El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, consideró que las alianzas público-privadas serán un elemento clave para satisfacer la demanda de infraestructura y servicios sociales de una manera efectiva, a través de una distribución de riesgos eficientes entre los sectores público y privado.
Jiménez fue el orador invitado en el primer desayuno temático del año organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) bajo el enfoque “Alianza Público Privada: Un nuevo instrumento para el desarrollo”.
Resaltó la importancia de contar con un marco normativo moderno, que garantice seguridad jurídica, competencia y transparencia durante todas las etapas del proyecto. Desde el gobierno se impulsa una base legal sobre la materia la cual ya fue aprobada en el Senado de la República y está pendiente de ser sancionada en la Cámara de Diputados, donde ya está siendo estudiada por la comisión permanente de Hacienda de esta Cámara.
En ese contexto, manifestó que dicho proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas se elaboró en coordinación constante con el sector privado y contando con asistencia de organismos internacionales y logrando obtener uno de los proyectos de ley más modernos y completos de toda América Latina, al incorporar las lecciones aprendidas por otros países y en el plano local.
La actividad también contó con la participación como panelista de Federico Villalobos, socio de Infraestructura en Deloitte para Centroamérica y República Dominicana, quien compartió algunos aspectos de experiencias internacionales obtenidas en esta dirección.
Marranzini: se trata de “pactos estratégicos”
Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, al presentar al ministro de Economía, indicó que las alianzas público-privadas no deben ser vistas en el estrecho marco de un contrato, ya que se trata de “pactos estratégicos”.
“Sin las alianzas las estrategias de desarrollo carecerán de eficacia o su eficacia será muy reducida. Es necesario construir consensos. Es necesario permanecer en el camino, con las debidas rectificaciones”, explicó Marranzini.
Al igual que Jiménez, Marranzini consideró que “la eficacia de estas alianzas dependerá mucho de la seguridad jurídica que las rodee. Si se politizan las decisiones siguientes al punto de partida, se pone en riesgo dicha seguridad”.
Consideró que “un marco jurídico como el que se plantea se convierte en fundamental como estímulo al sector privado para asociarse en proyectos del sector público e inyectar capital, innovación y agilidad”. Estas alianzas, dijo, son importantes para incrementar el gasto de capital en un país que requiere cada vez más del desarrollo de su infraestructura.
Sostuvo que las posibilidades de participación son variadas. “En el caso de la energía aspectos como el transporte, la distribución y la generación. También proyectos de puertos, aeropuertos, vías, tratamientos de aguas, transporte de hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otras prioridades que se requieren para el desarrollo social y económico de la nación.”, añadió.
Dijo que es clave la necesidad de “mirar en la misma dirección, con reglas claras y duraderas”.
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