La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que sacó adelante el Gobierno argentino del peronista Alberto Fernández se aprobó este sábado después de una ardua y prolongada discusión en el Parlamento, con cruces entre el oficialismo y la oposición.
La ley con la que se estrena Fernández declara una emergencia múltiple en un país que vive una severa crisis económica desde abril de 2018, con alta inflación, devaluación de la moneda local, el desempleo en el 9.7%, la pobreza alrededor del 40% y una elevada deuda.
El Gobierno quiere renegociar los plazos de pago de gran parte de ella con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 otorgó un crédito de US$56,300 millones a Argentina.
En el mismo texto, se declara que el país se encuentra en emergencia “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional (jubilatoria), tarifaria, energética, sanitaria y social”. Un total de nueve emergencias distintas.
Para evitar más discordia, el Gobierno eliminó uno de los artículos más polémicos del proyecto, el 85, que facultaba al Ejecutivo a “efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada, mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como el cambio de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
La ley prevé un recargo del 30% para la compra de divisa extranjera y además se impone otro 30% a la compra de viajes al exterior, así como para las compras con tarjetas bancarias argentinas en el extranjero.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados se introdujo un cambio de última hora, puesto que se decidió eximir de la medida a los billetes comprados en pesos a países fronterizos.
El presidente celebró la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, al asegurar que ésta da un paso para “acotar el aumento de tarifas del gas y la luz, ofrecer planes de regularización impositiva para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y atender la emergencia sanitaria”, así como que va “en auxilio” de los que cobran la jubilación mínima.
La oposición, casi en bloque, considera que la ley significa un ajuste que golpea en concreto a los jubilados. El Gobierno, a través del ministro de Economía, aseguró que quiere “mejorar la situación de los jubilados”, pero indicó que se da de plazo los próximos 180 días para encontrar una solución definitiva.
El nuevo esquema planteado por el Ejecutivo levantó ampollas también en sindicatos como el de los trabajadores de la educación argentinos, que aseguró que a los jubilados del rubro les perjudica mayoritariamente la ley, por sus características, más allá de los bonos de 5,000 pesos que la ley prevé para los dos próximos meses.
En otra polémica modificación durante la sesión de la Cámara Baja, se decidió que el ajuste en las jubilaciones no afecte por el momento a ex altos cargos políticos y judiciales, pero Fernández se comprometió a tratar un proyecto de ley que “termine” con las jubilaciones de privilegio en el futuro.
En el proyecto de ley, el Gobierno se da 180 días para sentar las bases de la solución a la crisis. Ese será el tiempo que regirá un congelamiento de tarifas. Después de ese tiempo, el Ejecutivo peronista se planteará modificar tanto esas medidas como el ajuste de otros gastos como las jubilaciones y las prestaciones sociales.
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