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Las subvenciones públicas a los combustibles fósiles casi se duplicaron en 2021 respecto al año anterior, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que las consideran ineficaces y piden que se dedique ese dinero a las alternativas que no generan emisiones causantes del cambio climático.
En un estudio que recoge datos de 51 países publicado este lunes, ambos organismos internacionales cifran en 697,200 millones de dólares las ayudas públicas para esos combustibles fósiles el pasado año, frente a los 362,400 millones de 2020.
En términos relativos, el mayor incremento de las subvenciones fue para la electricidad generada con combustibles fósiles, con 209,300 millones de dólares en 2021, lo que significa multiplicar por 2.65 las del ejercicio precedente.
En el caso del gas, las ayudas públicas se multiplicaron por 2.48 hasta 166,000 millones de dólares.
La progresión fue menos pronunciada para el petróleo, del 54 %, aunque fue el combustible fósil que más dinero absorbió, 302,000 millones de dólares.
Esa evolución está en directa relación con la subida de los precios de la energía que se produjo el pasado año. Como ese aumento ha continuado e incluso se ha acelerado en 2022, la OCDE y la AIE anticipan un nuevo incremento de las subvenciones.
El director general de la OCDE, Mathias Cormann, advirtió de que las alzas importantes de las subvenciones lo que hacen es favorecer el consumo de esos combustibles generadores de emisiones "sin ayudar necesariamente a las familias de bajos ingresos".
Por eso, propuso sustituirlas por "medidas que protejan a los consumidores de los impactos extremos de las fluctuaciones de las fuerzas del mercado y de las fuerzas geopolíticas y que nos permitan tanto mantener la línea de la neutralidad de carbono, garantizar la seguridad energética y mantener la energía a precios abordables".
Con esa misma posición, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, subrayó que "las subvenciones a los combustibles fósiles son un obstáculo a la emergencia de un futuro más sostenible".
A su parecer, "incrementar la inversión en tecnologías e infraestructuras limpias es la única solución sostenible para la crisis energética mundial actual y la mejor forma para reducir la exposición de los consumidores a los costos elevados de los combustibles".
La Dirección General de Aduanas y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana presentaron este viernes la máquina de rayos X de última generación, ORION® 928DX, para la inspección no intrusiva y precisa de equipajes, por requerimiento de la nueva ley de Aduanas.
En una nota de prensa, Aduanas explicó que esta máquina con sistema Rapiscan, es un equipo de doble generador para la visualización de imágenes a doble ángulo (horizontal y vertical).
El acto estuvo encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside y el señor Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Sanz Lovatón dijo que con la utilización de esta tecnología se vela por la seguridad nacional y se combate el comercio ilícito.
Mientras que el presidente y CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, destacó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana maneja el 60 % de todos los pasajeros que arriban al país y con este escáner se facilitará su proceso de llegada.
Explicó que el equipo permite una penetración al acero de 35 milímetros, para una mejor visualización de los objetos escaneados, con una rampa baja para facilitar al pasajero la colocación rápida y cómoda del equipaje.
De acuerdo con la información, estos equipos permitirán agilizar el proceso de desembarque de pasajeros en la terminal, al evitar la inspección física y apertura de equipaje de los viajeros que arriban al país por ese aeropuerto, quienes, tras varias horas de vuelo, desean llegar a su destino final lo antes posible.
Estos escáneres están diseñados para detectar una amplia gama de explosivos y narcóticos en tiempo real durante el proceso de escaneo, marcando una amenaza potencial en la imagen de rayos X, gracias a los algoritmos de detección de “Rapiscan®? Systems”.
También sirve para identificar materiales orgánicos resaltando las áreas basadas en el rango seleccionado por el operador, y/o en el modo interactivo que permite al operador la opción de mostrar las áreas en valores de píxel.
La terminal acoge a más de ocho millones de turistas en tránsito anualmente, y tiene proyectado un mayor crecimiento para los próximos años.
La Dirección General de Aduanas y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana presentaron este viernes la máquina de rayos X de última generación, ORION® 928DX, para la inspección no intrusiva y precisa de equipajes, por requerimiento de la nueva ley de Aduanas.
En una nota de prensa, Aduanas explicó que esta máquina con sistema Rapiscan, es un equipo de doble generador para la visualización de imágenes a doble ángulo (horizontal y vertical).
El acto estuvo encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside y el señor Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Sanz Lovatón dijo que con la utilización de esta tecnología se vela por la seguridad nacional y se combate el comercio ilícito.
Mientras que el presidente y CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, destacó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana maneja el 60 % de todos los pasajeros que arriban al país y con este escáner se facilitará su proceso de llegada.
Explicó que el equipo permite una penetración al acero de 35 milímetros, para una mejor visualización de los objetos escaneados, con una rampa baja para facilitar al pasajero la colocación rápida y cómoda del equipaje.
De acuerdo con la información, estos equipos permitirán agilizar el proceso de desembarque de pasajeros en la terminal, al evitar la inspección física y apertura de equipaje de los viajeros que arriban al país por ese aeropuerto, quienes, tras varias horas de vuelo, desean llegar a su destino final lo antes posible.
Estos escáneres están diseñados para detectar una amplia gama de explosivos y narcóticos en tiempo real durante el proceso de escaneo, marcando una amenaza potencial en la imagen de rayos X, gracias a los algoritmos de detección de “Rapiscan®? Systems”.
También sirve para identificar materiales orgánicos resaltando las áreas basadas en el rango seleccionado por el operador, y/o en el modo interactivo que permite al operador la opción de mostrar las áreas en valores de píxel.
La terminal acoge a más de ocho millones de turistas en tránsito anualmente, y tiene proyectado un mayor crecimiento para los próximos años.
