El desembolso por US$498.4 millones anunciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una “válvula de escape” momentánea para Ecuador y una “flexibilización” ante la situación política del país andino, donde recientes intentos de medidas de ajuste provocaron un estallido social, según analistas.
Para el ministro ecuatoriano de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el anunciado desembolso -dentro del programa de Servicio Ampliado por US$4,200 millones hasta 2021- es una muestra del respaldo al plan económico del Gobierno.
Ante la complicada situación económica del país, el mencionado desembolso “no es suficiente, pero sirve como una válvula de escape para diciembre”, dijo a Efe el analista Santiago Basabe, al recordar que este mes el Estado requiere más fondos pues no sólo se deben pagar salarios sino un sueldo extra denominado, decimotercero.
Para el economista Alberto Acosta Burneo, sin el desembolso anunciado “el Gobierno tenía muchas dificultades para cerrar el mes”, pero “incluso con ese dinero, va a quedar un faltante”, que tendría que poner “en cuentas por pagar para el próximo año”.
“El costo de no ajustar la economía es tener que endeudarse más para tratar de financiar y, como las opciones de financiación son reducidas, al final del día el Gobierno tiene que recurrir fuertemente a atrasos porque no tiene los recursos para cerrar el año”, anotó.
El Gobierno, liderado por Lenín Moreno, pretendía recaudar unos US$1,400 millones de anuales con la eliminación del subsidios a los combustibles, una medida que finalmente fue derogada tras el estallido social que provocó la decisión en octubre pasado.
Basabe, decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cree que la decisión del FMI sirve para paliar en algo el problema fiscal pero, sobre todo, es una “señal política enorme de parte del Fondo y de los multilaterales, en el sentido de que están dispuestos a mantener los acuerdos con Ecuador y a dar más tiempo para la evaluación”.
Acosta Burneo habla de una “flexibilidad” positiva de los organismos multilaterales para acoplarse al ritmo del ajuste del país y destaca un cambio en el programa de consolidación fiscal.
“Las metas ya no van a ser tan agresivas como se había planteado inicialmente” cuando se hablaba “de una consolidación fiscal de un 5% del PIB en el período 2019 a 2021, y ahora la nueva meta es del 3.9%”, detalló.
En su opinión, ello significa que los organismos multilaterales “están reconociendo la realidad política, la dificultad para realizar un ajuste más rápido”.
El jefe de Estado cree que el trabajo de su equipo ha permitido estabilizar el país y con ello “recuperar la confianza plena de organismos multilaterales de crédito”.
Y señaló como muestra de ello la aprobación de un desembolso del FMI por cerca de US$500 millones, “en términos favorables de plazo y condiciones”.
Acosta Burneo sostiene que el FMI se dio cuenta de lo que sucedió en octubre con protestas simultáneas de diversos sectores -algunas de ellas de una violencia inusitada- por lo que resultaba complicado arriesgarse a un nuevo estallido social por el rechazo al ajuste.
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