República Dominicana es considerada muy a menudo como un ejemplo de éxito en el desarrollo del sector de zonas francas, pero como en los tiempos de las maquilas, aún tiene muchas prendas sobre éxitos pendiente de presentar y ofrecer al país.
Entre esos retos se destaca la necesidad de mejorar su integración con el resto de la economía dominicana, un camino sobre el que aún tiene mucho que recorrer.
Eso lo puso de relieve el Grupo del Banco Mundial, en informe divulgado en el 2017 bajo el título: “Zonas Francas Dominicana: Consideraciones de Política para un sector más competitivo e incluyente”, donde se expone como aspecto relevante el de los “encadenamientos débiles entre las zonas francas y empresas domésticas”, que sigue siendo un estadio pendiente de superarse.
A la par, según el informe, desde el 2009, cuatro años después de la terminación del Acuerdo Multifibra que dio al traste con las empresas maquiladoras en el área textil basadas en manos de obra intensivas y de baja calificación laboral, estas empresas se han ido recuperando al desarrollar capacidades para exportar productos como equipos médicos, productos farmacéuticos y electrónicos.
Pero igual que en los tiempos de las maquilas textiles: importando la mayoría de sus insumos y desarrollando “pocos acuerdos de suministro con proveedores domésticos”.
Esto se evidencia en la proporción de las importaciones realizadas por las zonas francas, con relación a sus exportaciones realizadas entre los años 2010 y 2018. Durante esos 9 años, el valor en dólares de las importaciones de las zonas francas representó el 63% del valor en dólares de sus exportaciones. En otras palabras, por cada dólar que las exportaciones de las zonas francas realizaron, se quedaron en el país solo 37 centavos de dólar, según las estadísticas publicadas por el Banco Central.
En números absolutos, entre 2010 y 2018 las zonas francas exportaron bienes por un valor total de 46,985.6 millones de dólares, e importaron bienes intermedios e insumos por un total de 29,598.5 millones de dólares, resultando en un saldo positivo para el país por un monto de 17,387.1 millones de dólares.
Eso no implica que no se hayan alcanzado significativos avances en la diversificación de las actividades productivas y hasta en el encadenamiento productivo en algunas áreas.
Según el boletín del Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF) correspondiente al 2018, en las 673 empresas que operan en el país, se desarrollan actividades productivas en áreas que van desde confecciones y textiles, a tabacos y derivados, productos agroindustriales, productos médicos y farmacéuticos, servicios, calzados y componentes, productos eléctricos y electrónicos, productos químicos, y artículos de piel, entre otras, lo que suman más de 23 especializaciones productivas.
Pero este balance puede mejorar con el crecimiento del encadenamiento productivo con las empresas locales, lo que se reflejaría en mayores volúmenes de compra internas y mayores volúmenes en la creación de empleos y demanda de mano de obra más calificadas, y por tanto mejor pagada.
En 2018, la mano de obra directa contratada ascendió a 171,726 personas, año en que creció en 3.6%, una racha que, aunque con aceleraciones y desaceleraciones, se ha sostenido desde el 2010, según el CNZF.
Sobre el tema, Gustavo González, declaró a Diario Libre que “es importante fomentar que las empresas que están dentro de las zonas francas no actúen como una isla, aislada del resto del territorio nacional, sino que también colaboren con las empresas del tejido empresarial dominicano, en determinados servicios o distribución de bienes, que incentiven también toda la economía, no solo a las zonas”.
González es el presidente de la Asociación de Zonas Franca de las Américas (AZFA), y director en la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO, por sus siglas en inglés).
Como fomento de esa integración a otros niveles con la economía nacional pone como ejemplo, “que ciertas empresas destinan parte de sus recursos o beneficios a desarrollar tecnológicamente a otras empresas” con las que desarrollan vinculaciones productivas para que los subproductos que necesitan se produzcan en el país, lo que considera un caso de éxito muy positivo.
Y explica que, con esas inversiones, las empresas de zonas francas se ven beneficiada en la medida “en que se acortan los tiempos, se acorta la logística”, además de desarrollar un mayor vínculo a largo plazo con esas empresas suministradoras de insumos y bienes intermedios.
Como parte de los incentivos del Estado dominicano para mantener y atraer nuevas inversiones en el sector de las zonas francas, además de la seguridad jurídica, también les otorga incentivos fiscales mediante exoneraciones.
Por ejemplo, para el presente año 2020, en el Presupuesto Pública se contemplan exoneraciones de impuestos para las empresas de las zonas francas industriales por un monto total de 27,165.7 millones de pesos, lo que equivale al 0.6% del PIB. Esto incluye a los impuestos sobre la renta, de los hidrocarburos, a los del selectivo al consumo, al del patrimonio y al del uso de bienes y licencias.
En su informe, el Banco Mundial observa que el surgimiento de procesos de manufactura más sofisticados en las zonas francas dominicanas ha incrementado el valor agregado. Pero concluye que “las ganancias asociadas a la generación de mayor valor agregado en la República Dominicana no se correlacionan con el desarrollo de mayores encadenamientos con empresas domésticas fuera de las Zonas Francas”.
Y Lo que sucede es que, a contrapelo de “la naturaleza más sofisticada de la producción manufacturera”, muchos insumos deben ser importados, “ya sea porque no existe disponibilidad doméstica, o debido a que los productos nacionales no satisfacen los estándares requeridos”.
Entonces las zonas francas, bajo el beneficio de elevadas exenciones fiscales cada año, aportan solo el 37% del monto sus exportaciones, lo que se reduce con la repatriación de utilidades corporativas, y bajos salarios que para un “obrero” representa unos 3,000 pesos semanales y para un “técnico” menos de 6,000 pesos mensuales, según el CNZF.
Y eso no se parece a una política de industrialización del país, que impulse lo que el Banco Mundial denomina “un crecimiento económico sostenible e incluyente en la República Dominicana”.
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