La Contraloría General de la República realizó dos auditorías al Ministerio de Agricultura que revelaron diferencias multimillonarias entre la ejecución de su presupuesto, el plan operativo anual y los planes de compras y contrataciones públicas de la institución entre el 2020 y el 2024, período en el que su presupuesto vigente totalizó los 118,459 millones de pesos.
Específicamente, entre los años 2021 y 2023, la ejecución presupuestaria de Agricultura totalizó los 76,517.4 millones de pesos, una cifra siete veces superior a la estipulada en el plan anual de compras y contrataciones de la entidad (PACC), ascendente a 11,297.2 millones.
Esto es una diferencia de 65,220.1 millones entre lo ejecutado y lo que estaba previsto a destinarse para compras y contrataciones.
De igual manera, el monto superó en 24,523.3 millones de pesos el plan operativo anual de la institución (POA), que en ese momento alcanzó los 51,994 millones de pesos, todo esto en inobservancia al artículo 26 de la Ley 10-17 de la Contraloría.
Según el órgano de control interno del Estado, estas situaciones generan riesgos de que la planificación de las compras "no sea completa ni equilibrada con el presupuesto asignado y el plan operativo anual", o que el proyecto de presupuesto anual se realizara en desacuerdo con los planes operativos de contrataciones.
Asimismo, considera que estas diferencias arrojan que la planeación de los procesos de compras pudo no haber contemplado "las necesidades reales de la institución", resultado inapropiada a los fines de satisfacer los requerimientos institucionales de ese momento, o bien, existe el riesgo de ejecución de procesos al margen de la ley.
La Contraloría también constató que, al momento de la auditoría, ninguno de los dos instrumentos de planificación contaba con la firma de aprobación de la máxima autoridad de este órgano rector.
Desembolsos sin soportes en convenios institucionales
Las deficiencias de planificación se produjeron junto con irregularidades en la gestión de convenios institucionales.
De los 70 convenios formalizados por Agricultura entre septiembre de 2020 y diciembre del 2023, los auditores seleccionaron una muestra de 23 contratos con un valor de 1,810.1 millones de pesos, 87.7 millones de dólares y 450,000 euros.
En esos expedientes se identificaron carencias documentales, entre ellas la ausencia de soportes que justificaran los desembolsos realizados, la falta de presupuestos o programaciones detalladas de acuerdo con el objeto de los contratos, documentos sin numeración claramente especificada y expedientes que carecían del sello de revisión de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
El organismo advirtió del riesgo de pagos ejecutados sin estar soportados actualmente, así como del encarecimiento de las operaciones y del financiamiento de la institución por pagos inoportunos o pagos no apropiados de presupuesto.
Las deficiencias continuaron en 2024
Las discrepancias entre la planificación y las contrataciones también fueron identificadas en la auditoría correspondientes al año 2024.
En ese período, se registró una diferencia de 3,305.5 millones de pesos entre los montos programados en los planes operativos y de contrataciones de la entidad.
El primero contemplaba un monto de 7,146.3 millones de pesos, mientras que el segundo ascendía a 3,840.8 millones de pesos.
Al igual que en el período anterior, el plan anual de compras y contrataciones públicas carecían de la firma de aprobación de la máxima autoridad.
La auditoría también encontró debilidades en los expedientes de compras.
De un universo de 380 procesos ejecutados por 978.3 millones de pesos, fueron examinados 83 expedientes. De estos, 77, equivalentes al 92.8 %, carecían de la documentación de soporte necesaria.
Entre los documentos ausentes se encontraban solicitudes autorizadas, cotizaciones, actas del Comité de Compras, contratos y facturas originales.
Subsanación
Para subsanar estas irregularidades encontradas, el órgano de control recomendó a la Dirección de Planificación y Desarrollo coordinar con las áreas correspondientes la alineación de los planes operativos y de compras y contrataciones con el presupuesto antes de su elaboración.
También, sugirió establecer un seguimiento constante y controles periódicos sobre la ejecución de esos instrumentos para detectar posibles desviaciones.
En cuanto a los convenios, la Contraloría planteó fortalecer la supervisión de los pagos y capacitar al personal encargado de administrar estos procesos sobre el marco legal aplicable.
Los informes de auditoría a los que este medio tuvo acceso contenían cartas de solicitud de réplica que notificaban tanto al pasado ministro de Agricultura, Limber Cruz como al actual, Oliverio Espaillat, para que la institución entregara las réplicas a los hallazgos.
Las cartas, con fecha del pasado 18 de junio y a título del contralor Geraldo Espinosa Pérez, otorgaban un plazo de quince días adicionales para la entrega de los informes de réplica indicando observaciones o posibles correcciones de las 56 inobservancias encontradas en estos documentos.
Un plazo que, una vez vencido, daba a ambas auditorías calidad de ser informes definitivos.
Diario Libre intentó obtener sin éxito una respuesta de la Contraloría, al igual que el pasado y presente titular de Agricultura, quienes no se habían pronunciado al cierre de esta edición ni tampoco han otorgado declaraciones públicas sobre este tema.
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