que los programas han generado. En ese sentido, cuando se identifican fallos, muchas veces el enfoque se concentra en señalar las dificultades encontradas en el proceso de ejecución, sobre todo aquellas que provienen de limitaciones propias de los países o comunidades a los que se concede la ayuda.
A pesar de ese inconveniente, las evaluaciones más objetivas ponen de relieve que la eficacia de la ayuda suele estar vinculada con la naturaleza de la crisis que la motivó, y con la situación prevaleciente con anterioridad a ella. Se ha detectado, por ejemplo, que la efectividad decae significativamente en condiciones en las que existen otros graves problemas concomitantes, siendo usual en esos casos que la ayuda se diluya en el enfrentamiento con el conjunto de carencias, incluyendo restricciones en la provisión de servicios y en la recepción, almacenamiento, conservación, protección, y distribución de los bienes.
También se observan diferencias sustanciales según la clase de eventos causantes de la crisis, por ejemplo entre catástrofes naturales y conflictos sociales, siendo estos últimos más complicados de tratar.
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