Siendo los países pobres los que serán más perjudicados por los cambios climáticos, sería de esperar que estuvieran a la vanguardia en la puesta en marcha de medidas para reducir la contaminación y las emisiones de gases nocivos. Se ha constatado, sin embargo, que no sucede así. En lugar de ser los más proactivos en la implementación de programas para reducir el aumento global en la temperatura y proteger su ecología, esos países han demostrado ser muy dinámicos para denunciar y culpar a las naciones desarrolladas por haber creado el problema (lo que sin duda es cierto), pero muy pasivos en cuanto a lo que ellos mismos deben hacer para contribuir a moderar los daños.
Un examen superficial de esa alegada actitud la atribuye a las debilidades institucionales y la escasez de fondos públicos normalmente asociadas con el subdesarrollo. Dado el costo y complejidad de las medidas que deben ser tomadas, la capacidad de los gobiernos para aplicarlas es muy reducida, lo que lleva a que se limiten a clamar por ayuda y porque sean otros países los que hagan el trabajo.
Pero un examen más detallado del asunto revela que gran parte de la falta de acción se debe al enfoque de que es tarea de los gobiernos hacer lo que es necesario hacer. Ya que el deterioro ambiental es causado por el conjunto de actividades públicas y privadas, es imperativo que las empresas, familias e individuos se sumen al esfuerzo. Su participación, no obstante, es entorpecida por el hecho, comprobado por comparaciones de precios en un gran número de países, de que no sólo disponen de menos recursos, sino que los precios que deben pagar para disminuir su aporte a la contaminación, son sustancialmente más elevados que los vigentes en economías desarrolladas.
Los vehículos eléctricos, las fuentes alternativas de energía, el reciclaje de residuos y la conversión de biomasa en fertilizantes, entre otros ejemplos, terminan siendo más caros en los países pobres, y su financiamiento es percibido como más riesgoso.
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