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La Junta de Aviación Civil (JAC) de la RepúblicaDominicana firmó ocho nuevos acuerdos bilaterales en el marco del Evento de Negociación de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ICAN/2024, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia.
Estos acuerdos buscan mejorar la conectividad del país, estableciendo relaciones estratégicas que beneficien el desarrollo del transporte aéreo y el comercio.
La delegacióndominicana, liderada por Héctor Porcella, presidente de la JAC, formalizó acuerdos con:
Singapur
Surinam
Suiza
Cuba
Egipto
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Grecia
Letonia
Cada acuerdo incluye disposiciones que permiten el intercambio de derechos de tráfico aéreo, con hasta quinta libertad para pasajeros y séptima libertad para vuelos de carga, lo que dinamizará tanto el comercio como el turismo.
Además, se facilitarán operaciones bajo modalidades de código compartido, arrendamiento de aeronaves y otros acuerdos de cooperación.
“Estamos ampliando nuestras relacionesaerocomerciales y explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional”, afirmó Porcella tras la firma de los acuerdos. También indicó que algunos acuerdos se modernizaron y que se iniciaron rondas de negociación con representantes, ministros e instituciones del sector.
Reuniones para expandir la conectividad
Además de las firmas de los nuevos acuerdos, la delegación dominicana sostuvo reuniones de consulta con representantes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Estados Unidos, enfocadas en expandir las oportunidades de conectividad y fortalecer la red de relaciones internacionales en el sector de la aviación.
RepúblicaDominicana será sede de ICAN 2025
Durante la inauguración de ICAN 2024, Héctor Porcella recibió la bandera de la OACI que designa a la RepúblicaDominicana como sede del próximo evento, ICAN 2025.
Porcella destacó la importancia de este nombramiento, afirmando que permitirá ampliar aún más las relacionesaerocomerciales del país. “Ser sede de este magno evento contribuirá al incremento del turismo y el comercio, apoyando las políticas de cielos abiertos impulsadas por el presidente Luis Abinader”, expresó.
El ICAN/2024 contó con la participación de más de 700 líderes y autoridades de aviación civil de 84 países de Asia, África, Oriente Medio y Europa. El objetivo principal del evento es facilitar la firma de acuerdos de servicios aéreos entre estados, promoviendo la cooperación en el ámbito de la aviación global.
Con estos avances, la RepúblicaDominicana sigue consolidándose como un país estratégico en la región para el desarrollo de la aviación civil, apoyándose en acuerdos de servicios aéreos y en un enfoque de cielos abiertos.
La Junta de Aviación Civil (JAC) de la RepúblicaDominicana firmó ocho nuevos acuerdos bilaterales en el marco del Evento de Negociación de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ICAN/2024, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia.
Estos acuerdos buscan mejorar la conectividad del país, estableciendo relaciones estratégicas que beneficien el desarrollo del transporte aéreo y el comercio.
La delegacióndominicana, liderada por Héctor Porcella, presidente de la JAC, formalizó acuerdos con:
Singapur
Surinam
Suiza
Cuba
Egipto
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Grecia
Letonia
Cada acuerdo incluye disposiciones que permiten el intercambio de derechos de tráfico aéreo, con hasta quinta libertad para pasajeros y séptima libertad para vuelos de carga, lo que dinamizará tanto el comercio como el turismo.
Además, se facilitarán operaciones bajo modalidades de código compartido, arrendamiento de aeronaves y otros acuerdos de cooperación.
“Estamos ampliando nuestras relacionesaerocomerciales y explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional”, afirmó Porcella tras la firma de los acuerdos. También indicó que algunos acuerdos se modernizaron y que se iniciaron rondas de negociación con representantes, ministros e instituciones del sector.
Reuniones para expandir la conectividad
Además de las firmas de los nuevos acuerdos, la delegación dominicana sostuvo reuniones de consulta con representantes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Estados Unidos, enfocadas en expandir las oportunidades de conectividad y fortalecer la red de relaciones internacionales en el sector de la aviación.
RepúblicaDominicana será sede de ICAN 2025
Durante la inauguración de ICAN 2024, Héctor Porcella recibió la bandera de la OACI que designa a la RepúblicaDominicana como sede del próximo evento, ICAN 2025.
Porcella destacó la importancia de este nombramiento, afirmando que permitirá ampliar aún más las relacionesaerocomerciales del país. “Ser sede de este magno evento contribuirá al incremento del turismo y el comercio, apoyando las políticas de cielos abiertos impulsadas por el presidente Luis Abinader”, expresó.
El ICAN/2024 contó con la participación de más de 700 líderes y autoridades de aviación civil de 84 países de Asia, África, Oriente Medio y Europa. El objetivo principal del evento es facilitar la firma de acuerdos de servicios aéreos entre estados, promoviendo la cooperación en el ámbito de la aviación global.
Con estos avances, la RepúblicaDominicana sigue consolidándose como un país estratégico en la región para el desarrollo de la aviación civil, apoyándose en acuerdos de servicios aéreos y en un enfoque de cielos abiertos.
La Junta de Aviación Civil (JAC) de la RepúblicaDominicana firmó ocho nuevos acuerdos bilaterales en el marco del Evento de Negociación de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ICAN/2024, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia.
Estos acuerdos buscan mejorar la conectividad del país, estableciendo relaciones estratégicas que beneficien el desarrollo del transporte aéreo y el comercio.
La delegacióndominicana, liderada por Héctor Porcella, presidente de la JAC, formalizó acuerdos con:
Singapur
Surinam
Suiza
Cuba
Egipto
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Grecia
Letonia
Cada acuerdo incluye disposiciones que permiten el intercambio de derechos de tráfico aéreo, con hasta quinta libertad para pasajeros y séptima libertad para vuelos de carga, lo que dinamizará tanto el comercio como el turismo.
