Tras lo sucedido con el proyecto de “Ley de Modernización Fiscal”, el cual el presidente Luis Abinader solicitó que sea retirado del Congreso Nacional, los mismos sectores productivos y expertos que se oponían a la pieza legislativa reconocen la importancia de aumentar los ingresos del Estado.
Sin embargo, abogan por un pacto fiscal en el que se evalúe cada industria, sector productivo y su impacto en la clase vulnerable y trabajadora del país. De hecho, no realizarlo llevaría a la economía local por un sendero de deterioro, sin poder alcanzar el anhelado grado de inversión, debilitando el potencial crecimiento económico.
Los principales organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), vaticinaron un incremento de los intereses de la deuda y un aumento de las tasas de interés si el país no mejora sus finanzas.
En su consulta del Artículo IV con la República Dominicana, el FMI concluyó que “resulta imperiosa una reforma fiscal integral que aumente de forma duradera los ingresos fiscales -mediante la eliminación de exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva- y mejore la eficiencia del gasto, sobre todo, con una reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transferencias no focalizadas”.
Indicaron que, de esta manera, se creará el espacio que necesita el país para el gasto en desarrollo, que deberá incluir la construcción de infraestructuras resilientes a los desastres naturales, para así promover un crecimiento más inclusivo en el país.
¿Qué sigue ahora?
Sobre la reciente cancelación de la reforma por parte del Gobierno, el Banco Mundial comunicó que la República Dominicana necesita movilizar recursos para impulsar el crecimiento, tener una economía más resiliente, reducir la desigualdad y mejorar la sostenibilidad fiscal.
“A medida que las reformas sigan principios fundamentales como la equidad, la progresividad y la eficiencia económica, mejorar la movilización de recursos internos en la República Dominicana ofrece varias ventajas”, declaró la representante en el país del Banco Mundial, Alexandria Valerio.
Entre las ventajas, destacó la creación de un espacio fiscal necesario para impulsar la inversión y mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos, la posibilidad de estimular el crecimiento económico modernizando el sistema tributario y reduciendo los costos de cumplimiento para las empresas y los hogares.
Además, un aumento en los ingresos fiscales podría contribuir a mejorar el clima de inversión, al fortalecer las perspectivas fiscales y mejorar la calificación crediticia otorgada por las agencias calificadoras de riesgo, respondió.
En última instancia, el BM aseguró estar a disposición para apoyar al país, “especialmente mediante la presentación de experiencias internacionales que acompañen las metas de la visión del país”, comentó Valerio.
Diario Libre consultó al economista y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, quien observó que las autoridades consumieron “capital político importante” con la reforma que presentaron. En los procesos de reforma es importante administrar bien ese capital o apoyo de la población, dijo. “En consecuencia, es el momento de que el gobierno presente una reforma viable, que le permita recaudar y que, a la vez, tome en cuenta a los hogares y al clima de negocios del país”, expresó.
Aclaró que se trata de una reforma de bases amplias, pero con tasas reducidas, como había sugerido el Crees en sus propuestas de reforma.
“Este tipo de reformas no erosionan la base de contribuyentes, sino que tienden a ampliarla y propician el crecimiento de la economía. Mientras, por el lado del gasto, las autoridades deberán demostrar a la población que están dispuestos a lograr mejores resultados con los recursos que cuentan, incluso ahorros, y que los recursos recaudados serán usados para gastos muy necesarios y para reducir la deuda pública”, sostuvo el experto.
Citó que esta es la tercera vez que las autoridades deben dejar a un lado un cambio en los impuestos (8 de octubre de 2020, 27 de octubre de 2021 y 19 de octubre de 2024). “Es el momento de que el equipo económico tome en cuenta porqué el presidente de la república debió dirigirse a la nación en esas tres oportunidades, desestimando las políticas que dicho equipo elaboró. Debe aprovecharse el momento para otra reforma y usar muy bien el capital político que todavía pueden usar las autoridades”, agregó.
Collado sugirió a las autoridades que, de agotar los siguientes pasos para un consenso sobre la reforma s tomen en cuenta las características antes descritas, como la propuesta del Crees.
El pujante turismo
En el caso del turismo, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) aplaudió la decisión del presidente de retirar la propuesta de modernización fiscal, reconociendo la realidad del déficit fiscal que tiene el Gobierno y, por lo que se hace necesario hacer una revisión tanto del ingreso como del gasto.
Para lograr un pacto fiscal, Asonahores indicó que se deben revisar temas neurálgicos como son el sector eléctrico, educación, informalidad laboral, entre otros. “Y debemos abocarnos como sociedad hacia un pacto fiscal que permita incrementar los ingresos del gobierno, corregir ineficiencias, atacar la evasión, incrementar la formalidad y fomentar la creación de empleos”, sostuvo.
La asociación reiteró su disposición para el establecimiento de un diálogo a través del cual se pueda consensuar el mejor mecanismo de crecimiento de la economía nacional y el desarrollo de cada uno de los dominicanos asegurando la capacidad recaudatoria del Estado sin que esto implique cercenar el crecimiento económico y la generación de empleos que inciden directamente en la mejoría de las condiciones de vida de todo el pueblo dominicano.
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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dejó depositada en la Cámara de Diputados una propuesta para tomar en cuenta en los cambios al proyecto de Ley de Modernización Fiscal durante la vista pública.
“La Estrategia Nacional de Desarrollo reconoce la necesidad de un Pacto Fiscal a largo plazo. A la luz de la discusión en estos momentos del Proyecto de Modernización Fiscal, visualizamos las condiciones en esta etapa para avanzar en una gran concertación nacional, orientado al desarrollo humano y productivo inclusivo y sostenible, caracterizado por los siguientes elementos: sistema tributario ágil y simple que promueve el empleo, la inversión y la formalización, que potencialice el crecimiento económico; sistema tributario que traiga consigo una progresividad según la capacidad contributiva de cada sector; evitar las distorsiones e impuestos que sean un freno al desarrollo, que incentiven la competencia desleal y el comercio ilícito; fomentar la calidad, transparencia y optimización del gasto público; distribución equitativa de los recursos regionales, alineados con los criterios ESG respetando los derechos adquiridos y potencializando las alianzas público - privadas; una deuda pública consolidada enmarcada en la sostenibilidad ; un robusto sistema de rendición de cuentas e indicadores de medición y seguimiento e incentivar la eficiencia recaudatoria para aumentar la confianza de los ciudadanos en la administración tributaria.
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