La permanencia de Barrick Pueblo Viejo depende de un estudio ambiental que la propia minera debe realizar para que el Gobierno autorice la presa de cola que requiere esa empresa para seguir con la explotación de oro en el país. En paralelo, el Ministerio de Energía anunció que hará una licitación pública para contratar una firma que determine en qué lugares la empresa podría depositar sus desechos mineros sin causar daños al ambiente.
Para el Estado dominicano Barrick no es un asunto menor. La minera ha servido de amortiguador durante épocas de vacas flacas y representa una porción significativa de la recaudación tributaria. Entre enero y julio la minera pagó en impuestos un total de 26,568.7 millones de pesos, según los datos que maneja la Dirección General de Impuestos Internos. El monto representa un 7.4 % de los 358,670.3 millones de pesos en total que República Dominicana recaudó durante ese periodo. Barrick dice que desde 2013 el pago de impuestos ha sumado más de 117,500 millones de pesos.
Para el fisco, la minera fue la vía para escapar el año pasado a la falta de ingresos provocada por el cierre de la economía durante la pandemia del COVID-19. En varios pagos, Barrick adelantó al Estado unos 8,300 millones de pesos por la regalía por la explotación minera que debía pagarse en los años 2021, 2022 y 2023.
Pero ahora, ante el inminente agotamiento de la producción de la mina, Barrick intenta una ampliación para la cual debe hacer un estudio de impacto ambiental que sirva para que el Gobierno autorice una nueva zona para operar. Desde la empresa indicaron que se necesita realizar un estudio de prefac- tibilidad que analice diferentes alternativas sobre las zonas donde se puede instalar la presa de cola, y que luego de la selección de ese lugar es que se hará el estudio ambiental.
No hay una fecha para ese proceso; sin embargo, para lo que sí hay un plazo es para detener las operaciones de minado. La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, dijo en abril pasado que sin el estudio ambiental el cese del minado será este año.
Este fin de semana el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, anunció que se dan los últimos toques a una licitación para que una firma experta localice en qué puntos se puede instalar la presa de cola.
El proceso público, que según dijo, es preparado por los ministerios de Energía y de Medio Ambiente, servirá para determinar si la licencia ambiental procede porque esa decisión estará “supeditada al resultado del estudio que realice la empresa que resulte ganadora del sorteo de licitación”, según reseñó el propio despacho ministerial.
Ese anuncio ha generado preocupa ción entre algunos sectores.
La Comisión Ambiental y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD demandó la suspensión inmediata del proceso por considerarlo ilegal. “Es grave para la gobernanza del sector y para la transparencia institucional que el ministro de Energía y Minas haga este anuncio sin que se den a conocer los planes de la supuesta expansión de la minera”, dijo esa instancia en un comunicado.
La Ley 64-00 de Medio Ambiente establece que el promotor del proyecto —en este caso Barrick— tiene la responsabilidad de realizar el estudio de impacto ambiental y someterlo al Ministerio de Medio Ambiente para que lo apruebe.
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