Además, se facilitarán operaciones bajo modalidades de código compartido, arrendamiento de aeronaves y otros acuerdos de cooperación.
“Estamos ampliando nuestras relacionesaerocomerciales y explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional”, afirmó Porcella tras la firma de los acuerdos. También indicó que algunos acuerdos se modernizaron y que se iniciaron rondas de negociación con representantes, ministros e instituciones del sector.
Reuniones para expandir la conectividad
Además de las firmas de los nuevos acuerdos, la delegación dominicana sostuvo reuniones de consulta con representantes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Estados Unidos, enfocadas en expandir las oportunidades de conectividad y fortalecer la red de relaciones internacionales en el sector de la aviación.
RepúblicaDominicana será sede de ICAN 2025
Durante la inauguración de ICAN 2024, Héctor Porcella recibió la bandera de la OACI que designa a la RepúblicaDominicana como sede del próximo evento, ICAN 2025.
Porcella destacó la importancia de este nombramiento, afirmando que permitirá ampliar aún más las relacionesaerocomerciales del país. “Ser sede de este magno evento contribuirá al incremento del turismo y el comercio, apoyando las políticas de cielos abiertos impulsadas por el presidente Luis Abinader”, expresó.
El ICAN/2024 contó con la participación de más de 700 líderes y autoridades de aviación civil de 84 países de Asia, África, Oriente Medio y Europa. El objetivo principal del evento es facilitar la firma de acuerdos de servicios aéreos entre estados, promoviendo la cooperación en el ámbito de la aviación global.
Con estos avances, la RepúblicaDominicana sigue consolidándose como un país estratégico en la región para el desarrollo de la aviación civil, apoyándose en acuerdos de servicios aéreos y en un enfoque de cielos abiertos.
La Junta de Aviación Civil (JAC) de la RepúblicaDominicana firmó ocho nuevos acuerdos bilaterales en el marco del Evento de Negociación de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ICAN/2024, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia.
Estos acuerdos buscan mejorar la conectividad del país, estableciendo relaciones estratégicas que beneficien el desarrollo del transporte aéreo y el comercio.
La delegacióndominicana, liderada por Héctor Porcella, presidente de la JAC, formalizó acuerdos con:
Singapur
Surinam
Suiza
Cuba
Egipto
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Grecia
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Cada acuerdo incluye disposiciones que permiten el intercambio de derechos de tráfico aéreo, con hasta quinta libertad para pasajeros y séptima libertad para vuelos de carga, lo que dinamizará tanto el comercio como el turismo.
Además, se facilitarán operaciones bajo modalidades de código compartido, arrendamiento de aeronaves y otros acuerdos de cooperación.
“Estamos ampliando nuestras relacionesaerocomerciales y explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional”, afirmó Porcella tras la firma de los acuerdos. También indicó que algunos acuerdos se modernizaron y que se iniciaron rondas de negociación con representantes, ministros e instituciones del sector.
Reuniones para expandir la conectividad
Además de las firmas de los nuevos acuerdos, la delegación dominicana sostuvo reuniones de consulta con representantes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Estados Unidos, enfocadas en expandir las oportunidades de conectividad y fortalecer la red de relaciones internacionales en el sector de la aviación.
RepúblicaDominicana será sede de ICAN 2025
Durante la inauguración de ICAN 2024, Héctor Porcella recibió la bandera de la OACI que designa a la RepúblicaDominicana como sede del próximo evento, ICAN 2025.
Porcella destacó la importancia de este nombramiento, afirmando que permitirá ampliar aún más las relacionesaerocomerciales del país. “Ser sede de este magno evento contribuirá al incremento del turismo y el comercio, apoyando las políticas de cielos abiertos impulsadas por el presidente Luis Abinader”, expresó.
El ICAN/2024 contó con la participación de más de 700 líderes y autoridades de aviación civil de 84 países de Asia, África, Oriente Medio y Europa. El objetivo principal del evento es facilitar la firma de acuerdos de servicios aéreos entre estados, promoviendo la cooperación en el ámbito de la aviación global.
Con estos avances, la RepúblicaDominicana sigue consolidándose como un país estratégico en la región para el desarrollo de la aviación civil, apoyándose en acuerdos de servicios aéreos y en un enfoque de cielos abiertos.
Los agroempresarios analizan cómo regularizar a sus trabajadores extranjeros en el sector agropecuario e incentivan a que más dominicanos se integren a las labores agrícolas ante la política de deportaciones que ha emprendido el Gobierno dominicano.
El director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, enfatizó que los empleadores en el sector agropecuario tienen claro que deben tener a sus trabajadores "en regla" con lo que establecen las leyes migratorias dominicanas.
"La ley es dura, pero es la ley", acotó, reconociendo que ha habido sectores que dependen en hasta un 90 % de la mano de obra haitiana, que se han visto en aprietos con las deportaciones masivas.
Indicó que la falta de institucionalidad del gobierno haitiano para facilitar documentos esenciales para sus inmigrantes haitianos (como los pasaportes) en medio de la crisis que vive ese país ha sido una de las principales trabas para la regularización de los trabajadoreshaitianos en la agropecuaria.
A esto, se suma la necesidad de que el gobierno dominicano encuentre "soluciones transitorias" a la regularización, reconoció el ministro de Agricultura, Limber Cruz.
Indicó que existen alternativas, entre las cuales se encuentra la emisión de carnés transitorios a los trabajadores que esperan por la tramitación de sus documentos.
"Hay muchos mecanismos. Por ejemplo, si tú tienes un trabajador haitiano que tiene más de dos años yendo a tu predio agrícola tú puedes darle, en lo que ellos sacan sus documentos, un carné transitorio", ponderó, agregando que sostendrá una reunión esta semana para analizar otras posibles salidas para la regularización.
"Claro,no es una solución para siempre, porque hay que legalizar, no a los haitianos, a todos los extranjeros (en condición irregular)", manifestó.
