Sin mayores limitaciones legales, el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en República Dominicana se ha concentrado en pocos actores que, en su mayoría, mantienen relaciones recurrentes con subsidiarias de los mismos grupos financieros a los que pertenecen.
De las siete AFP que operan en el mercado dominicano, al menos cinco contratan a empresas aseguradoras que forman parte del mismo conglomerado económico y que son las que pagan las pensiones a los beneficiarios, en caso de que un cotizante al sistema de Seguridad Social resulte discapacitado o fallezca.
Así, la AFP Atlántico contrata a General de Seguros, ambas parte del grupo Castillo Holding Co S.A. Igual sucede con la estatal AFP Reservas, que contrata a Seguros Reservas, y con la AFP Siembra, que trabaja junto a su compañía hermana en el Grupo BHD León, Mapfre BHD Seguros.
Por su parte la AFP Crecer maneja junto a Seguros Crecer el seguro por discapacidad. Ambas son parte del Grupo Rizek desde que hace tres años ese conglomerado le compró al Scotia su negocio de pensiones en el país.
Igual ocurre con la AFP Popular que contrata a Seguros Universal. Si bien la participación del Popular en Grupo Universal es minoritaria —tiene 13.05 % de las acciones—, un tercio del consejo de administración de la aseguradora está compuesto por representantes del Grupo Popular.
Además de las pensiones por vejez, que se reciben cuando el cotizante cumple 60 años de edad, las AFP deben cubrir otros dos tipos de contribuciones: por discapacidad o por sobrevivencia.
Para que esas pensiones, que involucran incidentes inesperados, se otorguen, las AFP contratan compañías de seguros que reciben una parte del aporte que hacen el trabajador y el empleador a la administradora cada mes. En el primer trimestre del año las aseguradoras recibieron a través de los aportes a las AFP un total de 1,324 millones de pesos, un monto que representa un 7 % de los ingresos totales por primas de estas empresas. Entre enero y marzo, las compañías de seguros que trabajaban con las siete AFP que operan en el mercado dominicano registraron primas netas cobradas por 18,895 millones de pesos, de acuerdo con los datos publicados por la Superintendencia de Seguros.
Cuando un cotizante de las AFP o sus familiares entran en una situación en la que deba solicitar una pensión por discapacidad o por sobrevivencia, un comité analiza el caso para determinar si procede el otorgamiento del beneficio o si es rechazado.
De acuerdo con los reportes de la Sipen, la tasa de rechazo de pensiones por sobrevivencia o por discapacidad es alta. Por ejemplo, entre enero y marzo de este año las AFP descartaron más de un tercio de los pedidos por discapacidad, mientras que a las solicitudes por sobrevivencia les fue todavía peor. El nivel de rechazo fue de 60.5 % de las solicitudes recibidas por este concepto en el primer trimestre del año.
A diferencia de otras naciones de la región, como Chile —que sirvió de modelo para el esquema previsional dominicano— la Ley 87-01 de Seguridad Social ni limita ni prohíbe que los bancos, AFP y aseguradoras tengan relaciones tan cercanas. La normativa dice que los ejecutivos de bancos, bolsas de valores o fondos de inversión no pueden ser directores de las AFP, pero nada dice de que un grupo financiero sea dueño de una administradora, ni que el dinero de sus cotizantes sea manejado por empresas del mismo grupo financiero.
En otros países está prohibido que una AFP pertenezca a un banco e, incluso, no se permite que las inversiones de las administradoras favorezcan directa o indirectamente a empresas relacionadas. En Chile, por ejemplo, reformas legales han incluido la figura de un comité que debe resolver los posibles conflictos de intereses que se puedan presentar con las inversiones que realizan las AFP.
Incluso, la ley de ese país obliga a que las AFP sometan a licitaciones sus contratos con las aseguradoras que contratarán para cubrir las pensiones por discapacidad, sobrevivencia o rentas vitalicias.
En República Dominicana las cuentas de capitalización individual que reciben el dinero de los cotizantes movilizaban 699,639 millones de pesos hasta el mes de junio pasado, de acuerdo a los datos que maneja la Superintendencia de Pensiones (Sipen).
Como el mercado de valores dominicano es aún demasiado incipiente y las normas previsionales limitan las inversiones, la mayor parte de ese dinero es invertida en bonos de deuda emitidos por el Estado. Un 48.55 % de esos fondos —unos 339,658 millones de pesos— están colocados en papeles del Ministerio de Hacienda, mientras que 31.67 % —221,555 millones de pesos— está invertido en certificados, letras y notas emitidas por el Banco Central.
El resto está colocado en bonos de deuda emitidos por bancos, instituciones financieras, empresas privadas, en fideicomisos de oferta pública y fondos de inversión privados.
En República Dominicana el panorama previsional ha cambiado poco desde que hace 20 años se aprobó la Ley 87-01 que rige el sistema de Seguridad Social. El Congreso Nacional lleva años analizando el alcance de una reforma integral en un proceso que sigue en desarrollo.
Actualmente una Comisión Bicameral del parlamento ha recibido propuestas en reuniones privadas y también en vistas públicas en las que han participado buena parte de los sectores involucrados.
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