La Dirección General de Aduanas y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana presentaron este viernes la máquina de rayos X de última generación, ORION® 928DX, para la inspección no intrusiva y precisa de equipajes, por requerimiento de la nueva ley de Aduanas.
En una nota de prensa, Aduanas explicó que esta máquina con sistema Rapiscan, es un equipo de doble generador para la visualización de imágenes a doble ángulo (horizontal y vertical).
El acto estuvo encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside y el señor Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Sanz Lovatón dijo que con la utilización de esta tecnología se vela por la seguridad nacional y se combate el comercio ilícito.
Mientras que el presidente y CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, destacó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana maneja el 60 % de todos los pasajeros que arriban al país y con este escáner se facilitará su proceso de llegada.
Explicó que el equipo permite una penetración al acero de 35 milímetros, para una mejor visualización de los objetos escaneados, con una rampa baja para facilitar al pasajero la colocación rápida y cómoda del equipaje.
De acuerdo con la información, estos equipos permitirán agilizar el proceso de desembarque de pasajeros en la terminal, al evitar la inspección física y apertura de equipaje de los viajeros que arriban al país por ese aeropuerto, quienes, tras varias horas de vuelo, desean llegar a su destino final lo antes posible.
Estos escáneres están diseñados para detectar una amplia gama de explosivos y narcóticos en tiempo real durante el proceso de escaneo, marcando una amenaza potencial en la imagen de rayos X, gracias a los algoritmos de detección de “Rapiscan®? Systems”.
También sirve para identificar materiales orgánicos resaltando las áreas basadas en el rango seleccionado por el operador, y/o en el modo interactivo que permite al operador la opción de mostrar las áreas en valores de píxel.
La terminal acoge a más de ocho millones de turistas en tránsito anualmente, y tiene proyectado un mayor crecimiento para los próximos años.
La Dirección General de Aduanas y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana presentaron este viernes la máquina de rayos X de última generación, ORION® 928DX, para la inspección no intrusiva y precisa de equipajes, por requerimiento de la nueva ley de Aduanas.
En una nota de prensa, Aduanas explicó que esta máquina con sistema Rapiscan, es un equipo de doble generador para la visualización de imágenes a doble ángulo (horizontal y vertical).
El acto estuvo encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside y el señor Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Sanz Lovatón dijo que con la utilización de esta tecnología se vela por la seguridad nacional y se combate el comercio ilícito.
Mientras que el presidente y CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, destacó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana maneja el 60 % de todos los pasajeros que arriban al país y con este escáner se facilitará su proceso de llegada.
Explicó que el equipo permite una penetración al acero de 35 milímetros, para una mejor visualización de los objetos escaneados, con una rampa baja para facilitar al pasajero la colocación rápida y cómoda del equipaje.
De acuerdo con la información, estos equipos permitirán agilizar el proceso de desembarque de pasajeros en la terminal, al evitar la inspección física y apertura de equipaje de los viajeros que arriban al país por ese aeropuerto, quienes, tras varias horas de vuelo, desean llegar a su destino final lo antes posible.
Estos escáneres están diseñados para detectar una amplia gama de explosivos y narcóticos en tiempo real durante el proceso de escaneo, marcando una amenaza potencial en la imagen de rayos X, gracias a los algoritmos de detección de “Rapiscan®? Systems”.
También sirve para identificar materiales orgánicos resaltando las áreas basadas en el rango seleccionado por el operador, y/o en el modo interactivo que permite al operador la opción de mostrar las áreas en valores de píxel.
La terminal acoge a más de ocho millones de turistas en tránsito anualmente, y tiene proyectado un mayor crecimiento para los próximos años.
La Dirección General de Aduanas y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana presentaron este viernes la máquina de rayos X de última generación, ORION® 928DX, para la inspección no intrusiva y precisa de equipajes, por requerimiento de la nueva ley de Aduanas.
En una nota de prensa, Aduanas explicó que esta máquina con sistema Rapiscan, es un equipo de doble generador para la visualización de imágenes a doble ángulo (horizontal y vertical).
El acto estuvo encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside y el señor Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Sanz Lovatón dijo que con la utilización de esta tecnología se vela por la seguridad nacional y se combate el comercio ilícito.
Mientras que el presidente y CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, destacó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana maneja el 60 % de todos los pasajeros que arriban al país y con este escáner se facilitará su proceso de llegada.
Explicó que el equipo permite una penetración al acero de 35 milímetros, para una mejor visualización de los objetos escaneados, con una rampa baja para facilitar al pasajero la colocación rápida y cómoda del equipaje.
De acuerdo con la información, estos equipos permitirán agilizar el proceso de desembarque de pasajeros en la terminal, al evitar la inspección física y apertura de equipaje de los viajeros que arriban al país por ese aeropuerto, quienes, tras varias horas de vuelo, desean llegar a su destino final lo antes posible.
Estos escáneres están diseñados para detectar una amplia gama de explosivos y narcóticos en tiempo real durante el proceso de escaneo, marcando una amenaza potencial en la imagen de rayos X, gracias a los algoritmos de detección de “Rapiscan®? Systems”.
También sirve para identificar materiales orgánicos resaltando las áreas basadas en el rango seleccionado por el operador, y/o en el modo interactivo que permite al operador la opción de mostrar las áreas en valores de píxel.
La terminal acoge a más de ocho millones de turistas en tránsito anualmente, y tiene proyectado un mayor crecimiento para los próximos años.
El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó hoy que el precio internacional del barril del petróleo de Texas (WTI) promedió ligeramente por encima de los 92 dólares, un incremento de 2.1 % con relación a la semana pasada, y un alza acumulada anual de 24.9 %, por lo cual el gobierno mantiene el subsidio extraordinario con casi 500 millones de pesos para la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre.
