La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) comunicó que al menos 22 instituciones impugnaron el pasado viernes la resolución 01-2021 del Comité Nacional de Salarios mediante la cual se estableció un aumento al sueldo mínimo a los trabajadores del sector privado no sectorizado.
El presidente de la FDC, Iván García, explicó que la decisión del sector obedece a que con la resolución del Ministerio de Trabajo se viola la Ley 187-17 sobre la clasificación de las empresas y el principio de equidad.
García denunció que la reclasificación de las empresas fue hecha por el Ministerio de Trabajo y no por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) “y ahora nosotros no sabemos qué organismo es que va a clasificar las empresas en la República Dominicana”.
“Además, viola los principios de equidad que tienen que tener las resoluciones porque al sector de la mediana le incrementan un 59 % del salario mínimo, lo cual es desproporcionado con relación a los aumentos de las otras empresas. Pero también es injusto que los dueños de colmados y salones de belleza paguen como empresas de zonas francas”, criticó.
Criticó que con la resolución las medianas empresas pasaron de pagar RD$12,107 a RD$19,250, mientras que las microempresas (salones de belleza y colmados) deberán pagar RD$11,900. Indicó que en las zonas francas el sueldo es de RD$11,500 y los hoteles los salarios van desde RD$7,488.43 hasta los RD$11,598.44.
El dirigente comercial sugirió que en lo que el Comité Nacional de Salarios resuelve las más de 20 impugnaciones las medianas empresas del comercio organizado a nivel nacional aumente el sueldo un 24 % para pagar RD$15,012 mensuales.
“Nosotros estamos con los empleados de la República Dominicana, no nos oponemos al incremento de salarios, lo que sí se debe actual con justicia y en base a la ley”, puntualizó.
Dijo que la FDC y el sector comercio fueron quienes dieron “la voz de alerta” para que se incrementaran los salarios en el país y que se les devolviera la capacidad de compra a los consumidores, la cual estaba mermada debido al aumento de los precios de bienes y servicios.
En otro orden, el titular de la federación solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, postergar la aplicación de la Ley 225-20 general de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos.
Iván García señaló que producto de esa legislación las empresas comerciales tendrían que pagar hasta RD$260 mil al año “y entendemos que estamos en tiempo de pandemia y el comercio no soporta una carga impositiva más”.
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