La Ley Seca que prohíbe el consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas en Panamá, y que fue impuesta por el Gobierno hasta que finalice el Estado de Emergencia para frenar la expansión de la COVID-19, está recibiendo quejas del sector industrial y la población civil.
Hasta el momento, Panamá es el único país de América en imponer esta ley que busca "reducir la delincuencia y evitar las aglomeraciones de personas para frenar la propagación del virus" en el país, que ya deja 27 muertes y 1.075 contagios registrados, según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Seguridad.
Tras decretar Ley Seca en todo el territorio nacional, cientos de usuarios en internet hicieron públicas sus quejas, siempre a través del humor y aceptando la norma. Algunos, incluso, haciendo caso al rumor que llevaba propagándose durante días compraron grandes cantidades de alcohol.
Desde el pasado miércoles, los supermercados precintaron las zonas y estanterías donde están las bebidas alcohólicas con un cartel colgado que indica a los clientes que "en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 507 de fecha del 24 de marzo, no se venderá alcohol mientras se mantenga el estado de emergencia nacional".
Preocupación en el sector industrial por la economía
La imposición de esta norma preocupa al sector industrial por el impacto económico de la COVID-19 en el país: "En el sector de las industrias estamos muy preocupados por esta medida", dijo a Efe el presidente del Sindicato de Industrias de Panamá (SIP), Aldo Mangravita.
Desobediencia ante la cuarentena
La fuente del Ministerio de Seguridad explicó que la sociedad panameña estaba desobedeciendo los toques de queda impuestos por el Gobierno, el primero de ellos dedsde las 21.00 hora local a las 05.00 hora local de la mañana siguiente, y la posterior ampliación de la hora de inicio a las 17.00 hora local.
"En estos momentos se hace necesario (...) en los retenes policiales se registraban personas tomando alcohol y generando problemas con las autoridades competentes", añadió.
Los últimos datos registran que hubo cientos de personas detenidas por no cumplir la cuarentena obligatoria, en la que solo está permitido salir durante dos horas diarias, y solo tres veces a la semana, las cuales se dictan por el último número de la identificación, para intentar frenar la propagación del virus en el país.
La Ley Seca se suma al distanciamiento social, que incluye una cuarentena domiciliaria total, la suspensión de clases, la prohibición de la entrada de extranjeros y el cierre de los vuelos internacionales por 30 días.
Estas medidas han ido aumentando de forma escalonada desde el 9 de marzo cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el país.
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