En respuesta a las recientes declaraciones de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Asociación de Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) sobre los prolongados tiempos de espera para la aprobación de permisos ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recalcó su rol de cumplir las leyes de supervisión y protección de áreas especiales.
La entidad envió un comunicado a la prensa en el que detalla que, desde hace diez meses, se encuentra en un proceso de actualización de su sistema para garantizar respuestas más rápidas y directas a cada caso. Sin embargo, negó que mantengan en retraso, por más de 45 días, las solicitudes de categoría D (CRIM).
"Sabemos que todo nuevo sistema tiene su curva de aprendizaje y que, por consiguiente, se pueden presentar retrasos y situaciones en algunos casos particulares. Aún así, el tiempo promedio de respuesta para categoría D (CRIM) es de 45 días, jamás de seis a diez meses como se plantea en el comunicado de la Acoprovi y la Aprocovici que leímos en la prensa", subrayó.
En el documento, el ministerio precisó que la implementación de la plataforma garantiza un proceso más ágil, transparente y trazable, minimizando las brechas para conductas inadecuadas o para la corrupción privada o administrativa.
"Como es de conocimiento del sector construcción, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha implementado desde hace 10 meses cambios en nuestro sistema de solicitudes de Autorizaciones Ambientales, implementado un nuevo sistema digital que hace que el usuario interactúe con nosotros de manera electrónica los siete días de la semana y las 24 horas del día", recordó.
"Como estamos implementando nuevos procesos digitales, trabajamos de la mano con los distintos sectores y, en el caso específico de la construcción y de la Acoprovi, con la que siempre hemos trabajado de la mano, cada semana actualizamos una revisión de sus casos e interactuamos para dar seguimiento a sus solicitudes", dice el documento.
Registró 36 casos concretos con dificultades de licencias
"A mediados de abril se nos comunicaron 36 casos concretos, de los cuales 9 son minas cuyas licencias fueron anuladas en el 2017 y, por lo tanto, se encuentran en una situación legal distinta a las demás solicitudes", aclaró el ministerio en su comunicado.
De las 27 restantes:
- 11 ya están concluidas
- 10 están a la espera de información por parte del usuario
- Solo 6 continúan en proceso de evaluación
Lo dicta la Ley 64-00
La evaluación de impacto ambiental es un requisito establecido en la Ley General de Medio Ambiente (64-00), cuya finalidad es prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y sus recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades. La ley indica cuáles proyectos y actividades deben ser sometidos a este proceso.
Aseveró que en la búsqueda de "mayor pulcritud y cumplimiento legal" en el procedimiento han buscado garantizar que los proyectos cumplan con los requerimientos de documentación legal al momento de realizar la solicitud, una medida que garantiza la seguridad jurídica como país, las propias inversiones de los promotores y de las familias que invierten en sus proyectos.
"Debemos referirnos nuevamente a la solicitud de que se otorgue un permiso provisional o de inicio de obra porque sería contrario al artículo 40 de la Ley 64-00, el cual es categórico al indicar que el proceso de evaluación ambiental debe ser previo al inicio de la obra, proyecto o actividad", apuntó Medio Ambiente.
En el marco del programa Burocracia Cero, el ministerio ha digitalizado sus servicios públicos, reduciendo los pasos del proceso de evaluación ambiental de 300 a 120. Estas reformas buscan identificar y eliminar los pasos ineficientes que ralentizan el proceso.
Agilizan proyectos de bajo impacto
Señaló que dicho proceso es la razón por la que se han centrado en minimizar el tiempo de trámite para los proyectos de bajo o mínimo impacto, de forma tal que pueda responder a la necesidad de desarrollo de la sociedad sin violar la ley, ni los objetivos de sostenibilidad que persigue el Gobierno dominicano.
Además, dijo que han buscado mecanismos de ampliar los equipos técnicos. "Una de las medidas que hemos tomado es el establecimiento de una unidad para trabajar exclusivamente con edificaciones en zonas urbanas, la cual comenzó a operar el pasado mes".
"Queremos reafirmar a toda la sociedad que nos reiteramos dispuestos a mantener una comunicación abierta, con canales de atención especializados, con todos los sectores porque, al fin y al cabo, nuestra misión es brindar servicio eficiente y transparente a la ciudadanía, protegiendo los recursos naturales como un patrimonio colectivo con el que todos tenemos la obligación de relacionarnos dentro de una cultura que apueste a la sostenibilidad", puntualizó el ministerio en su comunicado de respuesta.
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