Las sociedades no son monolíticas en cuanto a las opiniones de sus integrantes. Sectores y comunidades defienden intereses propios. Aun en países donde la población es bastante homogénea y posee valores comunes, Japón es uno de ellos, las diferencias de puntos de vista son habituales. Es tarea de las instituciones democráticas encontrar soluciones que los diversos segmentos consideren aceptables, para lo cual es necesario que exista la disposición de buscar alternativas que aunque no sean ideales para todos, sean preferibles a dejar que los problemas sigan su curso.
Esa meta, sustentada por un espíritu de colaboración, se aleja si las diferencias de opinión son asumidas como estandartes políticos. En la medida en que los partidos y movimientos convierten dichas diferencias en rasgos distintivos de sus posiciones, y se identifican con tales o cuales grupos, intereses o puntos de vista, el debate pasa a ser un instrumento de la lucha entre fuerzas opuestas, y deja de ser un ejercicio constructivo para transformarse en un mecanismo para conseguir apoyos e imponer criterios.
Eso puede suceder con entidades políticas que representan a segmentos específicos, como son los de tipo indigenista, regional o laboral, excluyentes de los demás. En esos casos son frecuentes los episodios de violencia y la dificultad para llegar a acuerdos, y permanecen los puntos controversiales como fuentes de esporádicos y recurrentes conflictos.
Es lamentable que algo similar parezca estar sucediendo en los EE.UU., país en el que residen muchos de nuestros compatriotas, y del que depende en alto grado la economía dominicana. Los asuntos más relevantes para la población, entre ellos las divergencias raciales, la inflación, las desigualdades, la posesión de armas, las ayudas sociales y la inmigración, están siendo empleados como herramientas en el combate entre los dos partidos tradicionales. Hasta el aborto, un tema tan delicado, es parte de la contienda electoral.
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