Cuando se discutía la Ley No. 87-01, al principio del nuevo milenio que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, se prometía un sistema basado en principio como “solidaridad, universalidad, equidad y libre elección”, pero en el tiempo transcurrido lo que se ve es que las administradoras de riesgos de salud y de fondos de pensiones exhiben ganancias “exorbitantes e irritantes, llegando a niveles de obscenidad”.
Así lo afirma la Fundación Juan Bosch, en su reciente investigación divulgada en el su nuevo libro bajo el título “Del negocio seguro a la Seguridad Social”, divulgado este jueves.
En el mismo, de autoría de Matías Bosch Carcuro y Airon Fernández Gil, revela que lo que sucedió es que se ha facilitado y expandido el proceso de mercantilización, fragmentación y precarización del sistema”, que deja “languidecer los hospitales y centros de atención de primer y segundo nivel y que obvia la intervención del Estado en el primer nivel de atención”.
Estos juicios tienen números que lo avalan, según el estudio. Por ejemplo, el caso del seguro familiar en salud, que inició en 2008. Un año antes, en 2007, lo gastado por aseguramiento fue de RD$13,554.1 millones, equivalente al 22.1% del total del gasto corriente en salud, y para el mismo año, el aporte directo del sector público fue de 18,543.7 millones, equivalente al 3.2% del total gasto corriente en salud.
Pero a partir del 2008, surge una brecha que se ensancha al correr de los años con el crecimiento del gasto por aseguramiento, en detrimento del gasto en salud que realiza el gobierno financiados con los impuestos que pagan los hogares.
En 2017, esa brecha es abismal. El financiamiento de la salud por medio de los seguros asciende a RD$75,823.3 millones, lo que equivale al 34.2% del monto global en gasto corriente en salud, y muy superior al que realizó el Estado, ascendente a RD$46,481 millones.
Concomitantemente, los pagos directos de los hogares (gasto de bolsillo) ascendió ese año a 99,192.3 millones. En 2017, ese monto fue por RD$29,262.6 millones, lo que significa que en 10 años creció en 238.7%.
En otras palabras, el ciudadano paga a la ARS para que le ofrezca cobertura de servicio de salud, también paga impuestos con lo que se financia la salud pública, y además paga de su bolsillo mucho más que antes, para garantizarse el servicio de salud que debería ofrécele su administradora de salud o el sistema nacional de salud del Estado. Comparado con 2007, el peor mundo posible.
Así, las ARS privadas, “sin ser médicos ni enfermeros, sin ser hospitales o prestadores de servicios de salud, sino fundamentalmente empresas intermediarias entre médicos y pacientes”, en 12 años por concepto de gastos operacionales y beneficios netos obtuvieron 51,200.2 millones de pesos, lo que equivale a un promedio anual de 4,266.7 millones, revela la publicación de la Fundación Juan Bosch.
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