Al tercer intento se logró. Aunque la discusión del Pacto Eléctrico se cerró en octubre de 2017 fue este 25 de febrero cuando se logró su firma, aunque con la ausencia del sector social.
El documento es el mismo acordado hace más de tres años y condensa una serie de principios sobre lo que debe ser el manejo del sector eléctrico y la participación de cada actor. El Pacto Eléctrico define un plan estratégico y de negocios que abre la puerta a una reforma profunda del sector que incluye que las Empresas Distribuidoras Eléctricas (EDE) subcontraten a otras compañías para que manejen el cobro de las facturas a sus clientes. Para ello, la Superintendencia de Electricidad tiene un plazo de 12 meses para establecer las condiciones que permitan a las EDE tercerizar la facturación.
El pacto define las metas de reducción de pérdidas y las expectativas de cobranza del servicio, así como revisiones periódicas de las tarifas. No obstante, el cronograma de metas de pérdidas y cobranzas debe ser reajustado porque quedó rezagado por la demora en la firma del documento.
Para los representantes empresariales, el Pacto Eléctrico constituye una ruta para solucionar los problemas que afectan al sector, pero su firma no implica que el Estado dominicano acabará de inmediato con los apagones.
El vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral, declaró que lo más importante es lograr la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) “que es el ancla que tiene al sector parado”. “Hay que bajar las pérdidas, las redes eléctricas hay que mejorarlas, ponerle contador a todos los usuarios y el que no pague que no pueda seguir con el servicio y bajar los costos operativos. Mientras eso no cambie vamos a seguir de la misma manera”, advirtió.
En tanto, Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), definió la firma del Pacto como la ruta para apoyar y exigir al Gobierno para llevar la transparencia y eficiencia que requiere el sector eléctrico.
Marranzini dijo que el sector eléctrico ha sido “muy costoso” para el pueblo dominicano, debido a la cantidad de recursos que hay que disponer cada año para completar el déficit generado por el sector.
Rubén Jiménez Bichara, quien encabezó la comitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que firmó el acuerdo, manifestó que era un acto de coherencia acudir a suscribir ese pacto.
El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, llamó a estar vigilantes para que se cumpla el acuerdo y advirtió que no se puede “permitir que el pacto se convierta en una simple hoja de papel”.
Afirmó que una de las grandes ventajas del pacto es que fija plazos para hacer las cosas y fija la posibilidad de un régimen de consecuencias.
Declaró que el acuerdo comienza con la firma “porque estamos acostumbrados a que compromisos de esta naturaleza, por falta de vigilancia de la ciudadanía, la clase política muchas veces la convierte en un pedazo de papel. El Pacto puede significar una gran reforma si se cumple”.
En tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó que la firma del acuerdo se constituye en un paso esencial para responder las demandas actuales, y agrega: “Nos permitirá aumentar nuestra capacidad para enfrentarnos a una nueva realidad, en donde la tecnología y la sostenibilidad son elementos imprescindibles para ser más productivos y acceder a nuevos mercados comerciales”.
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