El sectorbanero es el que más demanda de esta mano de obra. Las exigencias sobre este rubro, uno de los más destacados en las exportaciones agrícolas, hace que tengan que tener hasta registro biométrico de los trabajadores en sus fincas, remarcó Benítez.
A este sector le siguen rubros como el arroz y el café, así como la ganadería.
En una conversación con miembros de la prensa en el marco del evento "Retos y oportunidades del comercio agrícola ante la apertura comercial, destacando lo establecido en el DR-Cafta", Benítez indicó que el sector se está preparando para buscar la manera de integrar a más dominicanos al campo.
"No nos queda más remedio", zanjó, añadiendo que es un reto para la agropecuaria, ya que los dominicanos (sobre todo los jóvenes) carecen de interés por la agricultura.
Explicó que, en su caso personal, llegó a tener hasta 77 haitianos trabajando, pero que ahora solo le quedan siete, debido a que ha incorporado tecnologías (como el uso de drones para la fumigación), además de ayudar a sus empleados con el financiamiento de motocicletas, una estrategia de incentivo con la que ha podido atraer a 26 trabajadoresdominicanos.
Afirmó que la nacionalización de la mano de obra es una medida que ha sido estudiada en una mesa de trabajo, conformada por representantes del sector construcción, agropecuario y turismo, tres de los segmentos productivos que más dependen de la mano de obra extranjera.
"Hemos hecho un documento dirigido al Gobierno dominicano, que le dice: no queremos más haitianos en la República Dominicana. Con los que tenemos aquí, se puede hacer el trabajo. ¿Cómo se regulariza? Bueno, o los haitianos se organizan o Dominicana puede buscar un mecanismo, una fórmula para eso", sostuvo.
Explicó que ha sostenido reuniones con el Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, para estudiar políticas de fomento que atraigan a los dominicanos a trabajar en el campo.
De su parte, Cruz explicó que el Ministerio de Agricultura ha buscado fomentar entre los productores la adopción de nuevas tecnologías que eleven la productividad, incentiven el relevo generacional y capaciten a quienes se dediquen a las labores agrícolas.
El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, afirmó que todos los aspectos presentados en el proyecto de ley de reforma laboral, depositado el 10 de octubre en el Senado de la República, han sido discutidos en el marco del Consejo Consultivo del Trabajo y, entiende, que el país debe continuar avanzando y construir los próximos pasos sobre los consensos alcanzados.
De Camps se mostró confiado en que el Congreso apruebe la propuesta, lo que permitiría al país avanzar hacia una legislación moderna que proteja mejor los derechos de los trabajadores, empleadores y fortalezca las herramientas del Ministerio para tener mayor cobertura en términos regulatorios.
"Todos conocemos que hace algunas semanas se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código de Trabajo que tiene elementos consensuados entre trabajadores, empleadores y el gobierno. No hay nada en ese proyecto que no haya sido previamente consensuado (…) Hay elementos que cada sector quisiera agregar, pero lo que hemos logrado avanzar es poder hacer que la población disfrute de esas mejoras", destacó el funcionario.
Ante la insistencia del sector empleador de la República Dominicana sobre la necesidad de abrir un espacio de diálogo acerca de la cesantía en el Congreso Nacional, el ministro reiteró que todos los temas fueron abordados en el diálogo tripartito.
"Durante más de dos años estuvimos dialogando y discutiendo todos los temas. Todos los temas fueron parte de la conversación. Obviamente, no todos los temas logramos consensuar. Pero sí, todos los temas lo abordamos de manera respetuosa, de manera diligente y de manera profunda", indicó De Camps.
Añadió que, tras la aprobación del proyecto, se seguirán tratando otros asuntos de interés.
"Lo que proponemos es que el país disfrute de los consensos alcanzados y, una vez aprobado, atenderemos muchos otros temas, porque, aunque el sector empleador ha planteado preocupaciones legítimas, siempre hay aspectos que necesitan atención", subrayó.
Por su lado, Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), aclaró que su organización no busca retirar el proyecto de ley, sino abrir un espacio para que los legisladores escuchen las propuestas del sector empresarial en torno a la cesantía.
"Lo que pedimos es un espacio en el Congreso para presentar nuestra posición sobre la reestructuración del auxilio de cesantía y el preaviso. No estamos pidiendo que se retire el proyecto, sino que se nos brinde la oportunidad de ser escuchados", resaltó.
Peña Izquierdo también mencionó que han propuesto varias opciones para abordar la cesantía de los trabajadores y expresó su esperanza de que se les conceda ese espacio en el Congreso.
Recientemente, la representante del sector empresarial presentó algunas alternativas para sustituir la cesantía, pero aclaró que están abiertos al diálogo tripartito.
Propuestas
Las opciones de la Copardom para reestructurar la cesantía consisten en:
Establecer un tope de años para que haya un límite en la duración de la cesantía, sugiriendo un rango de cinco y ocho años.
Definir un tope de salarios para que la base de cálculo para la cesantía se limite a un número específico de salarios mínimos.
La cesantía se podría sustituir por la implementación de un seguro de desempleo. Adoptar un modelo que permita a los trabajadores contar con un respaldo económico en caso de despido.
Entre las opciones está el fondo de Cesantía, señaló que se podría establecer un fondo específico que sirva como alternativa al sistema actual de cesantía.
Ambos funcionarios hablaron en el marco del XXII Congreso de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), centrado en la "Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en entornos disruptivos". Este congreso reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre la prevención de riesgos laborales en un contexto global caracterizado por rápidos cambios tecnológicos y nuevas formas de trabajo.
"Hoy enfrentamos entornos laborales altamente disruptivos, donde la tecnología redefine las formas de trabajar, y los riesgos laborales se diversifican y complejizan”, apuntó el funcionario.
