Se establecen en cualquier punto del territorio nacional e incluso en medio de núcleos urbanos dominados por complejos residenciales. Las “bombas” de expendio de combustibles se construyen al lado de hospitales, viviendas o centros de estudios para dejar en evidencia la falta de control sobre las regulaciones.
En el proceso de otorgamiento de permisos de construcción de una estación hay una estructura institucional en la que interviene desde la Presidencia de la República hasta el cuerpo de bomberos del lugar donde se instalará. Cada institución establece una serie de requisitos. En las áreas urbanas del país se levantan bombas en violación a ley.
En la aprobación de una estación de combustibles participan los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Medio Ambiente, Obras Públicas, de la Presidencia (en caso de que sea en una avenida principal del municipio o zonas residenciales en Santo Domingo y Santiago), el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil, la alcaldía y el concejo de regidores y la Dirección de Catastro.
“Hay un entramado amplio en torno a la aprobación de estaciones de combustibles, algunas se hacen bajo las normativas y otras bajo el soborno. Tenemos, mediante legislaciones, que hacer desaparecer el soborno del proceso de aprobación, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. El asunto es complejo por la falta de coordinación”, reconoce Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional.
Matías plantea que el Gobierno central, el municipal y los sectores comunitarios deben articularse y crear una ventanilla única para que todo proyecto de estación de combustible sea rechazado o aprobado de modo ágil y, en caso de sus promotores recibir el permiso, pasarlo a consulta popular.
En ningún caso, los puestos para el expendio de gasolina y otros combustibles podrán construirse a menos de 200 metros de escuelas, mercados, hospitales, iglesias, entre otros, en Santo Domingo y Santiago, y a menos de 125 metros en cualquier otra población del interior. Así lo establece la Ley 317 que reglamenta la instalación para la venta de combustible en las avenidas y calles principales de las zonas residenciales ambas ciudades.
Sin embargo, la legislación queda como “letra muerta” en el caso del centro de atención primaria Fe y Esperanza, ubicado en Santo Domingo Este e inaugurado en 2016 por el presidente Danilo Medina.
El centro tendrá como patio una estación de combustible que se levanta en la avenida Hípica, tras ser aprobada en julio de 2020 por el MICM.
Franklin Melo, director del centro de atención primaria, explica que la “bomba” tendría implicaciones en la salud del personal administrativo y médico y de los pacientes. Los aires acondicionados del lugar estarían contiguos a la estación, razón por la cual absorberían los vapores emanados de los combustibles.
Ismael Cruz y Jesé Rijo, residentes en el complejo habitacional Brisas del Caribe, ubicado en la avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, se quejan por la construcción de una estación de gasolina al lado del residencial, la cual señalan representa un riesgo potencial para la seguridad y la salud de los vecinos.
“Entendemos que al lado de un residencial no debe construirse una estación de combustibles, no tanto porque pudiera explotar, porque sabemos que las bombas no siempre están explotando, pero en este residencial nos abastecemos de agua con bombas sumergibles y si hay un derrame de los tanques se afectaría el subsuelo y nos afecta el agua. Ese es nuestro miedo”, declara Rijo.
Indica que la estación tiene alrededor de siete meses que se empezó a construir y que en el residencial hay vecinos que tienen dos años y medio viviendo allí.
“Nosotros llegamos primero. Se necesitan siempre estaciones de combustibles, pero hay lugares (para instalarlas). Debió haber una separación de 50 o 60 metros, por lo menos, de nuestro residencial”, apunta.
Ismael Cruz, quien dice tener dos años y un mes residiendo en el lugar, señala que los vecinos han ido a varias instituciones para pedir que se pare la construcción de la estación, pero que no han recibido respuestas.
“Estamos hablando de una estación de combustible que es el patio del residencial. Comenzando la pandemia, el terreno tenía un letrero que decía `se vende`, pero tan pronto se anunció la inauguración de la avenida (Ecológica), decidieron comprar otra parte y comenzar a construir la bomba”, denuncian.
En el proyecto se construyeron 288 apartamentos en una primera etapa y se prevé igual cantidad para las próximas dos. La constructora del residencial fue contactada, pero no fue posible obtener su respuesta.
En los documentos solicitados al MICM sobre los permisos de no objeción a construcción de “bombas” de gasolina otorgados entre 2017 y 2020, no figura ninguno en la avenida Ecológica.
Entre 2017 y julio de 2020 el MICM otorgó 65 cartas de “no objeción” para la construcción de estaciones de combustibles en todo el territorio, 26 de las cuales fueron entregadas en 2019. Durante ese período, en la provincia San Pedro de Macorís se le dio “luz verde” a siete proyectos, según los registros del ministerio.