"El gobierno del presidente Luis Abinader ha considerado nueva vez mantener los precios de los combustibles, evitando con ello que veamos aumentos que van desde los 12 pesos por galón de gasolina premium hasta costos exhorbitantes como el gasoil regular y el óptimo en casi 80 pesos por galón”, explicó Pérez Fermín.
Informó que el gobierno asumirá una deuda de casi 500 millones de pesos, solo para esta semana, evitando con ello que las alzas se concreten e impacten el bolsillo.
Desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció este viernes que una de las lecciones aprendidas a raíz de la pandemia es que aunque a veces pueda resultar conveniente llevar a su máxima potencia la actividad económica, su sobrecalentamiento crea un serio riesgo de inflación.
En su intervención en el simposio de política económica de la Reserva Federal en Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.), la directora adjunta del FMI, Gita Gopinath, indicó que esta es una de las lecciones aprendidas de los últimos años, en que la covid-19 y la guerra en Ucrania han sido un "test de estrés" para las políticas monetarias de los distintos países.
Como resultado de la pandemia de covid-19 y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los resultados de la política monetaria podrían ser peores de lo esperado, y "el trabajo de los bancos centrales devendría mucho más complejo", indicó la economista.
Según Gopinath, la recuperación económica de la pandemia muestra que llevar la actividad económica a su pleno potencial crea un riesgo de inflación "significativo", aunque esta estrategia pueda resultar en determinados casos la apropiada.
Cuando la economía opera a plena capacidad -un objetivo habitualmente anhelado por la clase política y los principales actores económicos- el desempleo cae, sectores clave sufren problemas de suministro y las presiones inflacionarias se vuelven más intensas.
"La dificultad de medir la falta de actividad económica hace que sea difícil anticipar exactamente cuándo se producirá inflación, pero el riesgo aumenta significativamente en una economía que marche a ritmo acelerado", apuntó la directora adjunta del FMI.
Gopinath también indicó que la clase política debe refinar su implementación de medidas diseñadas para lidiar con impactos temporales en la cadena de suministro, puesto que la pandemia y la guerra muestran que estos impactos pueden tener efectos mayores y más persistentes sobre la inflación cuando la economía se sobrecalienta.
La economista se mostró esperanzada de que los bancos centrales puedan contener la inflación en los próximos dos años, pero alertó de que uno de los mayores riesgos es que las expectativas inflacionarias se disparen y dejen de estar vinculadas a datos y análisis sobre la realidad de la economía.
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reconoció este viernes que restaurar la estabilidad de precios "probablemente requerirá" mantener una postura monetaria "restrictiva durante algún tiempo".
En su discurso de inauguración de la reunión de dirigentes económicos de Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.), Powell admitió no obstante que "en algún momento" será recomendable ir "moderando el ritmo de subidas" de tipos de interés.
Powel recordó que en julio, tras subir los tipos 0.75 puntos, se advirtió de otro posible "aumento inusualmente grande" en septiembre, pero hoy condicionó la posible subida a la evolución de los datos y de las perspectivas económicas.
En su intervención, el presidente del banco central estadounidense admitió que restaurar la estabilidad de precios "llevará algún tiempo" y el uso "enérgico" de las herramientas para lograrlo provocará un periodo de crecimiento sostenido "por debajo" de lo estimado.
Con las tasas de interés más altas, un crecimiento más lento y una relajación del mercado laboral, esta situación traerá algunos "problemas a los hogares y las empresas", reconoció.
Pese a ello, no tomar medidas "significaría un dolor mucho mayor". "Los registros históricos advierten fuertemente contra la relajación prematura de las políticas monetarias", agregó.
"Debemos seguir hasta que el trabajo esté hecho", recalcó Powell, quien en su análisis macroeconómico consideró que la economía estadounidense sigue mostrando un momento "fuerte" como fuerte está su mercado de trabajo.
Sí advirtió, no obstante, que en el mercado laboral en estos momentos sigue habiendo un desequilibrio, porque los puestos de trabajo que las empresas tienen que cubrir, son "sustancialmente" más que el número de trabajadores disponibles para ocuparlos.
Además señaló que "la historia ha demostrado" que los costos para el empleo de las políticas destinadas a reducir la inflación tienden a aumentar, sobre todo si se prolonga en el tiempo una inflación elevada". "Nuestro objetivo es evitar esa posibilidad actuando para resolver el problema ya", concluyó.
La descarbonización representa una oportunidad económica equivalente al 1 % del producto interno bruto (PIB) para la región, gracias a ahorros financieros en el sistema energético y de transporte, mejora de salud, productividad e incremento de los servicios ecosistémicos, con lo que se pueden crear hasta 15 millones de empleos netos adicionales al 2030, indicó ayer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.
Explicó que la integración del sector público de los países de la región de América Latina y el Caribe en el plan de acción de cambio climático del BID es esencial para acelerar las metas de reorientar fondos con el objetivo de crear políticas ejecutables para enfrentar el cambio climático a nivel regional, las cuales abrirán nuevas oportunidades para enfrentar el desempleo.
El presidente del BID se pronunció durante el lanzamiento de una plataforma regional de cambio climático en el país.
Informó que el banco alineará todos sus préstamos y proyectos con el Acuerdo de París para el 2023. “En términos de financiamiento, proporcionaremos 24,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años”, informó.
Además, en alianza con el gobierno de Alemania, “lanzamos el Fondo de Fomento de la Política Fiscal para el Cambio Climático en América Latina y el Caribe, por un monto de 17.5 millones de euros para apoyo técnico, para que los ministerios de finanzas de la región incorporen el tema de cambio climático en el centro de la política fiscal y de finanzas públicas”, detalló.
