Germania Montás, economista y exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), considera indispensable que las autoridades analicen primero la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) para luego avanzar con las propuestas de reforma fiscal en el país. Según entiende, la solución podría estar en la gestión y no solo en los recursos.
“Lo ideal sería que la referida ley fuera revisada a fin de adecuarla con metas y objetivos más realistas, de acuerdo con la realidad actual que ha sufrido cambios importantes que se derivan, en parte, de los efectos de la pandemia y del propio retraso del cumplimiento de la ley”, planteó la experta a Diario Libre.
Subrayó que, en estos momentos, las finanzas públicas enfrentan retos que sugieren la necesidad de mayores ingresos fiscales, además del deber de aumentar la presión tributaria a través de una reforma fiscal, que debería abordar el incumplimiento tributario.
“Creo que son necesarios más ingresos fiscales, fundamentalmente para liberar recursos para aumentar la inversión pública, pero me parece que, con los niveles actuales de precios de los alimentos, de las tasas de interés y de la gran informalidad de la economía, una reforma fiscal debería enfocarse fundamentalmente en mejorar aspectos que favorecen el combate de la evasión y la corrección de figuras cuyo diseño dificulta el cumplimiento voluntario”, apuntó.
“Para algunos expertos -agregó- también se requieren más recursos para resolver temas cuya solución es más de gestión y no se circunscribe solamente a disponer de mayores ingresos como es la deuda del Banco Central (cuasi fiscal)”.
Señaló como fundamental incluir una estrategia tributaria para promover la formalización en el país. “Si no se aborda este tema, los incrementos de las recaudaciones se irán diluyendo en el tiempo”, aseguró.
Los temas a tomar en cuenta para una reforma fiscal
Montás, con más de 25 años de experiencia en temas impositivos, enumeró cuatro puntos que se deben tomar en cuenta para la posible reforma fiscal y tributaria que estará dialogando el gobierno con la sociedad y la clase política. Propone:
- Gravar operaciones cuyo tratamiento tributario no está claro. “Resulta contraproducente o inadecuado, o sencillamente no está contemplado en la legislación actual, como pueden ser los servicios digitales y las operaciones con intangibles”.
- Corregir aspectos que complejizan el cobro de la ganancia de capital, su tasa, la definición de activos de capital y su determinación.
- Revisar las distorsiones que rompen la neutralidad en la aplicación de algunos impuestos, por tanto, impactan la eficacia de las recaudaciones.
- La racionalización de algunas leyes de incentivo, incluyendo la reducción de las exenciones del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis) por destino.
¿Cómo están las finanzas públicas?
Montás pasó un balance del estado de las finanzas públicas del país, segmentando cinco puntos que desafían la gestión gubernamental de cara a una reforma fiscal.
Citó el déficit fiscal que, en promedio en 2021–2023, ha sido del 3 % del producto interno bruto (PIB) o 204,000 millones de pesos del PIB de 2023, se presupuesta para este 2024 en 3.1 % del PIB o 231,000 millones de pesos.
Otro es la baja inversión pública, que para el periodo 2021–2023 se ubicó en 2.5 % y en 2024 se ha presupuestado en 2.1 % del PIB.
- “Esto es particularmente perjudicial para el desarrollo del país y la mejora perdurable de las condiciones de la vida de las personas. Además, a partir de 2018 el pago por intereses de deuda ha sido consistentemente mayor a los gastos de capital. En 2024, el gasto en intereses es mayor que el gasto de capital, equivalente a 1.4 % del PIB”, precisó.
Mencionó también el subsidio eléctrico, que en los últimos 10 años ha alcanzado alrededor de 370,000 millones de pesos, aproximadamente 1 % del PIB anualmente. Para 2024 se han presupuestado 86,000 millones de pesos (1.2 % del PIB), equivalente a 8 % de los ingresos fiscales.
“Debe considerarse que el peso del subsidio sobre las finanzas públicas es alto, pero que su solución no es tener más recursos para solventarlo, sino ejecutar los planes que son necesarios para que el sistema eléctrico deje de representar esa carga”, explicó la economista a Diario Libre.
Aseguró que los ingresos fiscales no pueden cubrir, siquiera, los gastos corrientes (los gastos de operación del sector público), implicando que se toman deudas para cubrir gastos operativos (contrario a la ley de Crédito Público).
Deploró que dicha situación se ha presentado recurrentemente desde 2020 y se ha convertido en un agravante de la situación actual.
“El peso del pago de intereses de deuda y presupuesto del Ministerio de Educación es muy alto para los ingresos. Solo estos dos conceptos abarcan cerca de la mitad del total de ingresos fiscales”, puntualizó.
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