El economista y miembro del Comité Político del PLD, Richard Medina, aseguró que el Gobierno debe atender los aranceles impuestos a las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos para garantizar la competitividad de los productos nacionales en ese mercado.
A Estados Unidos se exporta cerca de la mitad de todo lo que el país comercia en el exterior y, a partir de la madrugada del pasado viernes 24 de julio, debe pagar un arancel adicional de 12.5 % impuesto por la nación norteamericana.
El principal problema de esta situación es que Guatemala, Honduras y El Salvador, socios en el DR-Cafta y competidores directos de las zonas francas dominicanas, pagan 10 %, lo que afecta sustancialmente la competitividad de esa industria, considerando que los costos de producción y manofactura en estos territorios son similares.
Medina indicó que el Gobierno “no prestó la debida atención y fue muy reactivo” frente a un tema que se viene arrastrando desde 2023.
El arancel que avisó
“Entiendo que deben estar preparando eh alguna misión para ver cómo pueden subsanar la situación, pero realmente de por de proseguir esto en el tiempo se va a constituir en una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones versus varios países de Centroamérica que son nuestros competidores naturales”, advirtió.
Reacción tardía
Ante esta situación, el Gobierno solo ha respondido con un decreto firmado, a la carrera, horas antes que entraba en vigencia la imposición. Este conflicto data aproximadamente de finales de febrero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que el presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto invocando poderes de emergencia.
Frente a la negativa, la administración republicana estableció un arancel puente del 10 %, con una vigencia legal de 150 días y, paralelamente, construyó el régimen definitivo mediante investigaciones al amparo de la Sección 301 de su legislación comercial.
Desde el 5 de junio, se informó que los países que adoptaran formalmente una prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso pagarían un arancel de 10 %. Sin embargo, quienes no lo hicieran enfrentarían una tasa de 12.5 %.
Parte de las principales críticas se centra en que, durante estos meses, distintos gobiernos del mundo elaboraron normativas que los protegieran frente a este régimen. Países como Honduras, Guatemala, India, Sri Lanka, Camboya y Trinidad y Tobago tomaron acciones para obtener una reclasificación antes de que se implementara la medida.
- El Decreto 502-26 del Poder Ejecutivo, del jueves 23 de julio, prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso
El economista reiteró que se debe atender el tema. “Pienso que la situación es muy compleja. El gobierno tiene que dar respuesta a esto”, agregó.
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