Argumentó que en el plan de acción del BID, lanzado el año pasado, reconocieron que era necesario la intervención y participación de los ministerios de finanzas para hacer más ambiciosas e implementables las metas nacionales de cambio climático y administración de recursos destinados a mitigar el riesgo.
“Es el momento de cambiar el mito de que la acción contra el cambio climático es incompatible con el crecimiento económico”, agregó.
Los efectos de la “convulsa coyuntura geopolítica” en la dinámica de las cuentas fiscales durante los primeros ocho meses del 2022 llevaron al Poder Ejecutivo a someter ayer al Congreso Nacional una modificación a la ley que aprueba el presupuesto nacional vigente, que estipula un aumento de los recursos destinados a subsidios para contener la inflación, entre estos 33,692.7 millones para evitar aumentos en la tarifa eléctrica y 40,000 millones para los combustibles.
Con la modificación propuesta, el total de gastos pasaría de los 1,046,280.7 millones de pesos estipulados en el presupuesto vigente a 1,160,282.3 millones de pesos, para un incremento neto de 114,001.6 millones de pesos, “priorizando apropiaciones para acomodar la creciente demanda de recursos para afrontar los efectos adversos de la inflación sobre la clase trabajadora y los hogares vulnerables”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente.
El 67.4 % -que son 92,368.9 millones de pesos- de los nuevos requerimientos de gasto se asocian a cubrir a los hogares de los efectos de la inflación. El proyecto contempla la asignación de 40 millones de pesos para contrarrestar las alzas en los precios de los hidrocarburos, otros 18,676.1 millones para cubrir subsidios a la expansión del plan social y la ampliación de las raciones, la creación de nuevos Comedores Económicos, mitigar las alzas en los pasajes, subvencionar el precio de los fertilizantes para evitar aumentos de costos a los productores agrícolas y para ciertos productos de la canasta alimetaria como el pollo y la harina.
“Estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda apuntan a que el subsidio a los precios de los combustibles evitó que la inflación acumulada a julio (5.48 %) fuese 2.2 puntos porcentuales más elevada”, publicó ayer el ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter.
Aunque el proyecto contempla un incremento de 47,395.2 millones de pesos en el déficit fiscal, que pasaría de los 174,000 millones de pesos que aprobó el Congreso Nacional a unos 222,000 millones, y se estima que al final del año cerrará en -3.6 % del producto interno bruto (PIB), no se prevé incurrir al financiamiento. “Este déficit no se traducirá en un endeudamiento adicional al ya aprobado por el Congreso Nacional”, enfatizó el ministro.
Vicente también indicó que la proyección del gasto por intereses de la deuda pública se redujo en 5,623.6 millones de pesos como consecuencia de la nueva proyección del tipo de cambio y los efectos de la operación de manejo de pasivos realizada en febrero pasado.
“La expansión de la brecha fiscal será cubierta en su totalidad por recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores y la reducción en las aplicaciones financieras, lograda en gran medida por la operación de manejo de pasivos realizadas”, agregó.
El proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022 fue entregado por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho. Este último dijo que planteará a la Comisión Coordinadora su inclusión en la agenda de la sesión del próximo martes.
"Es un proyecto de ley racional, pensando en que tenemos que ayudar a la población lo más posible a ir mitigando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la inflación importada"José Rijo PresbotDirector general de Presupuesto“
Se sustenta en las recaudaciones
El Poder Ejecutivo plantea con su propuesta que para el cierre de 2022 los ingresos alcanzarían 938,092.37 millones de pesos, para un incremento de 66,606.45 millones de pesos, y las erogaciones de gastos 1,160,282.33 millones, lo que sería equivalente al 18.8 del PIB.
En la carta remitida por el presidente Luis Abinader a Pacheco, este le indica que las modificacicones introducidas “se sustentan en la favorable evolución de las recaudaciones a raíz de la robusta recuperación de la demanda interna y en las presiones presupuestarias no previstas durante el proceso de formulación que se realizó en el 2021 como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.
“A raíz de este conflicto, se incorporan partidas atadas a la movilización de recursos para ejecutar programas orientados a la protección de los hogares ante el choque de costos global y la persistente dinámica alcista de los precios”, agrega.
Destaca que las oficinas recaudadoras del Estado han superado sus metas de recaudación durante el transcurso del año. Y que atendiendo a los esfuerzos para combatir la elusión, la evasión y el fraude fiscal se proyecta el aumento de los ingresos fiscales al cierre del año.
“En definitiva, es un proyecto de ley racional, pensando en que tenemos que ayudar a la población lo más posible a ir mitigando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la inflación importada”, dijo el director general de Presupuesto, de acuerdo a una nota de prensa enviada por la Cámara de Diputados.
Los efectos de la “convulsa coyuntura geopolítica” en la dinámica de las cuentas fiscales durante los primeros ocho meses del 2022 llevaron al Poder Ejecutivo a someter ayer al Congreso Nacional una modificación a la ley que aprueba el presupuesto nacional vigente, que estipula un aumento de los recursos destinados a subsidios para contener la inflación, entre estos 33,692.7 millones para evitar aumentos en la tarifa eléctrica y 40,000 millones para los combustibles.
Con la modificación propuesta, el total de gastos pasaría de los 1,046,280.7 millones de pesos estipulados en el presupuesto vigente a 1,160,282.3 millones de pesos, para un incremento neto de 114,001.6 millones de pesos, “priorizando apropiaciones para acomodar la creciente demanda de recursos para afrontar los efectos adversos de la inflación sobre la clase trabajadora y los hogares vulnerables”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente.