En este contexto, De Camps dijo que su responsabilidad como líderes gubernamentales es acompañar a las empresas y trabajadores en su adaptación a estos cambios, proporcionándoles el marco regulatorio adecuado, pero también las herramientas, los recursos y el acompañamiento necesario para que puedan hacer frente a los desafíos de la nueva era del trabajo.
Dijo que el Gobierno seguirá apostando por el diálogo tripartito entre los sectores, con el fin de crear políticas inclusivas que beneficien a todos los actores involucrados.
"Es por esta razón que abogamos por una modernización del Código Laboral, para fortalecer los derechos de trabajadores y empleadores, sin comprometer la salud de quienes día a día construyen el progreso de nuestra nación", resaltó el ministro de Trabajo.
Por otra parte, Laura Peña Izquierdo expresó ayer su preocupación por la alta tasa de siniestralidad vial en el país que, según World of Statistics, ocupa el primer lugar a nivel mundial con 65 muertes por cada 100 mil habitantes.
"Estas cifras nos muestran una dura verdad: vidas jóvenes y productivas se ven truncadas por imprudencias en las vías públicas, por fallos en el mantenimiento de vehículos, o la falta de infraestructura adecuada", señaló la presidenta de Copardom.
En ese sentido, dijo que desde Copardom quieren desarrollar esquemas colaborativos con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), que, entre enero y octubre de este año ha reportado 40,520 accidentes laborales, de los cuales el 22 % ocurren en el sector industrial, el 17 % en el comercio y el 15 % en alojamiento, comida y bebida. Es decir, cerca del 55 % de los accidentes laborales se concentran en tres sectores productivos.
"Es preocupante que el 65 % de los accidentes reportados por Idoppril en ese mismo periodo ocurran en el trayecto, cifra que coincide con la de World of Statistics", indicó.
El Banco Popular Dominicano y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam) ofrecieron la charla “Bienestar y la salud de la mujer emprendedora”, como parte del programa Emprende Mujer, destinado al apoyo del emprendimiento femenino.
La conferencia estuvo a cargo de la presidenta del Pacam, Soraya Lara, quien subrayó ante los asistentes la importancia del autoconocimiento, la autoaceptación y la autoconfianza como primer paso para lograr la resiliencia de la mujer emprendedora.
De acuerdo con Lara, esto permite desarrollar una actitud de optimismo para enfrentar los fracasos como eventos externos y circunstanciales, y, finalmente, construir y mantener relaciones armoniosas que ayuden a la mujer a preservar su salud mental y emocional.
La presidenta del Pacam enfatizó la importancia de entender y cambiar los estereotipos y la asignación de roles de género, ya que estos pueden afectar la autoimagen y las expectativas personales de las emprendedoras.
De acuerdo a un comunicado de prensa, en el evento se proporcionaron herramientas para mejorar la resiliencia y el equilibrio entre el bienestar emocional y físico de las emprendedoras, así como el desarrollo de sus proyectos empresariales.
La actividad congregó a un quórum de 200 personas, incluyendo clientes de pymes, miembros del programa de becas Excelencia Popular, colaboradores y relacionados de la organización bancaria, en la sede corporativa de la Torre Popular.
Compromiso con el liderazgo femenino
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento del Popular, Antonia Antón de Hernández, destacó el compromiso del Banco Popular de apoyar a las mujeres en su camino hacia la independencia financiera, proporcionándoles herramientas y recursos esenciales para sus emprendimientos.
“Las mujeres emprendedoras son innovadoras y líderes cruciales para el desarrollo económico. En el Banco Popular, el 46 % de nuestros clientes son mujeres, lo que demuestra la importancia de su participación en nuestra visión de sostenibilidad”, afirmó.
En el comunicado se destaca que la iniciativa Emprende Mujer del Banco Popular es una plataforma empresarial de apoyo y acompañamiento a las mujeres, diseñada para ayudarlas a crecer, dar el salto hacia la independencia financiera y crear empresas exitosas.
El exjuez Milton Ray Guevara manifestó su apoyo a la aprobación del proyecto de ley de modernización y actualización del Código de Trabajo, que se conoce actualmente en el Senado de la República, y valoró que el proyecto se haya llevado a cabo etapa por etapa, porque “la política del todo o nada no conduce a ninguna parte”.
El abogado, autor del actual Código de Trabajo, expresó su respaldo al proyecto señalando que está alineado con las necesidades y realidades de la sociedad dominicana de los últimos 20 años.
El exsecretario de Trabajo entiende que la actualización del Código es fundamental para abordar los desafíos contemporáneos del mundo laboral y garantizar un marco legal que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.
“Recordemos hoy, mañana y siempre que dialogar es construir… El presidente Abinader prometió una reformalaboral, y el ministro Luis Miguel (De Camps), con sobria y eficaz mediación, ha logrado grandes avances en las relaciones laborales gracias al espíritu dialogante de los interlocutores sociales”, expuso el constitucionalista durante su intervención en el Foro sobre Reforma Laboral realizado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Sus consideraciones fueron compartidas en una nota de prensa.
Destacó que en el proyecto de ley se registran avances importantes en materia de la jornada de trabajo, suspensión del contrato, aumento de vacaciones, horas extras y el aumento del 100 % de la licencia de paternidad de dos a cuatro días en caso de alumbramiento de esposa o compañera.
“Pero también está todo el trabajo virtual y está todo lo del serviciodoméstico. La eliminación o disminución de la cesantía no deben bloquear la reformalaboral al estilo de las tres causales y el Código Penal”, apuntó el abogado.
Agregó que los avances logrados deben ser incorporados por ley al Código, y las partes deben darse un plazo prudente para examinar la posible integración de figuras tales como seguro de desempleo ampliado.
