El descontento que se esparce por los países latinoamericanos se ha estado manifestando como un rechazo a sus gobiernos. En una tras otra de las elecciones, los votantes han estado dando su apoyo a candidatos propuestos por partidos diferentes a los que tradicionalmente han dominado el escenario político, algunos de esos candidatos con propuestas radicales de izquierda, y otros conservadores que prometen eliminar todos los obstáculos que impiden el progreso.
Dado que la principal motivación de la población al votar es deshacerse de los gobernantes del momento, es natural que en la mayoría de los casos exista una gran dispersión en sus preferencias, la cual puede conducir a que el poder legislativo quede en manos de fuerzas que no necesariamente responden a los lineamientos del nuevo poder ejecutivo.
Quienes se oponen a las transformaciones cuentan con que las iniciativas más controversiales, que usualmente involucran cambios en las leyes, sean detenidas en el congreso, o modificadas de forma tal que sus aristas más inquietantes sean limadas y convertidas en disposiciones inocuas. Con frecuencia logran su propósito. El tiempo va pasando, los debates se prolongan, surgen contrapropuestas, y aparecen nuevos problemas que absorben la atención pública.
El descontento, no obstante, no desaparece. Sin soluciones adecuadas, las causas que dieron origen al voto de rechazo permanecen inalteradas, lo que provoca que ese descontento se vaya convirtiendo en frustración. Se pierde la fe en la capacidad de los mecanismos democráticos para poner en marcha los cambios deseados. Y se observa entonces una creciente polarización en las opiniones, se debilita la cohesión social y emerge una peligrosa tendencia a recurrir a la violencia y las confrontaciones.
De todo eso resulta la posibilidad de que el aparente éxito en bloquear las transformaciones termine desatando procesos más extremos que los que se quiso prevenir. Las lamentaciones posteriores no servirán de mucho.
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