El 67.4 % -que son 92,368.9 millones de pesos- de los nuevos requerimientos de gasto se asocian a cubrir a los hogares de los efectos de la inflación. El proyecto contempla la asignación de 40 millones de pesos para contrarrestar las alzas en los precios de los hidrocarburos, otros 18,676.1 millones para cubrir subsidios a la expansión del plan social y la ampliación de las raciones, la creación de nuevos Comedores Económicos, mitigar las alzas en los pasajes, subvencionar el precio de los fertilizantes para evitar aumentos de costos a los productores agrícolas y para ciertos productos de la canasta alimetaria como el pollo y la harina.
“Estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda apuntan a que el subsidio a los precios de los combustibles evitó que la inflación acumulada a julio (5.48 %) fuese 2.2 puntos porcentuales más elevada”, publicó ayer el ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter.
Aunque el proyecto contempla un incremento de 47,395.2 millones de pesos en el déficit fiscal, que pasaría de los 174,000 millones de pesos que aprobó el Congreso Nacional a unos 222,000 millones, y se estima que al final del año cerrará en -3.6 % del producto interno bruto (PIB), no se prevé incurrir al financiamiento. “Este déficit no se traducirá en un endeudamiento adicional al ya aprobado por el Congreso Nacional”, enfatizó el ministro.
Vicente también indicó que la proyección del gasto por intereses de la deuda pública se redujo en 5,623.6 millones de pesos como consecuencia de la nueva proyección del tipo de cambio y los efectos de la operación de manejo de pasivos realizada en febrero pasado.
“La expansión de la brecha fiscal será cubierta en su totalidad por recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores y la reducción en las aplicaciones financieras, lograda en gran medida por la operación de manejo de pasivos realizadas”, agregó.
El proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022 fue entregado por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho. Este último dijo que planteará a la Comisión Coordinadora su inclusión en la agenda de la sesión del próximo martes.
"Es un proyecto de ley racional, pensando en que tenemos que ayudar a la población lo más posible a ir mitigando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la inflación importada"José Rijo PresbotDirector general de Presupuesto“
Se sustenta en las recaudaciones
El Poder Ejecutivo plantea con su propuesta que para el cierre de 2022 los ingresos alcanzarían 938,092.37 millones de pesos, para un incremento de 66,606.45 millones de pesos, y las erogaciones de gastos 1,160,282.33 millones, lo que sería equivalente al 18.8 del PIB.
En la carta remitida por el presidente Luis Abinader a Pacheco, este le indica que las modificacicones introducidas “se sustentan en la favorable evolución de las recaudaciones a raíz de la robusta recuperación de la demanda interna y en las presiones presupuestarias no previstas durante el proceso de formulación que se realizó en el 2021 como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.
“A raíz de este conflicto, se incorporan partidas atadas a la movilización de recursos para ejecutar programas orientados a la protección de los hogares ante el choque de costos global y la persistente dinámica alcista de los precios”, agrega.
Destaca que las oficinas recaudadoras del Estado han superado sus metas de recaudación durante el transcurso del año. Y que atendiendo a los esfuerzos para combatir la elusión, la evasión y el fraude fiscal se proyecta el aumento de los ingresos fiscales al cierre del año.
“En definitiva, es un proyecto de ley racional, pensando en que tenemos que ayudar a la población lo más posible a ir mitigando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la inflación importada”, dijo el director general de Presupuesto, de acuerdo a una nota de prensa enviada por la Cámara de Diputados.
Los efectos de la “convulsa coyuntura geopolítica” en la dinámica de las cuentas fiscales durante los primeros ocho meses del 2022 llevaron al Poder Ejecutivo a someter ayer al Congreso Nacional una modificación a la ley que aprueba el presupuesto nacional vigente, que estipula un aumento de los recursos destinados a subsidios para contener la inflación, entre estos 33,692.7 millones para evitar aumentos en la tarifa eléctrica y 40,000 millones para los combustibles.
Con la modificación propuesta, el total de gastos pasaría de los 1,046,280.7 millones de pesos estipulados en el presupuesto vigente a 1,160,282.3 millones de pesos, para un incremento neto de 114,001.6 millones de pesos, “priorizando apropiaciones para acomodar la creciente demanda de recursos para afrontar los efectos adversos de la inflación sobre la clase trabajadora y los hogares vulnerables”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente.
El 67.4 % -que son 92,368.9 millones de pesos- de los nuevos requerimientos de gasto se asocian a cubrir a los hogares de los efectos de la inflación. El proyecto contempla la asignación de 40 millones de pesos para contrarrestar las alzas en los precios de los hidrocarburos, otros 18,676.1 millones para cubrir subsidios a la expansión del plan social y la ampliación de las raciones, la creación de nuevos Comedores Económicos, mitigar las alzas en los pasajes, subvencionar el precio de los fertilizantes para evitar aumentos de costos a los productores agrícolas y para ciertos productos de la canasta alimetaria como el pollo y la harina.
“Estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda apuntan a que el subsidio a los precios de los combustibles evitó que la inflación acumulada a julio (5.48 %) fuese 2.2 puntos porcentuales más elevada”, publicó ayer el ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter.
Aunque el proyecto contempla un incremento de 47,395.2 millones de pesos en el déficit fiscal, que pasaría de los 174,000 millones de pesos que aprobó el Congreso Nacional a unos 222,000 millones, y se estima que al final del año cerrará en -3.6 % del producto interno bruto (PIB), no se prevé incurrir al financiamiento. “Este déficit no se traducirá en un endeudamiento adicional al ya aprobado por el Congreso Nacional”, enfatizó el ministro.
Vicente también indicó que la proyección del gasto por intereses de la deuda pública se redujo en 5,623.6 millones de pesos como consecuencia de la nueva proyección del tipo de cambio y los efectos de la operación de manejo de pasivos realizada en febrero pasado.
“La expansión de la brecha fiscal será cubierta en su totalidad por recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores y la reducción en las aplicaciones financieras, lograda en gran medida por la operación de manejo de pasivos realizadas”, agregó.
El proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022 fue entregado por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho. Este último dijo que planteará a la Comisión Coordinadora su inclusión en la agenda de la sesión del próximo martes.
"Es un proyecto de ley racional, pensando en que tenemos que ayudar a la población lo más posible a ir mitigando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la inflación importada"José Rijo PresbotDirector general de Presupuesto“
Se sustenta en las recaudaciones
El Poder Ejecutivo plantea con su propuesta que para el cierre de 2022 los ingresos alcanzarían 938,092.37 millones de pesos, para un incremento de 66,606.45 millones de pesos, y las erogaciones de gastos 1,160,282.33 millones, lo que sería equivalente al 18.8 del PIB.
En la carta remitida por el presidente Luis Abinader a Pacheco, este le indica que las modificacicones introducidas “se sustentan en la favorable evolución de las recaudaciones a raíz de la robusta recuperación de la demanda interna y en las presiones presupuestarias no previstas durante el proceso de formulación que se realizó en el 2021 como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.
“A raíz de este conflicto, se incorporan partidas atadas a la movilización de recursos para ejecutar programas orientados a la protección de los hogares ante el choque de costos global y la persistente dinámica alcista de los precios”, agrega.
Destaca que las oficinas recaudadoras del Estado han superado sus metas de recaudación durante el transcurso del año. Y que atendiendo a los esfuerzos para combatir la elusión, la evasión y el fraude fiscal se proyecta el aumento de los ingresos fiscales al cierre del año.
“En definitiva, es un proyecto de ley racional, pensando en que tenemos que ayudar a la población lo más posible a ir mitigando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la inflación importada”, dijo el director general de Presupuesto, de acuerdo a una nota de prensa enviada por la Cámara de Diputados.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) asumir un ajuste de los salarios de sus empleados sería necesario la intervención del gobierno para respaldar sus altos costos productivos, que se han incrementado 15 %, consideró ayer el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura.
Aclaró que ese gremio está de acuerdo con que se pueda hacer un ajuste, pero apuntó que es una propuesta para considerar de manera individual y voluntaria como “claramente propuso el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)” en esta semana.
“Es importante para la población (ajustar los salarios), pero no podemos pedir a las empresas que hagan lo imposible en un momento en que hay una inflación que afecta todos los costos de las materias primas”, ponderó Miura.
El presidente Luis Abinader informó a finales de 2021 que las mipymes constituyen un sector primordial para la economía nacional, y aseguró que representan el 98 % del tejido empresarial de la República Dominicana, llegando a generar hasta el 50 % de los empleos del país, con un aporte directo de aproximadamente el 38 % del producto interno bruto (PIB).
El representante de Codopyme informó que verificaron y firmaron la iniciativa planteada por el Conep para que cada empleador evalúe su realidad y ajuste el sueldo partiendo del porcentaje de sus ganancias.
Para llegar a beneficiar de manera general a los empleados de las mipymes, consideró oportuno que el gobierno ejecute otro programa de asistencia al empleado -como FASE-, que ayude a las empresas a asumir el eventual aumento sin afectar su capital de trabajo, de lo contrario “es imposible que una compañía asuma más gastos en estos momentos de incertidumbre e inestabilidad”.
Al preguntarle sobre una posible convocatoria del Comité Nacional de Salarios, a solicitud de la Confederacion Nacional de Unidad Sindical, para evaluar el alza, Miura expresó que no está de acuerdo con sentarse a evaluar un tema que, según la ley, se debe debatir al cumplirse un año del último ajuste.
Sustentó su comentario indicando que, de fomentar el diálogo tripartito, se estaría creando un precedente de formalizar una solución momentánea a un problema inflacionario que podría variar. “Se puede volver costumbre” y el hecho de generalizar el posible reajuste atentaría contra las empresas, ya que se verían obligadas a despedir personal para subir los salarios, indicó.
Diario Libre solicitó la opinión de la cúpula empresarial que propuso el ajuste voluntario en esta semana, para conocer su opinión sobre poner en la mesa del diálogo su sugerencia. “No es momento de argumentar, sino de actuar”, respondió Pedro Brache, presidente del Conep, quien indicó que ya el gremio se pronunció a través de un comunicado de prensa en el que especificó la intención de aminorar la carga económica de la población trabajadora.
Explicó que el objetivo es que cada empleador evalúe los índices, para que, de manera “voluntaria”, ajuste en la proporción que considere prudente, y que no se trata de consensuar el tema para una estrategia nacional.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, respalda la propuesta de ajuste voluntario, mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aconsejó tener prudencia en lo que se refiere al sector agropecuario, para evitar “consecuencias desagradables”.
Bisonó estimó que las condiciones son favorables en las industrias, si se toman en cuenta los resultados económicos positivos del último año. Entiende que “hay que transferir a la población un poco de poder adquisitivo”, en vista de que la industria y el comercio “van bien”, y dentro del panorama de inflación existente.
El Banco Central afirmó hoy que República Dominica “no se encuentra entre las economías con mayores niveles de inflación de América Latina”. “De hecho, se ubica dentro de los tres países con menor desviación con respecto al centro de su rango meta del grupo de la región que han adoptado esquemas de metas de inflación (subida continuada de los precios)”, aseguró.
En un documento divulgado a la prensa en el que hace “puntualizaciones aclaratorias” sobre la dinámica reciene de la inflación en el contexto internacional, él órgano rector indicó “que un dato revelador que algunos analistas políticos han tratado de obviar en su afán de desmeritar los esfuerzos realizados para estabilizar el comportamiento de los precios internos es que después de Uruguay y Guatemala, la República Dominicana es el país con la menor desviación con respecto al centro de su rango meta de inflación dentro de todos los que siguen este esquema de política monetaria en la región”.