El Foro sobre la Reforma Laboral en República Dominicana fue organizado por la Escuela de Derecho de la PUCMM, junto a otras dos instituciones, donde los tres sectores involucrados: gobierno, patronos y trabajadores, coincidieron en los avances
La Asociación de Dueños de Paneles Solares (Adupas), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (Aseefeer) y la coalición RD100% Renovable presentaron a la Superintendencia de Electricidad (SIE), su posición unificada en torno al reglamento propuesto por la institución oficial para regular la instalación de paneles solares sobre techos.
En un documento entregado ayer a la institución, llamaron “a defender a los consumidores y no al gran capital y a las empresas distribuidoras de electricidad".
Subrayaron que el reglamento que debe aprobar la SIE debe tener la finalidad de proteger, promover y regular la generación distribuida, tal como lo ordena la Ley 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales del 7 de mayo de 2007, y proteger a los consumidores, de acuerdo con la naturaleza de la SIE.
Reclamaron que el reglamento “reconozca y garantice el derecho de toda persona a beneficiarse del Sol sin permisos previos y sin pago alguno por hacer uso de este derecho, así como reconocer el derecho de todas las personas de tener acceso a la electricidad y la obligación del Estado dominicano de garantizar este derecho”.
También argumentaron en el documento que el reglamento debe incluir la ratificación de la medición neta como norma de relación de equidad entre los usuarios con paneles solares en techos y las empresas prestadoras.
“Se entiende como medición neta que los usuarios de paneles solares en techos recibirán el mismo precio por la electricidad que inyecten a las redes que por la electricidad que consumen y pagan a las empresas distribuidoras”, explicaron.
Escaso impacto de la ley
Las instituciones evidenciaron el bajo desarrollo en el país de la citada legislación, resaltando que tras los 17 años de haberse promulgado, solo 16,707 usuarios han instalados paneles solares sobre techos. De estos -enfatizaron- únicamente un centenar está en el sector de bajo consumo, de menos de 700 kWh al mes, siendo el segmento de clientes que abarca el 98 % de la totalidad de las EDEs.
Este es un indicador de un desarrollo muy limitado, y de que los sectores populares que son la mayoría de la población y de los usuarios, están excluidos de la generación distribuida, afirman en el documento.
Abogan por la masificación de los paneles solares sobre techos
Indican que la energíadistribuida ha tenido un bajo desarrollo en el país y citan el dato de que en los 17 años de haberse promulgado la Ley 57-07 de Incentivo de las Energías Renovables, solo 16,707 usuarios han instalado paneles solares sobre techos, lo que representa el 0.53 % de todos los clientes.
Pusieron de relieve que de estos 16,707 usuariosconpaneles solares, únicamente un centenar está en el sector de bajo consumo, de menos de 700 kilovatios por hora (kWh) al mes.
“Esta situación es un indicador de un desarrollo muy limitado, y de que los sectores populares, que son la mayoría de la población y de los usuarios, están excluidos de la generación distribuida”, sostienen.
Resaltan que esta propuesta de reglamento de la SIE tiene un foco de control que obvia la necesidad de aumentar la generación distribuida ante la situación energética nacional.
“Queremos que el resultado de las observaciones y discusiones alrededor de la propuesta logren la masificación de la energíadistribuida, mejorando con esto la calidad de vida de la población y la competitividad de las empresas”, dice la nota.
En el documento depositado, las entidades critican y rechazan una serie de disposiciones que contiene el reglamento propuesto por la SIE que “violan el derecho de propiedad”, el principio constitucional de no retroactividad y restringen la capacidad del usuario de instalar tanto paneles como necesite para su consumo.
Refutan que a los usuarios de baja tensión se les cobre cargo por uso de las redes eléctricas, así como a los usuarios de mayor consumo se les cobre por potencia de inyección, cuando ya pagan por potencia de demanda.
“Hemos observado que la potencia no determina el consumo de energía de ningún cliente. Ni la potencia define la capacidad para abastecer el autoconsumo con una planta fotovoltaica. Esta es una manera disfrazada de cobrar a estos clientes por el uso de las redes eléctricas”, apuntan en la comunicación.
En ese orden, también expresan su disconformidad con que las distribuidoras solo paguen el 75 % del crédito anual acumulado por el usuario, quedándose con el 25 % sin ninguna justificación, y paguen esta electricidad al cliente a un precio mucho menor por el que pagó por ella a las EDE.
Califican el reglamento de la SIE de “anti paneles solares” y aseguran que “todas las sanciones contenidas en el reglamento están dirigidas a los usuarios” y ninguna de estas sanciones a las empresas prestatarias del servicio eléctrico.
Parte de los principales dirigentes del sector empresarial de Santiago reaccionaron sobre las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader luego de que retiró del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Modernización Fiscal.
Marco Cabral, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao (Asocibao), tras expresar su respaldo al mandatario, abogó por un diálogo nacional en busca de un mejor equilibrio fiscal que siga impulsando el crecimiento económico y el desarrollo social, que reduzca la informalidad, que aumente la competitividad y que fortalezca el sistema productivo.
"Desde la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao confirmamos nuestra disposición de trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo y todas las fuerzas vivas de la nación para construir, todos juntos, las alternativas fiscales que nos permitan alcanzar de manera sostenida mayores niveles de desarrollo social y económico", expuso Cabral.
A su juicio, el país necesita a mediano plazo llegar a los acuerdos y consensos para equilibrar mejor las finanzas del Estado.
En iguales términos se expresó Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (Acis).
"Desde la Acis reafirmamos nuestra voluntad de colaborar activamente en la construcción de ideas que impulsen una recaudación más eficiente y efectiva, contribuyendo al desarrollo sostenible y equitativo de la República Dominicana", apuntó Filpo.
Los dirigentes de ambas entidades expresan su respaldo al liderazgo y al compromiso con el diálogo demostrado por el presidente Abinader, en su decisión de retirar la reforma fiscal
Evasión fiscal y el gasto
De su lado, el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo (Apedi), Saúl Abreu, entiende que el gobierno tiene los mecanismos y las medidas para disminuir el gasto público y eficientizar las recaudaciones para obtener los recursos que requiere.
