El Gobierno Dominicano utilizará financiamiento por US$150 millones, previamente contratado con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo del Banco Mundial, para atender las necesidades de la población dominicana afectada por el coronavirus.
Luego de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, solicitó el primer desembolso del Préstamo para el Desarrollo de Políticas de Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT-DDO, por sus siglas en inglés), que funciona como una línea de crédito contingente, con el objetivo de proporcionar liquidez al Estado.
Los recursos recibidos serán de libre disponibilidad para apoyar el presupuesto del Gobierno central.
El contrato de préstamo fue firmado en diciembre de 2017 por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y el representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legrottaglie. El acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional en junio de 2018.
Al momento de su contratación, el presidente Medina reconoció la importancia de este financiamiento para mitigar los riesgos derivados de eventos climáticos, desastres naturales y pandemias, permitiendo al país estar mejor preparados para salvar vidas y asistir a comunidades afectadas.
El CAT-DDO responde a la implementación de la estrategia de endeudamiento público, que incluye disponer de instrumentos contingentes para socorrer a los damnificados de una catástrofe sin necesidad de obtener financiamientos acelerados con mayores costos o desviar recursos de otras inversiones prioritarias destinadas a programas sociales o de desarrollo.
Este préstamo contratado fue el primero de este tipo otorgado por el Banco Mundial en la región del Caribe y en admitir eventos asociados a emergencias de salud pública como zika, dengue, pandemias u otros.
La tasa de interés aplicable es de libor más un margen fijo de 1.6 %, actualmente estimada en 2.5 %. El préstamo tiene un período de gracia de 12 años y un plazo de repago de 19 años.
Guerrero Ortiz, coordinador de la Comisión para Atender los Asuntos Económicos y de Empleo, continúa los esfuerzos con el Banco Mundial y otros donantes para identificar fuentes financieras adicionales que permitan atender oportunamente las demandas de la población ante el impacto del COVID-19.
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