Detalló que, al realizar una comparación de la inflación interanual desde julio de 2021 a julio de 2022 en América Latina, “que es el período adecuado para monitorear la inflación en los países”, se observa que la inflación anualizada de República Dominicana se ubica por debajo de la mediana, lo que quiere decir que más de la mitad de los países de la región (10 del listado de 18) registran actualmente una variación anualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) superior al de Quisqueya.
Citó los casos de Venezuela, con una inflación de 137.1 %, Argentina (71.0 %), Chile (13.1 %), Costa Rica (11.5 %), Nicaragua (11.5 %), Paraguay (11.1 %), Honduras (10.9 %), Colombia (10.2 %), Brasil (10.1 %) y Uruguay (9.6 %).
La institución indicó que se espera que en los próximos meses la inflación doméstica mantenga una trayectoria a la baja, ya que las medidas de normalización monetaria, en conjunto con las iniciativas de subsidios puestas en marcha por el gobierno, para mitigar el ritmo de crecimiento de los precios internos, han comenzado a reflejar los resultados esperados”. Reiteró que “la inflación ha comenzado a ceder luego de alcanzar un pico en abril del presente año”.
Agregó que otro elemento que facilitará la convergencia de la inflación al rango meta de 4 % ±1 % en el 2023, es la evolución favorable de las actividades generadoras de divisas, “la cual se ha traducido en una apreciación del peso de 7.9 % acumulado en lo que ha transcurrido del año”.
El Banco Central advirtió que “convendría ser cautelosos al emitir comentarios sobre una variable neurálgica para la efectividad de la política monetaria”.
El Poder Ejecutivo remitió hoy al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022, en el que no se contempla aumentar el nivel de financiamiento (deuda) previamente aprobado, informó el ministro de Hacienda, pero contempla un incremento de 47,395.2 millones de pesos en el déficit fiscal.
“Se estima que (el déficit fiscal) a final de año cerrará en -3.6 % del PIB (producto interno bruto). Sin embargo, este déficit no se traducirá en un endeudamiento adicional al ya aprobado por el Congreso Nacional”, escribió el ministro José Manuel (Jochi) Vicente en su cuenta de Twitter.
En dicha red social Vicente informó que el proyecto contiene un incremento neto en las erogaciones por 114,001.6 millones de pesos, priorizando apropiaciones “para acomodar la creciente demanda de recursos para afrontar los efectos adversos de la inflación sobre la clase trabajadora y los hogares vulnerables”.
Precisó que cerca del 68 % de los nuevos requerimientos de gasto se asocian a cubrir los subsidios a los precios de los combustibles, alimentos de la canasta básica e insumo productivos; así como el incremento de las transferencias al sector eléctrico y la expansión de los programas sociales.
Inidicó que los recursos adicionales necesarios para contrarrestar los efectos de la inflación ascienden a 92,368 millones de pesos, incluyendo las transferencias adicionales para cubrir el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad “que se ha producido por el aumento brusco del precio de los derivados de petróleo”.
Enfatizó que “estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda apuntan a que el subsidio a los precios de los combustibles evitó que la inflación acumulada a julio (5.48 %) fuese 2.2 puntos porcentuales más elevada”.
Los recursos adicionales necesarios para contrarrestar los efectos de la inflación ascienden a RD$92,368 millones, incluyendo las transferencias adicionales para cubrir el déficit de las EDEs que se ha producido por el aumento brusco del precio de los derivados de petróleo. 7/11 pic.twitter.com/2GWTb7Aeks
“La expansión de la brecha fiscal será cubierta en su totalidad por recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores y la reducción en las aplicaciones financieras, lograda en gran medida por la operación de manejo de pasivos realizadas en el mes de febrero 2022”, explicó.
El proyecto contempla, además, la revisión al alza de los ingresos fiscales en 66,606.5 millones de pesos “en virtud de la resiliencia que continúa demostrando la economía dominicana y las eficiencias administrativas ejecutadas por las oficinas recaudadoras”, indicó el ministro.
Como resultado, los ingresos fiscales se estiman en 938,092.4 millones de pesos en el 2022, equivalentes a 15.2 % del PIB. “Se contempla alcanzaremos esta cifra en un contexto de ausencia de reforma fiscal y sin contar con los ingresos extraordinarios del 2021”, dijo Vicente.
“Se incorporan las crecientes presiones por el lado del gasto que no fueron previstas durante el proceso de presupuestación inicial, asociadas principalmente al persistente y desproporcionado incremento de los precios de las materias primas y el petróleo”, observó.
Señaló que la proyección del gasto por intereses de la deuda pública se redujo en 5,623.6 millones de pesos como consecuencia de la nueva proyección del tipo de cambio y los efectos de la operación de manejo de pasivos realizada en febrero.
El acta de la última sesión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), el 21 de julio, en la que se optó por un aumento de los tipos de interés hasta el 0.50 %, revela una gran preocupación por la inflación, lo que llevó a que la decisión fuera aprobada por una gran mayoría.
Las voces escépticas que apuntaban a que un alza de intereses podría provocar una recesión estuvieron en clara minoría, según esas actas, difundidas hoy.
En un análisis previo se constató que entre los inversores, ante las preocupaciones generales por la inflación e incluso por una posible "estagflación" -mezcla de estancamiento e inflación- se había fortalecido la expectativa de que el BCE entrase en un proceso de normalización de su política monetaria.
El aumento en los intereses se adoptó como una señal clara de que el BCE estaba dispuesto a asumir su mandato de trabajar para reducir la inflación ligeramente por debajo del 2.0 %.
Otro argumento a favor de un alza de los tipos de interés era que buena parte de la depreciación del euro frente al dólar se debe a una divergencia de las políticas monetarias de los dos bancos centrales respectivos.
El acta también apunta a una continuación de la normalización de la política monetaria.
