República Dominicana cuenta con un sistema fiscal “excesivamente complicado”, con una base impositiva "extremadamente estrecha" debido al gran número de exenciones, deducciones, impuestos de tasa cero y asignaciones en las principales categorías tributarias, indica el Banco Mundial en un reciente informe en el que recomienda medidas que incluyen revisión de impuestos a empresas privadas y zonas francas.
En el documento “República Dominicana: Informe sobre Clima y Desarrollo” señala que el elevado umbral fiscal implica que solo el 14 % de los trabajadores formales está sujeto al pago de impuestos por ingresos sobre la renta personal. Además, la prevalencia de actividades económicas informales reduce aún más la base fiscal.
“Los elevados subsidios a la energía” también limitan el espacio fiscal, poniendo en riesgo la eficiencia del gasto, indica.
Agrega que el sector energético ejerce una importante presión de recursos sobre el Estado, con una participación promedio en el gasto total del 8 % entre 2008 y 2022, equivalentes a una transferencia promedio del 1.4 % del PIB (entre 2010 y 2022).
De acuerdo con el documento, publicado en noviembre de este 2023, el "sólido crecimiento económico de la economía local ha contribuido a la prudente posición fiscal” que ocupa el país, pero existen riesgos de sostenibilidad a largo plazo si no se mejoran los ingresos y el gasto público.
Impacto de la deuda a largo plazo
El limitado crecimiento de los ingresos fiscales del país, combinado con el hecho de que aproximadamente una quinta parte de los ingresos fiscales se destinan a pagar la deuda, se tradujo en un descenso de la inversión pública del 3.2 % en 2000 al 2.6 % del PIB en 2022, subraya el informe.
Cita que la deuda pública consolidada ha aumentado constantemente durante la última década, alcanzando un máximo durante la pandemia del COVID-19 del 69.1 % del producto interno bruto (PIB) en 2021. Mientras que en 2022, la gestión de la deuda y los resultados económicos condujeron a una reducción de dicha deuda al 58.6 % del PIB.
Sin embargo, el banco dice que persisten los riesgos de sostenibilidad, ya que la deuda se mantiene por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y surgen nuevas necesidades de gasto con un presupuesto expuesto a la incertidumbre en torno a los desastres naturales.
De acuerdo con el documento, durante el año pasado, los gastos fiscales representaron el 4.6 % del PIB (33.3 % de los ingresos fiscales totales), de los cuales las exenciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) representaron un 2.6 puntos porcentuales.
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Recomendaciones para mejorar el espacio fiscal
No es la primera vez que el Banco Mundial recomienda a República Dominicana realizar ajustes a su política fiscal. En esta ocasión, el informe apunta siete recomendaciones para la adecuación de las políticas de ingresos y gastos, observando los desafíos del cambio climático como una oportunidad para crear espacio fiscal y atraer inversión privada.
- Optimizar los gastos tributarios. El marco de gastos tributarios tiene potencial de mejora. La eliminación gradual de los gastos tributarios, como las exenciones del IVA, las deducciones del IRPF y los incentivos específicos dirigidos a determinados sectores o empresas, podría simplificar la administración fiscal y aumentar los ingresos.
- Ampliación de la base fiscal y aumento de la eficiencia. La aplicación del índice estándar del IVA a la mayoría de los bienes actualmente exentos podría ampliar la base, sugiriendo un aumento del gasto fiscal para contrarrestar los posibles efectos negativos sobre los hogares vulnerables.
- Revisión de los incentivos fiscales de las empresas. Los actuales incentivos fiscales a las empresas, incluidas las vacaciones fiscales para las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se deben revisar y posiblemente consolidar para garantizar la neutralidad fiscal entre empresas y sectores.
- Aumento de los impuestos especiales. Existe la posibilidad de aumentar los ingresos incrementando los impuestos especiales sobre el combustible, las bebidas alcohólicas y el tabaco, lo que también ayuda a internalizar los costos sociales y ambientales asociados a su consumo.
- Rediseño del régimen del impuesto sobre bienes inmuebles. Las bases fiscales y los índices del impuesto sobre bienes inmuebles se podrían ajustar periódicamente para reflejar los cambios del mercado, lo que contribuiría a la recaudación de ingresos. Los sistemas administrativos modernos, incluido el registro actualizado de la propiedad, apoyarían esta reforma.
- Incorporación de consideraciones ambientales y de cambio climático. La contradicción existente entre el impuesto sobre las emisiones de los vehículos y los subsidios a los combustibles hace necesaria una reevaluación del subsidio, manteniendo al mismo tiempo los precios de los combustibles a un nivel constante. Un impuesto sobre el carbono también podría contribuir a frenar las emisiones.
- Reforma de la Ley de Contratación Pública. La mejora de la eficiencia del proceso de contratación puede conducir a un ahorro fiscal de 4,600 millones de pesos hasta 5,300 millones de pesos (equivalente al 0.1 % del PIB) y a una mayor competencia en los mercados de productos.
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