Diario Libre intentó hablar con representantes del MICM y de la Alcaldía de Santo Domingo Este, pero al cierre de este reportaje no se había obtenido respuesta a la solicitud.
El nombre de Braylin Ulloa Santos, de nueve meses de edad, es poco recordado, pero en la mañana del 3 de octubre de 2020 murió junto a otras 10 personas debido a la explosión de la estación de venta de gas licuado de petróleo (GLP) de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Económica (Coopegas), ubicada en Licey al Medio, en Santiago.
Días después del siniestro, el más reciente en el país, y que también dejó otras dos personas heridas, la alcaldía de ese municipio reveló que llevaban tres años luchando en los tribunales por el cierre de la estación porque no contaba con el permiso de su uso de suelo.
“La regulación del uso del suelo es un determinante para evitar que más dominicanos sigan muriendo y siendo mutilados y heridos (por las explosiones de estaciones)”, advierte el viceministro Domingo Matías.
Esos 11 fallecidos se suman a una lista de heridos y muertos a causa de explosiones de estaciones que operan en áreas residenciales. En febrero de 2016 tres personas murieron luego de que estallara una “bomba” de expendio de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector La Esperanza, en Los Ríos, en el Distrito Nacional. El siniestro dejó 11 heridos.
Ese mismo mes, en San José de las Matas, en Santiago, el incendio de una expendedora de gas dejó una herida. El hecho obligó a los residentes a abandonar sus hogares por temor a una explosión. Un mes más tarde tres personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas en un incendio ocurrido en la estación Mariot Gas, en Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.
“Somos de opinión que plantas como esa (Mariot Gas), que tienen tanto riesgo para la vida humana, operen a las afueras de la ciudad. Las plantas de gas no deben estar alrededor de una comunidad donde habitan tantas personas. Es cierto que ellos tienen instalado mucho tiempo, pero si el gobierno permitió que la zona se convirtiera en residencial, entonces tiene que buscarle la solución de que ellos se muevan”, manifiesta un vecino de la zona.
Aunque aclara que tras el siniestro los propietarios de la estación de gas hicieron una readecuación en sus instalaciones, agrega que viven con la amenaza de que pueda volver a ocurrir un hecho similar.
“Uno se acostumbra y va bajando el nivel de tensión y vuelve a vivir normal, pero siempre con la incertidumbre de que eso vuelva a acontecer y uno no salga con tan buena suerte como salió la otra vez”, añade.
En 2017, un accidente de una patana contra una estación de gasolina, en Santo Domingo Oeste, dejó como resultado cuatro personas heridas, luego de que el hecho provocara un incendio.
Hasta febrero de 2020, en el territorio nacional operaban 1,678 estaciones de venta de combustibles, según los registros del MICM.
A raíz de la explosión de la estación de Coopegas en Santiago, el ministerio clausuró tres estaciones de esa empresa ubicadas en Valverde, Montecristi y La Victoria, en las cuales se identificaron irregularidades. Asimismo, se cerraron otras 51 plantas o proyectos en construcción por iguales causas.
Guillermo Cochón, director de la Asociación Nacional de Importadores, Distribuidores y Transportistas de Gas Licuado de Petróleo (A-GAS), asegura que sus miembros, que operan 635 estaciones a nivel nacional, luego de la resolución 201-17 del MICM han invertido miles de millones de pesos en las adecuaciones de sus operaciones para brindar mayor seguridad.
“Lo principal es instalar válvulas internas de cierre inmediato del tanque para que, si ocurre un escape, cualquier empleado apriete un botón y se cierre la salida de gas. Se han soterrado los tanques, nuevos, para que cualquier escape que se produzca su situación de producir un accidente sea menor”, detalla Cochón.
Además, agrega, se han instalado sistema de combate de incendio de la última tecnología y que en el caso de tanques de almacenamiento de gas que no son soterrados se les ha colocado un sistema de rociador automático, para que en caso de emergencia moje la superficie del cilindro.
Consultado sobre si previo a resolución, que reformula los requisitos de seguridad aplicables a las envasadoras y estaciones de GLP, las estaciones no tenían mecanismos de seguridad, expresa que la gran mayoría carecía de los equipos que deben ser primarios.
El ejecutivo de A-GAS considera que el uso de suelo es secundario y que lo importante es que se cumpla con las resoluciones de seguridad.
“Tú instalas una envasadora de gas hoy, tu terreno alrededor está libre, y mañana vienen y se te pegan a la verja, pero ni el ayuntamiento ni el Ministerio de Obras Públicas hacen nada”, critica.
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