Con planes del oficialismo de pactar una reforma fiscal antes de la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado del 2022, el Gobierno y representantes del liderazgo nacional vuelven hoy a la mesa del diálogo para discutir la metodología del paquete de reformas planteadas por el presidente Luis Abinader.
En lo que será la tercera ronda del diálogo, los representantes de los partidos, del sector empresarial, sindical, sociedad civil y el Gobierno se reunirán a las 10 de la mañana en la sede del Consejo Económico y Social (CES).
En la víspera, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló que en el Congreso Nacional esperarán que el Poder Ejecutivo logre pactar la reforma fiscal antes de aprobar el presupuesto del año venidero. “Hay el tiempo necesario para hacer estas discusiones que el presidente de la República, (Luis Abinader), ha llamado incluso a tratar de consensuar mediante el diálogo nacional”, expresó al referirse al presupuesto para el 2022.
Agregó: “Nosotros vamos a esperar el próximo paso que va a dar el Poder Ejecutivo mientras tanto vamos a ir trabajando en el trámite al presupuesto... lo que tenemos. Y lo vamos a ir trabajando en lo que el Ejecutivo termina de adecuar su situación”.
Recordó que el país está consciente de que desde el año 2012 está pendiente que se produzca un pacto fiscal, que dé como resultado una “buena reforma fiscal”.
Una fuente del Gobierno reveló a DL que “como se está en la discusión de un pacto fiscal, si se aprobara antes del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2022 podría implicar que se someta una adenda que incluya parte de lo que se aprueba en la reforma fiscal”.
Por otro lado, Pacheco consideró que a las exoneraciones para las importaciones de vehículos de motor que reciben los congresistas hay que buscarles una salida y planteó que ese tema debe ser incluido en los debates como parte de una posible reforma fiscal integral. Se mostró de acuerdo con que se contemplen sacrificios fiscales de diferentes sectores del país.
El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, favoreció que una posible reforma fiscal se discuta en paralelo con el proyecto de presupuesto. “Estamos seguros de que el Gobierno enviará una adenda del presupuesto antes de su aprobación que será casi seguro en diciembre”, precisó.
Mientras el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, señaló que la reforma fiscal actualmente no se encuentra en el renglón de las prioridades dentro de las reuniones realizadas con el liderazgo nacional para la discusión de las 13 reformas que pretende impulsar el presidente Luis Abinader.
Abreu, quien participa en calidad de representante de la unidad sindicalista, expresó que para comenzar a analizar el punto de una futura reforma fiscal ésta deber ser consensuada por Luis Abinader con los partidos políticos, debido a que éste es uno de los aspectos más complicados dentro del catálogo de reformas presentadas.
En tanto que el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, aseguró que esa organización no apoyará que en el presupuesto del año venidero sean incluidas más cargas impositivas a la población. Se refirió a la posibilidad de ejecutar medidas de políticas que quedaron pendientes de aplicar, correspondientes a la ley 253-12.
Además, de debatir sobre la reforma fiscal, el CES fue convocado para consensuar en torno a una propuesta de reformar la Constitución para la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, reorganizar las Altas Cortes, garantizar la independencia del Ministerio Público y fortalecer los órganos de control interno y externo
El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2022, enviado ayer a una comisión bicameral, que estará presidida por la Cámara de Diputados, contiene erogaciones totales ascendentes a un billón 46 mil 280 millones 72 mil pesos, un 17.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
También, prevé que los ingresos fiscales ascenderán a RD$871,485.9 millones, equivalentes al 14.9 por ciento del PIB.
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