"La futura trayectoria de la política dependerá de los datos y estará guiada por el objetivo de inflación a medio plazo del Consejo de Gobierno del 2 %", dice el acta.
"En el contexto de la normalización de la política, el Consejo de Gobierno deberá evaluar opciones para hacer frente a los excesos de liquidez en una de sus próximas reuniones", agrega.
Los riesgos de inflación, según el acta, son actualmente mayores que los riesgos para el crecimiento.
"En general la presión inflacionaria se ha extendido y se ha hecho más fuerte", dice el acta.
El aumento de tipos de interés en julio, de medio punto porcentual, fue el primero en 11 años.
El junio la inflación en la eurozona alcanzó el 8.9 %. El BCE considera garantizada la estabilidad de los precios cuando la inflación está ligeramente por debajo del 2.0 %.
El peso se continúa apreciando frente al dólar, al cotizarse ayer su venta a 53.31 pesos por dólar en el mercado spot, cuando en enero de este año eran 57.92 pesos. Su apreciación es de 7.9 % acumulado en lo que ha transcurrido del año, según reporta el Banco Central (BC).
Anteriormente, para el 28 de julio de este año el peso se había apreciado en un 5 %, alcanzando a cotizar un dólar por 54.62 pesos, situación que creó una alerta para diversos sectores que utilizan el tipo de cambio para la compra y venta de insumos y materiales.
Para Rafael Espinal, coordinador de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), dicho fortalecimiento de la moneda dominicana frente al dólar refleja un impacto en dos vertientes en la economía local: positivo para las importaciones y en cuanto al valor de los intereses de la deuda externa, pero negativo para quienes reciben remesas y para las exportaciones.
Al analizar el comportamiento del mercado cambiario, el economista especificó que para los consumidores resulta beneficioso que el dólar cueste menos porque quita presión al alza de los bienes importados, en especial los alimentos y otros bienes básicos industriales.
En tanto que, para los generadores de divisas y los que reciben remesas es una variación que disminuye la competitividad del turismo, de los exportadores nacionales y de zonas francas, además de perjudicar a las familias que reciben dólares para consumo en mercado local.
Consideró que es una situación “agridulce, donde hay ganadores y perdedores”, sobre todo en momentos en que las economías luchan por mantener su estabilidad económica y enfrentan la inflación que se registra a nivel internacional.
Explicó que las causas del fortalecimiento del peso frente al dólar incluyen las medidas monetarias que ha aplicado el BC para contrarrestar los efectos de la inflación, decisión que aminora un impacto externo, pero que genera una variación negativa para sectores productivos.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) asumir un ajuste de los salarios de sus empleados sería necesario la intervención del gobierno para respaldar sus altos costos productivos, que se han incrementado 15 %, consideró ayer el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura.
Aclaró que ese gremio está de acuerdo con que se pueda hacer un ajuste, pero apuntó que es una propuesta para considerar de manera individual y voluntaria como “claramente propuso el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)” en esta semana.
“Es importante para la población (ajustar los salarios), pero no podemos pedir a las empresas que hagan lo imposible en un momento en que hay una inflación que afecta todos los costos de las materias primas”, ponderó Miura.
El presidente Luis Abinader informó a finales de 2021 que las mipymes constituyen un sector primordial para la economía nacional, y aseguró que representan el 98 % del tejido empresarial de la República Dominicana, llegando a generar hasta el 50 % de los empleos del país, con un aporte directo de aproximadamente el 38 % del producto interno bruto (PIB).
El representante de Codopyme informó que verificaron y firmaron la iniciativa planteada por el Conep para que cada empleador evalúe su realidad y ajuste el sueldo partiendo del porcentaje de sus ganancias.
Para llegar a beneficiar de manera general a los empleados de las mipymes, consideró oportuno que el gobierno ejecute otro programa de asistencia al empleado -como FASE-, que ayude a las empresas a asumir el eventual aumento sin afectar su capital de trabajo, de lo contrario “es imposible que una compañía asuma más gastos en estos momentos de incertidumbre e inestabilidad”.
Al preguntarle sobre una posible convocatoria del Comité Nacional de Salarios, a solicitud de la Confederacion Nacional de Unidad Sindical, para evaluar el alza, Miura expresó que no está de acuerdo con sentarse a evaluar un tema que, según la ley, se debe debatir al cumplirse un año del último ajuste.
Sustentó su comentario indicando que, de fomentar el diálogo tripartito, se estaría creando un precedente de formalizar una solución momentánea a un problema inflacionario que podría variar. “Se puede volver costumbre” y el hecho de generalizar el posible reajuste atentaría contra las empresas, ya que se verían obligadas a despedir personal para subir los salarios, indicó.
Diario Libre solicitó la opinión de la cúpula empresarial que propuso el ajuste voluntario en esta semana, para conocer su opinión sobre poner en la mesa del diálogo su sugerencia. “No es momento de argumentar, sino de actuar”, respondió Pedro Brache, presidente del Conep, quien indicó que ya el gremio se pronunció a través de un comunicado de prensa en el que especificó la intención de aminorar la carga económica de la población trabajadora.
Explicó que el objetivo es que cada empleador evalúe los índices, para que, de manera “voluntaria”, ajuste en la proporción que considere prudente, y que no se trata de consensuar el tema para una estrategia nacional.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, respalda la propuesta de ajuste voluntario, mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aconsejó tener prudencia en lo que se refiere al sector agropecuario, para evitar “consecuencias desagradables”.
Bisonó estimó que las condiciones son favorables en las industrias, si se toman en cuenta los resultados económicos positivos del último año. Entiende que “hay que transferir a la población un poco de poder adquisitivo”, en vista de que la industria y el comercio “van bien”, y dentro del panorama de inflación existente.