“Esperamos que los resultados sean lo más eficientes posible para que se puedan cumplir con los objetivos de preservar la estabilidad macroeconómica”, señaló Abreu.
Además, apela a que con lo que se pueda recaudar se continúen haciendo las inversiones públicas que el país requiere para su desarrollo.
El director ejecutivo de Apedi favorece que las autoridades ataquen a los evasores del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis).
Considera que con el ataque a esa evasión se promueve un comercio más justo, con relación a los sectores que sí están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.
El presidente Luis Abinader reveló este lunes durante LA Semanal con la Prensa que su Gobierno no presentará una nueva propuesta de reforma fiscal y que hará los ajustes presupuestarios en base al presupuesto actual.
El mandatario dijo que la Dirección General de ImpuestosInternos (DGII) toma medidas drásticas, desde cierres hasta procedimientos judiciales y penales contra los evasores.
A solo ocho días de que venza el plazo de 90 días otorgado por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para que los comerciantes protejan los botellones de agua expuestos a los rayos del sol, el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, hizo un llamado a ese sector para que cumplan con lo acordado.
"El objetivo principal de Pro Consumidor es garantizar que lo que se comercializa cumpla con las normativas establecidas y no ponga en riesgo la salud de los dominicanos", afirmó Alcántara.
La medida busca salvaguardar la salud de los consumidores, evitando que los botellones de agua queden expuestos al sol, lo que podría afectar la calidad del producto.
Solicitan extensión del plazo
En una entrevista con Diario Libre, Alcántara explicó que varias asociaciones de comerciantes han solicitado una extensión del plazo debido a conflictos con las autoridades municipales. Al parecer, algunos comercios han enfrentado problemas al intentar revestir los exhibidores de los botellones con publicidad de determinadas marcas o del propio establecimiento.
Pro Consumidor aún no ha decidido si otorgará una prórroga, ya que actualmente se están realizando levantamientos para verificar si los revestimientos acordados con las asociaciones de embotelladores de agua cumplen con la normativa.
"Si determinamos que se ha cumplido en una proporción adecuada o que existen obstáculos legítimos, podríamos considerar una extensión de 15 a 30 días. De lo contrario, aplicaremos las sanciones establecidas en la ley"Eddy AlcántaraDirector Ejecutivo de Pro Consumidor“
Las sanciones que podrían enfrentar
Las sanciones mencionadas están contempladas en los artículos 104, 105, 110, 111 y 112 de la Ley 358-05 sobre Protección a los Derechos del Consumidor. Estas incluyen multas que van desde 200 hasta 1,000 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción, así como la posibilidad de cierre temporal del establecimiento o la suspensión de permisos comerciales.
Alcántara también señaló que se podrían tomar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la normativa.
"Podríamos incautar los productos que se están comercializando de manera inadecuada o tomar acciones administrativas contra los embotelladores de agua"Eddy AlcántaraDirector Ejecutivo de Pro Consumidor“
En los levantamientos realizados hasta el momento, se ha verificado que algunos comercios aún no han iniciado el proceso de revestimiento. "Hemos sido claros en que se debe cumplir con la fecha establecida, salvo que Pro Consumidor decida extender el plazo", concluyó el funcionario.
Tras unos días de protestas y descontento en la mayoría de la población, el presidente Luis Abinader anunció el pasado sábado el retiro de la reformafiscal.
“Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal de la agenda del Congreso Nacional”, anunció el presidente.
Esta reforma, entre otras cosas, pretendía incrementar retenciones sobre los honorarios y premios por juegos de azar; eliminaba incentivos al sector turismo, modificaba artículos para subir impuestos y, lo más importante, quería reestructurar el impuesto sobre la propiedad.
Pero la reformafiscal no pudo avanzar y lo ocurrido aquí no es exclusivo, pues en América Latina han sido varios los escenarios de procesos como estos.
¿Cómo han influido las reformas fiscales en otros países de Latinoamérica?
Colombia tropezó con varias decisiones. En primer lugar, intentó aplicar la reformafiscal en plena pandemia, en 2021. Además, estas medidas significaban dos grandes polémicas: Por un lado, un impuesto del 10 % a los ingresos de personas a partir de 374 dólares, con un salario mínimo de 248 dólares. Por otro lado, aumentar el IVA a los productos básicos cuando el país se encontraba con cifras de desempleo altas.
Todo salió mal. Según informó la Defensoría del Pueblo de la región, en las protestas hubo al menos 19 muertos y más de 800 heridos. Tras esto, el presidente Iván Duque retiró la reforma.
En 2006, a los uruguayos les tocó afrontar una reformafiscal que modificó completamente el sistema tributario vigente. Lo que diferencia esa reforma de la que se quería aplicar en República Dominicana es que no tenía como meta aumentar la recaudación.
Dos de las medidas más importantes fueron bajar los impuestos indirectos al consumo e incentivar a la inversión disminuyendo impuestos a las empresas. Como anuncia el CEPAL, en términos fiscales el efecto fue neutro y tuvo favorables efectos en la clasemedia.
En 2014, Chile aprobó una reformafiscal importante que pretendía recaudar el 3 % del PIB. Estas medidas se centraron en el alza de los impuestos a las empresas y la disminución de los impuestos a las personas.
Estas medidas tuvieron el siguiente efecto: Las personas con más ingresos aportarían más a la recaudación. Además, se aumentó el impuesto a la renta de las empresas del 20 % al 25 %.
Esta reforma aumentó la equidad en el sistema tributario, teniendo un impacto positivo en la distribución del ingreso de las personas. Antes de esta reforma, el 25 % del impuesto total recaudado era pagado por casi 12,000 contribuyentes. Después de la reforma, el 25 % era pagado por 1,411 contribuyentes, es decir, unas 10,000 personas menos.
