Una fiscal pidió el martes que se condene a la empresa Ikea a pagar dos millones de euros (2.3 millones de dólares) por haber espiado a cientos de empleados y requirió tres años de cárcel para un exdirectivo de la filial francesa.
“Lo que está en juego” en este juicio es “la protección de nuestras vidas privadas frente a una amenaza, la de la vigilancia masiva”, declaró la fiscal Pamela Tabardel ante el tribunal de Versalles, a las afueras de París, pidiendo que la respuesta penal sea un “mensaje fuerte” enviado a “todas las empresas”.
“Ikea Francia no es la única” que recurre a este tipo de prácticas de vigilancia, afirmó la fiscal.
El viernes, Ikea Francia se había defendido, asegurando que se oponía a estas prácticas.
Revelado por la prensa e investigado en 2012, este caso puso al descubierto un sistema de vigilancia de los asalariados, e incluso de los clientes, que iba desde sus antecedentes penales hasta su modo de vida, pasando por su patrimonio.
Además de Ikea Francia, quince personas se sucedieron en el estrado para contar su versión de los hechos, entre ellos exdirectivos de Ikea Francia, directores de tiendas, así como funcionarios de policía y el jefe de una empresa de investigación privada.
El martes, la fiscal solicitó la liberación de dos dirigentes, pero exigió tres años de prisión, uno de ellos en firme, para el expresidente y director general de la sociedad, Jean Louis Baillot
“Deseo una pena que marque la vida de Jean Louis Baillot”, explicó la fiscal, afirmando que la “política iniciada” por el responsable había afectado la vida de al menos 400 asalariados, que fueron objeto de “investigaciones privadas”.
Los acusados comparecen por hechos cometidos entre 2009 y 2012, aunque estas prácticas ilegales se remontan a principios de los años 2000, según la fiscal, que lamentó que sólo tres años hayan sido retenidos en este expediente por cuestiones de prescripción.
El juicio continuaba con los alegatos finales de la defensa a partir de la tarde del martes.
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