En países ávidos de recibir inversiones extranjeras está cobrando fuerza la idea de que las criptomonedas pueden ayudar a alcanzar ese objetivo. El argumento que sustenta dicha idea, que tiene más de esperanza que de realidad, suele ser presentado de forma vaga e imprecisa. Se indica que de alguna forma la disponibilidad de las monedas digitales como medios alternativos de pago, promoverá la entrada de fondos de diversas fuentes, sin que éstas se limiten a quienes ya poseen tenencias de esas monedas.
Una pregunta válida al respecto es la de cuáles serían las razones por las que las criptomonedas facilitarían las inversiones, en comparación con el empleo de monedas tradicionales. Es importante tener en cuenta en ese sentido que las criptomonedas a las que el argumento usualmente hace referencia no son monedas digitales emitidas por bancos centrales. Son monedas virtuales como el bitcoin y otras, creadas con mecanismos independientes de cualquier autoridad reguladora. Viéndolo desde esa perspectiva, parece ser que el alegado efecto benéfico sobre las inversiones estaría relacionado con la procedencia de los recursos, y se podría intuir que el factor fundamental consistiría en la apertura para recibir fondos sin cuestionar su origen.
De ser así, es evidente que convertir criptomonedas no reguladas en medios de pago de curso legal puede colidir con las medidas, aplicadas internacionalmente, para combatir la delincuencia y el terrorismo. Eso expondría a los países involucrados, y a las actividades económicas financiadas con las criptomonedas, a impedimentos y sanciones por parte de socios comerciales, los cuales serían potencialmente perjudiciales para otras inversiones llevadas a cabo utilizando las monedas convencionales. Es posible, en consecuencia, que la pérdida de esas inversiones más que compense a las que se presume que dichas monedas digitales estimularían, dejando a los países afectados en peor condición que en la que se encontraban anteriormente.
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