RFI entrevistó al economista Ricardo Martner acerca de este tema. “Todos sabemos que la desigualdad en AméricaLatina es un problema estructural y crónico y que hay una conciencia creciente de que eso se resuelve de a poco, pero con medidas, con reformas”, expresó el economista.
Es decir, son necesarias las reformas fiscales, sí. Sin embargo, tienen que hacerse atendiendo dos factores importantes. “Primero, la distribución del ingreso. Somos el continente más desigual del mundo. Eso es irrefutable. Y lo segundo es que la pobreza también ha aumentado fuertemente en nuestra región y hay que tomar medidas para reducirla”, determinó.
Juan Ariel Jiménez, economista dominicano, propone alternativas para reducir evasiónfiscal
El economista y profesor de Harvard, Juan Ariel Jiménez, señaló que la solución al problema fiscal debe iniciar por reducir la evasión, antes de pedirle más sacrificios a la clasemedia.
Jiménez expresó que la evasión no solo es posible, sino que podría aumentar las recaudaciones significativamente sin poner más carga sobre la clasemedia, indicó que si República Dominicana lograra alcanzar la misma eficiencia recaudatoria del ITBIS que tiene Costa Rica, se podría aumentar los ingresos en un 1.7% del PIB, una cifra mayor a lo que la reforma pretendía recaudar.
“Para lograr esto, necesitamos una combinación de tecnología, mejoras en la administración tributaria y un poco de creatividad”, señaló.
La fusión de la autoridadtributaria y aduanas: el caso de Perú
El exministro de economía destacó el caso de Perú, que en 2002 decidieron fusionar la autoridadtributaria con la de aduanas, creando una sola entidad para manejar tanto los impuestos internos como el comercio exterior. Como resultado, la recaudación aumentó en un 1% del PIB y el contrabando bajó del 4.5% al 1.5% en cinco años”, explicó.
Señaló que una fusión entre la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) podría generar resultados similares, simplificando procesos, mejorando el control y, sobre todo, aumentando la recaudación sin necesidad de aumentar los impuestos.
Tecnología para detectar evasión: el caso de Australia
Jiménez puso como ejemplo a Australia en el uso de tecnologías avanzadas para detectar evasión, destacó que en ese país la inteligencia artificial se utiliza para analizar millones de transacciones y detectar comportamientos sospechosos de evasión fiscal, una medida que ha permitido identificar fraudes fiscales por más de 2,500 millones de dólares en un solo año.
“Sería idóneo un sistema similar en República Dominicana, donde la inteligencia artificial pueda cruzar información de ingresos, gastos y activos de personas y empresas para detectar discrepancias. El gobierno pudiera acercarse al OCDE para establecer mecanismos de cooperación técnica que nos permitan aprender de esas buenas prácticas”, dijo.
Caso creativo y exitoso de reducción en evasión de Brasil
Jiménez destacó el caso de Sao Paulo, Brasil, donde tuvieron en 2007 la idea de la "NotaFiscal Paulista", que consiste en que por cada compra, los consumidores reciben incentivos para pedir facturas, participando en sorteos y obteniendo reembolsos de hasta el 30 % del IVA pagado; medida que ayudo´ a educar a los consumidores sobre la importancia de pedir facturas y también redujo la evasión de manera significativa.
“Una versión dominicana de este programa, en donde cada factura fiscal incluya un número de lotería, dándole al consumidor la oportunidad de ganarse diariamente un premio de hasta 1 millón de pesos, sería una medida factible”, dijo.
El presidente Luis Abinader aseguró ayer que las exportaciones nacionales están creciendo, registrando cuatro años de cifras récord.
Durante La Semanal con la Prensa, informó que en el periodo 2020-2023 las exportaciones generaron 45,804.3 millones de dólares, creciendo esta un 23.5 % respecto al 2016-2019, previo a la pandemia.
“Para los primeros nueve meses de 2024 se registra un crecimiento (de) 30.4 % en relación con ese periodo prepandemia de 2019”, afirmó.
Dijo que a la fecha el país cuenta con 3,979 exportadores de 2,974 productos en más de 30 provincias, que van dirigidos a 156 mercados.
Entre los principales logros de los últimos cuatro años, Abinader citó la modernización de la Ley General de Aduanas para apoyar la facilitación comercial, la implementación del primer plan de promoción comercial con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el levantamiento del impedimento a productos como la pitahaya, carnes, batata y coco, a mercados internacionales. Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, dio a conocer que hay más de 500 empresas exportadoras lideradas por mujeres, con salarios promedio de RD$ 34,651.
Posicionamiento mundial
Durante el 2023, el país fue el primer exportador de cigarros puros al mundo, el primer exportador de ron a España y de disyuntores de cortacircuitos a Estados Unidos y de instrumentos de uso de ostomía a EE.UU. y el mundo. Por igual, fue el segundo exportador de piñas a Israel, el tercer exportador de aguacate a EE.UU. y de banano al Reino Unido.
Tras lo sucedido con el proyecto de “Ley de Modernización Fiscal”, el cual el presidente Luis Abinader solicitó que sea retirado del Congreso Nacional, los mismos sectores productivos y expertos que se oponían a la pieza legislativa reconocen la importancia de aumentar los ingresos del Estado.
Sin embargo, abogan por un pacto fiscal en el que se evalúe cada industria, sector productivo y su impacto en la clase vulnerable y trabajadora del país. De hecho, no realizarlo llevaría a la economía local por un sendero de deterioro, sin poder alcanzar el anhelado grado de inversión, debilitando el potencial crecimiento económico.
Los principales organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), vaticinaron un incremento de los intereses de la deuda y un aumento de las tasas de interés si el país no mejora sus finanzas.
En su consulta del Artículo IV con la República Dominicana, el FMI concluyó que “resulta imperiosa una reforma fiscal integral que aumente de forma duradera los ingresos fiscales -mediante la eliminación de exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva- y mejore la eficiencia del gasto, sobre todo, con una reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transferencias no focalizadas”.
Indicaron que, de esta manera, se creará el espacio que necesita el país para el gasto en desarrollo, que deberá incluir la construcción de infraestructuras resilientes a los desastres naturales, para así promover un crecimiento más inclusivo en el país.
¿Qué sigue ahora?
Sobre la reciente cancelación de la reforma por parte del Gobierno, el Banco Mundial comunicó que la República Dominicana necesita movilizar recursos para impulsar el crecimiento, tener una economía más resiliente, reducir la desigualdad y mejorar la sostenibilidad fiscal.
“A medida que las reformas sigan principios fundamentales como la equidad, la progresividad y la eficiencia económica, mejorar la movilización de recursos internos en la República Dominicana ofrece varias ventajas”, declaró la representante en el país del Banco Mundial, Alexandria Valerio.
Entre las ventajas, destacó la creación de un espacio fiscal necesario para impulsar la inversión y mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos, la posibilidad de estimular el crecimiento económico modernizando el sistema tributario y reduciendo los costos de cumplimiento para las empresas y los hogares.
Además, un aumento en los ingresos fiscales podría contribuir a mejorar el clima de inversión, al fortalecer las perspectivas fiscales y mejorar la calificación crediticia otorgada por las agencias calificadoras de riesgo, respondió.
En última instancia, el BM aseguró estar a disposición para apoyar al país, “especialmente mediante la presentación de experiencias internacionales que acompañen las metas de la visión del país”, comentó Valerio.
Diario Libre consultó al economista y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, quien observó que las autoridades consumieron “capital político importante” con la reforma que presentaron. En los procesos de reforma es importante administrar bien ese capital o apoyo de la población, dijo. “En consecuencia, es el momento de que el gobierno presente una reforma viable, que le permita recaudar y que, a la vez, tome en cuenta a los hogares y al clima de negocios del país”, expresó.
Aclaró que se trata de una reforma de bases amplias, pero con tasas reducidas, como había sugerido el Crees en sus propuestas de reforma.
“Este tipo de reformas no erosionan la base de contribuyentes, sino que tienden a ampliarla y propician el crecimiento de la economía. Mientras, por el lado del gasto, las autoridades deberán demostrar a la población que están dispuestos a lograr mejores resultados con los recursos que cuentan, incluso ahorros, y que los recursos recaudados serán usados para gastos muy necesarios y para reducir la deuda pública”, sostuvo el experto.
Citó que esta es la tercera vez que las autoridades deben dejar a un lado un cambio en los impuestos (8 de octubre de 2020, 27 de octubre de 2021 y 19 de octubre de 2024). “Es el momento de que el equipo económico tome en cuenta porqué el presidente de la república debió dirigirse a la nación en esas tres oportunidades, desestimando las políticas que dicho equipo elaboró. Debe aprovecharse el momento para otra reforma y usar muy bien el capital político que todavía pueden usar las autoridades”, agregó.
Collado sugirió a las autoridades que, de agotar los siguientes pasos para un consenso sobre la reforma s tomen en cuenta las características antes descritas, como la propuesta del Crees.
"Las autoridades consumieron capital político importante con la reforma que presentaron"Miguel ColladoVicepresidente ejecutivo de Crees“
El pujante turismo
En el caso del turismo, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) aplaudió la decisión del presidente de retirar la propuesta de modernización fiscal, reconociendo la realidad del déficit fiscal que tiene el Gobierno y, por lo que se hace necesario hacer una revisión tanto del ingreso como del gasto.
Para lograr un pacto fiscal, Asonahores indicó que se deben revisar temas neurálgicos como son el sector eléctrico, educación, informalidad laboral, entre otros. “Y debemos abocarnos como sociedad hacia un pacto fiscal que permita incrementar los ingresos del gobierno, corregir ineficiencias, atacar la evasión, incrementar la formalidad y fomentar la creación de empleos”, sostuvo.
La asociación reiteró su disposición para el establecimiento de un diálogo a través del cual se pueda consensuar el mejor mecanismo de crecimiento de la economía nacional y el desarrollo de cada uno de los dominicanos asegurando la capacidad recaudatoria del Estado sin que esto implique cercenar el crecimiento económico y la generación de empleos que inciden directamente en la mejoría de las condiciones de vida de todo el pueblo dominicano.
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Fuente externa(C[ESAR DARGAM, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONEP.)
El CONEP propone ocho pilares
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dejó depositada en la Cámara de Diputados una propuesta para tomar en cuenta en los cambios al proyecto de Ley de Modernización Fiscal durante la vista pública.
“La Estrategia Nacional de Desarrollo reconoce la necesidad de un Pacto Fiscal a largo plazo. A la luz de la discusión en estos momentos del Proyecto de Modernización Fiscal, visualizamos las condiciones en esta etapa para avanzar en una gran concertación nacional, orientado al desarrollo humano y productivo inclusivo y sostenible, caracterizado por los siguientes elementos: sistema tributario ágil y simple que promueve el empleo, la inversión y la formalización, que potencialice el crecimiento económico; sistema tributario que traiga consigo una progresividad según la capacidad contributiva de cada sector; evitar las distorsiones e impuestos que sean un freno al desarrollo, que incentiven la competencia desleal y el comercio ilícito; fomentar la calidad, transparencia y optimización del gasto público; distribución equitativa de los recursos regionales, alineados con los criterios ESG respetando los derechos adquiridos y potencializando las alianzas público - privadas; una deuda pública consolidada enmarcada en la sostenibilidad ; un robusto sistema de rendición de cuentas e indicadores de medición y seguimiento e incentivar la eficiencia recaudatoria para aumentar la confianza de los ciudadanos en la administración tributaria.
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